Estado hipotecado por los pactos de Sánchez
El traje a medida en materia de financiación para la Generalitat catalana pactado por el PSOE con Junts y ERC limita al extremo el margen del Estado para conceder el mismo trato al resto de comunidades autónomas de régimen común. El Gobierno únicamente les ofrece quitas de deuda en un porcentaje equivalente al consignado para Cataluña, el 20%, pero sigue sin concretar cómo las ejecutará. Lo cual es determinante en el caso de las regiones que no acudieron a los préstamos de urgencia que se articularon a través del Fondo de Liquidez Autonómica, cuyos dirigentes se sienten perjudicados con esta medida de gracia financiera pese a haber gestionado sus recursos de forma más ortodoxa. El ahorro en intereses que obtendrán las comunidades con mayores pasivos –entre ellas, Cataluña– será muy superior al que logren las autonomías que consiguieron financiarse a un menor coste. Pero el mayor agravio será la transferencia a la Generalitat que dirige Pere Aragonés del 100% de los ingresos tributarios que se recaudan en su región. Una prebenda que la equipararía con las comunidades forales, Navarra y País Vasco, además de reducir a cero sus aportaciones a los fondos de solidaridad entre regiones, así como a los mecanismos de nivelación. Por eso los ejecutivos autonómicos que han resultado perjudicados por los criterios de reparto fijados en el sistema todavía vigente para poder cumplir las exigencias de los nacionalistas catalanes reclaman ahora como condición previa a cualquier modificación del mismo que reequilibre la distribución de los recursos por habitante. Nivelar el reparto requeriría de una aportación adicional del Estado de 3.300 millones de euros, un volumen que no debería ser problemático teniendo en cuenta que la recaudación tributaria ha batido récords a lo largo de los dos últimos ejercicios. Sin embargo, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, negó ayer la posibilidad, en su primera comparecencia parlamentaria de la legislatura, de atender la demanda compartida de los gobiernos populares de Andalucía, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia con el de Castilla-La Mancha, liderado por el socialista Emiliano García-Page. La número dos de Sánchez tanto en el Ejecutivo como en el PSOE adujo la falta de consenso con el resto de autonomías, pero lo cierto es que las regalías entregadas a los separatistas por su apoyo a la investidura hipotecan al Estado para las próximas décadas.
Montero aduce una supuesta falta de consenso para no nivelar a las CCAA peor financiadas