Las aerolíneas lanzan su propio SOS
Igual que sucede en el cuento –“Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”–, las aerolíneas han salido del sueño –pesadilla en este caso– de la pandemia con una cantidad ingente de deberes en materia de contaminación. Más de quince consejeros delegados de compañías de todo el continente se citaron ayer en Bruselas para plantear sus exigencias a la Comisión que salga de las elecciones europeas el próximo junio. El mensaje viene a ser: “Queremos ir incluso más allá, pero la industria necesita incentivos y menos impuestos”. En el compromiso por descarbonizarse en 2050, plantean cuatro recetas: rutas más eficientes, uso de combustibles sostenibles (SAF), renovación de la flota –hay planes valorados en varias decenas de miles de millones– y compensación de la contaminación que todavía se produzca. Bruselas ha publicado un mandato que obliga a las aerolíneas a usar al menos un 6% de SAF en 2030. Algunos grupos se han trazado metas más ambiciosas: IAG (10%) y Ryanair (12%) son dos ejemplos. Este combustible es tres o cuatro veces más caro que el tradicional. El problema lo resumió ayer Luis Gallego, consejero delegado de IAG, matriz de Iberia, British Airways y Vueling: mientras que Europa impone objetivos, no ayuda a conseguirlos; no hay una política decidida para construir plantas de SAF, y grupos como el suyo deben acudir a EEUU a comprar el 90% de este carburante. En resumen: la demanda es elevada, la oferta es casi inexistente y, lo peor, las perspectivas no son nada halagüeñas. A todo ello se añaden las pegas que, a juicio de las compañías, pone la Dirección General de la Competencia para autorizar fusiones, lo que impide la concentración del sector. Los ejecutivos advierten que a largo plazo no podrán competir frente a los gigantes de EEUU y Oriente Próximo sin un tamaño mayor y exponen la paradoja que supondría que la demanda del largo radio se desplace precisamente hacia esos gigantes que tienen menos constricciones ambientales.
Madrid gana fuerza como destino de lujo
La seguridad, las excelentes infraestructuras, el nivel de vida, la oferta cultural y su dinamismo han impulsado Madrid como una de las ciudades preferidas para los grandes patrimonios, lo que ha provocado un revulsivo en el producto de lujo, sobre todo en la vivienda de alto standing. Según datos de Knight Frank, el precio del residencial prime ha escalado un 20% en los últimos cuatro años, hasta rozar ahora un coste medio de 16.500 euros el metro cuadrado.
Pese al incremento de los precios, la capital española sigue siendo muy competitiva si se compara con otras homólogas europeas como Londres o París. Todo esto ha convertido Madrid en objeto de deseo por parte del inversor extranjero. Aunque el principal comprador sigue siendo español, con un 60% del total, el internacional gana cada vez más peso. Al capital procedente de Latinoamérica, sobre todo de México y Venezuela, y a los europeos de Francia, Suecia y Suiza, muy activos en los últimos años, se suman ahora inversores de EEUU que buscan residencia en Madrid. La ciudad mantendrá un crecimiento sostenido en este tipo de activos en el próximo lustro con demanda al alza. Knight Frank prevé que el número de personas con alto patrimonio se incremente a nivel global en los próximos años y, en concreto, en Madrid se espera que el número de personas con patrimonio neto de un millón de dólares o más aumentará un 30% hasta 2027 en comparación con la cifra registrada en 2022.
Intel acelera para recuperar terreno
En 2021, Intel anunció la inversión de 20.000 millones de dólares en dos nuevas fábricas de chips en Arizona. La noticia tuvo relevancia en el contexto de la pugna tecnológica entre EEUU y China. El objetivo de la Administración Biden es que el 20% de los microprocesadores más avanzados del mundo se fabriquen en EEUU en 2030. Intel anunció ayer que el Departamento de Comercio subvencionará con 8.500 millones de dólares sus proyectos de semiconductores comerciales en Arizona, Nuevo México, Ohio y Oregón. Dicho apoyo cae bajo el paraguas de la Ley de Chips y de Ciencia aprobada en 2022, que pretende aumentar la capacidad de fabricación e I+D de semiconductores en EEUU aportando subvenciones de 52.000 millones. Intel también avanzó que espera beneficiarse de un crédito fiscal a la inversión de hasta el 25% sobre 100.000 millones en inversiones cualificadas y que optará a préstamos federales de hasta 11.000 millones. Estas millonarias facilidades se encuadran en la estrategia de invertir más de 100.000 millones de dólares en EEUU en cinco años para ampliar la capacidad de fabricación de chips y la aceleración de tecnologías emergentes, como la IA. El 75% de la capacidad mundial de producción de semiconductores se encuentra en Asia, fundamentalmente a través de TSMC y Samsung, y EEUU tiene una cuota de sólo el 12%. Intel capitaliza unos 177.000 millones de dólares, que comparan con los 2,22 billones del líder sectorial, Nvidia.