El Supremo avala las multas de Hacienda por reclamar devoluciones con datos falsos
El Tribunal Supremo ha avalado el criterio de la Agencia Tributaria (AEAT) para calcular las sanciones que prevé la ley cuando un contribuyente reclama a Hacienda una devolución de ingresos indebidos con datos falsos. El Supremo rechaza que, para calcular la base de la multa, se resten cantidades que el contribuyente reciba, tras una regularización, como devolución de ingresos indebidos.
En concreto, el Tribunal fija doctrina y establece que “la base de las sanciones previstas en los artículos 194.1 y 195.1 de la Ley General Tributaria en aquellos supuestos en los que, a pesar de producirse las conductas típicas, concurre en favor del infractor un derecho a obtener una devolución de ingresos indebidos, debe cuantificarse, respectivamente, por el importe de la cantidad indebidamente solicitada o improcedentemente determinada o acreditada, independientemente de dicha devolución”.
El fallo rechaza así los argumentos del contribuyente afectado, al que se le impuso una sanción –por solicitar indebidamente una devolución– de forma proporcional a cantidades consignadas a devolver en las autoliquidaciones, sin tener en cuenta que recibió, tras una regularización, la completa devolución de estas cantidades. El afectado sostenía que “nada hay en los artículos 194 y 195 LGT que haga pensar que la exégesis del precepto que re▸ La base de las sanciones previstas en los artículos 194.1 y 195.1 de la Ley General Tributaria cuando concurre en favor del infractor un derecho a obtener una devolución de ingresos indebidos, debe cuantificarse, respectivamente, por el importe de la cantidad indebidamente solicitada o improcedentemente determinada o acreditada, independientemente de dicha devolución.
▸ Estos comportamientos no causan un perjuicio económico directo o inmediato, pero podrían haberlo causado si no se hubiera producido una intervención de la Administración tendente a corregirlo. gula la base de las sanciones, haya de realizarse en un sentido literal, al margen de la finalidad que persiguen las normas sancionadoras por infracciones materiales, cuyo bien jurídico protegido es siempre el daño, real o potencial, al erario público”.
Sin embargo, el Supremo rechaza este argumento. “La relación final que guarde la magnitud de los beneficios obtenidos por la norma penal y la magnitud de la pena es el fruto de un complejo análisis político-criminal y técnico que sólo al legislador corresponde y que, por ende, en ningún caso se reduce a una exacta proporción entre el desvalor de la sanción y el desvalor del comportamiento prohibido, según un hipotético baremo preciso y prefijado”, señalan los magistrados.
A su juicio, “la relación valorativa entre precepto y sanción sólo será indicio de una vulneración del derecho fundamental que la sanción limita cuando atente contra el valor fundamental de la justicia propio de un Estado de Derecho y de una actividad pública no arbitraria y respetuosa con la dignidad de la persona”. Es decir, precisa el Supremo, “cuando concurra un desequilibrio patente y excesivo o irrazonable entre la sanción y la finalidad de la norma a partir de las pautas axiológicas constitucionalmente indiscutibles y de su concreción en la propia actividad legislativa”.
Los magistrados recuerdan que “en aplicación de esta doctrina hemos descartado ya que varias disposiciones sancionadoras previstas en la legislación tributaria vulneren el principio de proporcionalidad”.
El fallo del Supremo concluye que las sanciones controvertidas son “de peligro”. Es decir, los comportamientos tipificados no causan un perjuicio económico directo o inmediato, pero podrían haberlo causado si no se hubiera producido una intervención de la Administración tendente a corregirlo.
Un cambio de criterio por parte de la Dirección General de Tributos (DGT) limitará acogerse a los beneficios fiscales en las participaciones individuales en las empresas familiares. Así lo establece una consulta que se hizo pública el pasado viernes, y que “pone en riesgo no sólo la exención del Impuesto de Patrimonio y el de Grandes Fortunas, sino también las sucesiones y aquellas donaciones efectuadas en los últimos diez años”, expone la abogada y economista Emma S. Corretger, socia del despacho barcelonés especializado en fiscalidad Cim Tax & Legal.
En 2016, el Tribunal Supremo emitió diferentes sentencias que afectaban a los beneficios fiscales en Patrimonio, y que se hacían extensivos a a Grandes Fortunas y Sucesiones y Donaciones. Hasta entonces, Hacienda decía que era necesario ser accionista para acogerse a los beneficios fiscales. Lo que dijo el Supremo es que, a la hora de tributar Patrimonio, no era necesario en algunos supuestos.
La normativa que regula el impuesto de Patrimonio establece diferentes requisitos que deben cumplirse para acogerse a los beneficios fiscales, entre ellos la participación, que puede ser individual o conjunta. “Individual es cuando el sujeto pasivo del impuesto de Patrimonio tiene al menos el 5% del capital de la empresa familiar, y conjunta es cuando el grupo familiar tiene al menos el 20% del capital”, precisa Corretger.
Además de la participación, la ley establece que cuando la ésta es conjunta, hay que ostentar funciones ejecutivas para acogerse a los beneficios fiscales y además, la remuneración debe ser la principal fuente de ingresos del directivo.
Participación individual
En el caso de la participación individual, tanto la Dirección General de Tributos (DGT) del Estado como las de algunas comunidades autónomas como Cataluña habían dicho que, sin ser accionista, se podía acoger a los beneficios fiscales si se cumplía con el requisito de dirección y remuneración. Es este último punto donde se ha producido el cambio de criterio por parte de la DGT.
“La semana pasada, en la consulta V23390-2, concluye que cuando la participación sea individual, no pueden los demás miembros del grupo de parentesco cumplir con el requisito de funciones de dirección y remuneración”, dice Corretger. “Textualmente, cita que las sentencias del Supremo sólo hablaban de participación conjunta”, destaca.
De esta forma, “hasta que no puedan acreditarse formalmente las funciones de dirección, las retribuciones percibidas hasta la fecha no podrá considerarse que corresponden a funciones de dirección”, agrega.
Cuestión de calendario
Corretger recuerda que, hasta ahora, muchas empresas familiares se habían estructurado a nivel societario teniendo presente que no había ningún tipo de obstáculo para acceder a los beneficios fiscales existentes. Con la consulta a la DGT, se produce un giro súbito en la recta final del año y en este caso el calendario es muy relevante, ya que Patrimonio y Grandes Fortunas “se devengan el 31 de diciembre”.
Por esta razón, Corretger da el siguiente consejo a las compañías: “Busca a tu asesor y haz cambios en la estructura antes de que termine el año”. “Yo siempre había recomendado a mis clientes la participación conjunta, y que el cónyuge, los hijos u otros parientes con funciones de representación o dirección tuviesen un 1% de acciones pese a no ser necesario”. Un consejo que ahora pasará a ser el protocolo habitual, subraya.
La medida se hace extensiva a donaciones efectuadas en los últimos diez años
Emma S. Corretger: “Animo a las empresas a revisar sus estructuras antes del 31 de diciembre”