El Senado plantea conflicto institucional con el Congreso por la ley de amnistía
La Cámara Alta admite a trámite la amnistía, pero exigirá formalmente al Parlamento su retirada y, si no lo hace, recurrirá al TC por considerarla “una reforma encubierta de la Constitución”.
Choque de trenes. El PP recrudece su ofensiva contra la ley de amnistía y planteará el primer conflicto institucional entre Senado y Congreso en la historia de la Democracia en España. La Mesa de la Cámara Alta, donde los populares tienen mayoría absoluta, admitió ayer a trámite la controvertida proposición de ley aprobada en el Congreso para amnistiar a los condenados y encausados por el procés, que en esencia es un perdón a la carta para el prófugo Carles Puigdemont y sus más estrechos colaboradores. Lo hizo por imperativo legal y a pesar del demoledor informe de los letrados del Senado, que consideran que la norma no solo es inconstitucional, sino que supone una “reforma encubierta de la Constitución”. Sin embargo, la batalla no ha hecho más que comenzar.
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, anticipó ayer que su partido planteará un conflicto institucional entre Senado y Congreso para exigir la retirada de la ley, el primero de estas características entre ambas instituciones. “Cualquier Gobierno que tuviera algo de dignidad retiraría esta ley” porque “es la única salida decente”, afirmó la senadora popular.
Como primer paso, el PP elevará a la Mesa del Senado, previsiblemente hoy, un escrito planteando este inédito choque institucional con la idea de llevarlo al Pleno de la Cámara Alta tras el paréntesis de la Semana Santa, donde se requerirá formalmente al Congreso la retirada de la proposición de la ley de amnistía. A partir de ese momento, el Parlamento tendrá un plazo máximo de un mes para dar una respuesta. Si esta no se produce o es negativa, los populares llevarían el choque hasta el Tribunal Constitucional (TC). La ofensiva del PP pivota en torno al artículo 188 del Reglamento del Senado, que reza: “La propuesta para que el Pleno de la Cámara plantee un conflicto de atribuciones con otros órganos constitucionales del Estado deberá presentarse por un grupo parlamentario o veinticinco senadores en texto escrito debidamente motivado”. Y a la vía que establece el propio Tribunal Constitucional, que en el artículo 73.1 de su ley orgánica señala que en el caso de que alguno de los órganos constitucionales “estime que otro de dichos órganos adopta decisiones asumiendo atribuciones que la Constitución o las Leyes orgánicas confieren al primero, éste se lo hará saber así dentro del mes siguiente a la fecha en que llegue a su conocimiento la decisión de la que se infiera la indebida asunción de atribuciones y solicitará de él que la revoque”.
A priori, estos movimientos no dilatarían por sí solos la tramitación de la proposición de ley, y tampoco la paralizarían, salvo que se pidan medidas cautelares. La posibilidad existe, según los letrados del Senado, que señalan que podría solicitarse esa suspensión preventiva “por el perjuicio irreversible que la espera de la resolución pudiera provocar en las atribuciones que la Constitución confiere a la Cámara
Alta”. De no hacerlo u obtener una respuesta negativa, la ley seguiría los plazos de tramitación previstos y se aprobaría como muy tarde a mediados de mayo.
El PP se adentra así por la senda marcada por el informe de los letrados del Senado, que planteaba abiertamente que “se podría plantear un conflicto entre órganos constitucionales”. Y se produce también en medio de las presiones de Vox para que la norma no fuera admitida a trámite en la Cámara Alta. El partido que lidera Santiago Abascal solicitó ayer por escrito a la Mesa del Senado el inicio de los trámites para plantear el conflicto institucional con el Congreso y reclamarle la retirada de la amnistía en base al mencionado artículo 73.1 de la Ley Orgánica del TC.
Los socialistas se muestran confiados en que estas decisiones no alterarán los plazos de la tramitación de la ley, que a partir del 16 de mayo debería volver al Congreso para su definitiva aprobación, publicación en el BOE y entrada en vigor, salvo pronunciamiento en contra del Constitucional, algo que el PSOE no parece contemplar. “A día de hoy, quien determina la constitucionalidad de una ley es el Tribunal Constitucional”, señaló ayer la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en referencia al informe de los letrados del Senado, mientras que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, enfatizó que la última palabra sobre la amnistía la tendrá el Congreso.
El Parlamento tendrá un mes para pronunciarse sobre el requerimiento de la Cámara Alta