Rebelión por las regalías financieras a Cataluña
El compromiso asumido por el PSOE con los partidos separatistas para mejorar la financiación de la Generalitat catalana mediante la condonación del 20% de su deuda con el Estado (15.000 millones de euros) y la transferencia del 100% de los ingresos fiscales generados en Cataluña ha soliviantado al resto de ejecutivos regionales. El Gobierno intentó calmar el malestar de los presidentes autonómicos anunciando que haría extensiva la quita de la deuda al resto de comunidades. Pero el hecho de haber negociado bilateralmente con Cataluña al margen del foro reservado a ello, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, una cuestión que afecta al conjunto de regiones fue interpretado como un agravio. Más aún porque los desequilibrios provocados por el sistema en vigor en el reparto de los fondos que reciben las comunidades se deben, precisamente, a los ajustes introducidos en el mismo por el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2009 para satisfacer las demandas de Cataluña. Quince años después, ni se han resuelto los problemas del modelo de financiación autonómica –Cantabria recibe 3.417 euros por habitante frente a los 2.691 que percibe la
Región de Murcia– ni han cesado las exigencias de más fondos por parte de la Generalitat catalana. De hecho, la negativa de
Mariano Rajoy a conceder en
2011 al entonces presidente catalán Artur Mas un cupo fiscal similar al del País Vasco está en el origen de la radicalización del nacionalismo moderado catalán, que terminó abrazando el independentismo bajo la batuta de Carles Puigdemont. Volver a condicionar los cambios en el sistema de financiación a las exigencias del separatismo sólo servirá para agravar el trato desigual. Parece lógico por ello que los presidentes autonómicos reclamen a Sánchez resolver primero las deficiencias afloradas, lo que según los expertos requeriría un gasto extra de 3.300 millones de euros al año. Una demanda de carácter transversal entre los dirigentes regionales, como prueba el frente común anunciado ayer en Fitur por los presidentes populares de Andalucía, Murcia y Valencia junto a su homólogo de Castilla-La Mancha, que pasa por ser la única voz crítica en el seno del PSOE, para exigir a Hacienda un reequilibrio inmediato de la financiación por habitante que recibe cada región. La cacareada cogobernanza con las autonomías se diluye por las costosas hipotecas asumidas por Sánchez con Puigdemont y Oriol Junqueras.
La cogobernanza con las CCAA se diluye por las hipotecas de Sánchez con los separatistas