Urge atender el alegato real contra la discordia
Prueba de la peligrosa polarización denunciada por Felipe VI en su mensaje de Navidad es que los principales partidos trataron de apropiarse en exclusiva del impecable alegato constitucional del Rey. Mientras el PSOE quiso hacer pasar las advertencias realizadas por el monarca de forma neutral como un presunto aval a las políticas del Ejecutivo, en el PP interpretaron las mismas como un tirón de orejas a Pedro Sánchez. Sin embargo, la relectura de las esclarecedoras palabras del jefe del Estado disipa cualquier duda: “No nos podemos permitir que la discordia se instale entre nosotros”. Prolongar la crispación promovida por Sánchez desde que llegó a la Moncloa para mantener la frágil unidad de las formaciones que le han apoyado desde entonces constituiría un ejercicio muy peligroso. El presidente del Gobierno tiene la obligación de impulsar sin maniobras arteras la recuperación de la normalidad institucional tras un lustro de dañina excepcionalidad. Empezando por las relaciones con el principal partido de la oposición, continuando con el poder judicial (al que Sánchez y sus ministros han atacado en reiteradas ocasiones, además de laminar las capacidades del Consejo General del Poder Judicial), descolonizando el resto de instituciones democráticas en las que ha situado a personas afines y, también, poniendo fin a las políticas antiempresa marcadas por sus socios radicales. Las estrafalarias reacciones de los aliados parlamentarios de Sánchez al discurso del Rey –que la portavoz de Sumar tachó de decepcionante, mientras que los separatistas catalanes situaron al jefe del Estado al servicio de “la extrema derecha”–, deberían servir al presidente del Gobierno para reconocer de una vez del sinsentido de poner la estabilidad de nuestro país en manos de quienes quieren aprovechar su fragilidad parlamentaria para demoler el régimen de derechos y libertades vigente desde hace 45 años. Felipe VI recordó de nuevo que “fuera del respeto a la Constitución no hay democracia ni convivencia posibles; no hay libertades sino imposición; no hay ley sino arbitrariedad. Fuera de la Constitución no hay una España en paz y libertad”. Una advertencia que apela al sentido de la responsabilidad de todos los representantes públicos, sobre todo de quienes ocupan las más altas magistraturas. No puede volver a caer en saco roto. El coste en términos de deterioro institucional y convivencia democrática sería altísimo para el conjunto de los españoles.
Felipe VI recordó a todos que “fuera de la Constitución no hay democracia ni convivencia posible”