El Abogado de la UE: el tramo autonómico del impuesto de Hidrocarburos fue ilegal
Expansión.
La legislación vigente entre los años 2013 y 2018, durante los gobiernos de Mariano Rajoy, permitió a las comunidades autónomas fijar sus propios tipos de gravamen del impuesto de Hidrocarburos. Ahora, el Abogado General de la UE considera que ese tramo autonómico fue contrario al derecho comunitario, por lo que ha propuesto al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que en su futura sentencia lo declare ilegal. El criterio del Abogado General de la UE no es vinculante, pero sus conclusiones suelen ser tenidas muy en cuenta en el alto tribunal europeo. Y en el informe emitido ayer recuerda que la normativa comunitaria se opone a que los Estados miembros fijen un tipo impositivo diferenciado por regiones del Impuesto Especial de Hidrocarburos, ya que supone un gravamen diferente “para un mismo producto y un mismo uso”.
El pronunciamiento del Abogado General de la UE se produce después de que el
Tribunal Supremo español elevara a la Justicia europea una cuestión prejudicial sobre ese asunto, en el marco del litigio abierto entre la petrolera Disa y la Agencia Tributaria, a la que la compañía reclamaba la devolución de los tributos soportados entre 2013 y 2015 por el tramo autonómico del impuesto. Disa alegaba que el tipo autonómico, en vigor desde el 1 de enero de 2013, era contrario al Derecho de la UE porque contravenía determinadas disposiciones de la directiva europea que reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y la electricidad. En concreto, la petrolera esgrimía que ese tramo autonómico no corresponde a las excepciones previstas en la norma europea para aplicar tipos impositivos diferenciados, además de ser contrario al objetivo de imposición unificada de dicha directiva. Ahora, el Abogado de la UE le ha dado la razón, aunque para ello ha tenido que recorrer un largo camino. De hecho, la Agencia Tributaria denegó sus solicitudes por estimar que no le correspondía pronunciarse sobre si la normativa española infringía o no el Derecho de la UE. Ante eso, Disa reclamó ante el Tribunal Económico-Administrativo Central, primero, y después ante la Audiencia Nacional, que desestimó los recursos en noviembre de 2020. La compañía recurrió la decisión de la Audiencia ante el Tribunal Supremo, que en noviembre de 2022 elevó la cuestión al Tribunal
de Justicia de la UE. España derogó este tramo autonómico suplementario en 2019, cuando se armonizó el tipo autonómico dentro del estatal especial.