Aluvión de consultas a los despachos de abogados
Para paliar el estrangulamiento crediticio que provocó la pandemia de Covid, el Gobierno desplegó una red de avales públicos de 140.000 millones de euros, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), de los que se activaron 107.200 millones que desbloquearon 141.000 millones de financiación privada. La cobertura del 80% del riesgo por parte del Estado animó a la banca a reabrir el grifo del crédito, pero no evitó que siguieran pidiendo a las empresas beneficiarias la aportación de avales tradicionales (a menudo garantías personales de los propios empresarios).
Muchos de estos, sin embargo, entendieron que solo cubrían el 20% del riesgo restante y cuando la banca les ha reclamado el 100%, como paso previo a acudir al ICO, han comenzado a explorar una contraofensiva judicial que se ha visto animada por una primera victoria.
“A nuestro despacho no paran de llamar pymes interesadas”, asevera Juan Ignacio Navas, socio-director de
Navas & Cusí, despacho responsable del primer fallo a favor de un avalista. “Creo que es obvio que todo el mundo interpretó lo que decía la publicidad institucional: que el ICO avalaba el préstamo en un 80%. Muchas pymes, desgraciadamente no han logrado superar el bache y ahora tratan de ordenar su cierre o de recuperar aliento para volver a empezar. Y la sentencia de Barcelona abre esa puerta de esperanza para muchas pymes atrapadas por esos ICO Covid que firmaron como consecuencia de que no les dejaron seguir trabajando”, expone. “Es seguro que el tema terminará en el Supremo
porque los bancos van a reclamar hasta la última instancia”, asume, confiado en que los magistrados den la razón a su clientela.
“El pulso seguirá hasta el Supremo”, coincide Jordi Ruiz de Villa, socio director de Fieldfisher en España, firma asesora de la Plataforma de Afectados por los Préstamos ICO Covid (PAICO), que llegó a agrupar a más de 300 avalistas interesados en litigar. El bufete ha detectado, en todo caso, que la banca se está moviendo para llegar a acuerdos con la mayoría, por lo que actualmente está reenfocando su actividad en financiación de litigios, causas corporativas y persecución del fraude internacional.
También aseguran estar recibiendo una oleada de consultas en este sentido desde la firma Garrido. “Nos encontramos ante una nueva batalla judicial contra las entidades bancarias”, destaca Carlos Naranjo Hernández, asociado sénior del área de litigación civil y arbitraje de Garrido, que ve sustento para lograr la “nulidad de la fianza suscrita, por existir vicio en el consentimiento”.
Desde el Instituto de Crédito Oficial (ICO), por su parte, se limitan a subrayar que la línea de avales Covid está sujeta a normativa financiera y a la regulación de ayudas de Estado de la Unión Europea, quedando las entidades financieras obligadas a llevar a cabo las tareas de recuperación por el 100% antes de activar su aval. De momento, su tasa de morosidad está controlada, dicen, con impagos por valor de 545 millones sobre créditos potencialmente fallidos que suman 2.815 millones, según los últimos datos oficiales, del pasado junio.
Los 107.200 millones en avales públicos desplegados ante el Covid cubren crédito por 141.000 millones
El ICO asevera que la banca tiene el deber de recuperar el 100% de la deuda antes de activar su aval