Díaz asegura que quiere prohibir el indulto a la corrupción
Expansión.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, propuso ayer reformar la figura del indulto para prohibir que se conceda a condenados por corrupción. También planteó limitar y restringir el aforamiento de cargos públicos, así como crear un órgano independiente que evite presuntas tramas corruptas y la regulación de la actividad de los grupos de presión.
Como líder de Sumar, Yolanda Díaz se reunió con su grupo parlamentario para responder al caso de la trama de cobro de comisiones por la venta de mascarillas durante la pandemia del coronavirus, en 2020. Trama que afecta ya directamente al exministro de Transportes y exsecretario de organización socialista, José Luis Ábalos.
Díaz recalcó que “unos pocos golfos estaban ganando dinero” durante la pandemia “a costa de la salud y la muerte de la ciudadanía”. La vicepresidenta subrayó que ya “ha llegado la hora” de modificar la legislación que regula el indulto en España para que no se pueda aplicar nunca a casos de corrupción.
La vicepresidenta defendió la restricción de la figura del aforamiento, no sólo en la clase política, sino también en otras instituciones del Estado. “Se ha llegado a un número brutal” de aforados. La vicepresidenta dijo que se utiliza “como una especie de protección extra en casos de corrupción”. Además, la vicepresidenta reivindicó la creación y despliegue de un organismo independiente, “completamente despolitizado”, para la prevención de posibles conductas corruptas en el ámbito de la administración. También reivindicó la regulación de los grupos de presión y la despolitización de los órganos constitucionales, la necesidad de nuevas medidas para garantizar la eficacia de las investigaciones y enjuiciamiento de este tipo de casos. Todo ello, mientras que Díaz, como Pedro Sánchez, apoya la amnistía a los condenados por la declaración ilegal de independencia de Cataluña, que tuvo lugar en de 2017. Condenados por el Tribunal Supremo, entre otras cosas por sedición, malversación de fondos públicos y atentar contra la Constitución.