El juez no duda de que los inversores que acudieron a esa ampliación lo hicieron “engañados”
acciones y que esos créditos no se restaron del capital regulatorio para ofrecer una imagen de solvencia de Popular superior a la real.
A partir de ahora, Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares (entre ellas varias asociaciones de consumidores como la OCU y Adicae, así como grandes institucionales como la gestora Pimco) deberán formular los escritos que fijen el perjuicio sufrido, los delitos y las penas que piden contra los investigados.
Los abogados de los imputados, por el contrario, podrán pedir el sobreseimiento de las actuaciones.
Tras leer todos los escritos, el juez instructor dictará el auto de juicio oral con la calificación definitiva de los hechos y la lista final de imputados. Es posible que alguno de los procesados salga de ella si ninguna acusación formula cargos contra él, pero no suele ser habitual, según fuentes jurídicas.
En su día, la Audiencia Nacional le retuvo a Ángel Ron 2,9 millones del plan de pensiones que acumuló en Popular. Ese plan de pensiones asciende a 12,8 millones. Santander está pleiteando para evitar que lo siga cobrando. El asunto está en el Supremo.
El recurso de Ron
La defensa de Ron recuerda que Popular era un banco viable y solvente el día de su resolución y afirma que las pérdidas de los inversores son consecuencia de dicha intervención, no de la ampliación de capital, en la que los consejeros de Popular invirtieron 500 millones.
También tiene intención de recurrir la auditora. “PwC seguirá colaborando con las autoridades judiciales, como ha hecho hasta ahora, defendiendo la integridad de su trabajo y su compromiso inequívoco con los más altos estándares de calidad e independencia”, señaló ayer.
Su defensa corre a cargo de Daniel Campos, exfiscal de la Audiencia Nacional y socio de Cortés Abogados.