La decisión judicial llega en pleno bloqueo de la investidura en el Parlament
“las instituciones funcionan”, “El Estado de derecho es más fuerte que cualquier mal Gobierno”, proclamó desde Salamanca su secretaria general, Cuca Gamarra.
La decisión del Supremo afecta también al dirigente de ERC Raül Romeva –que acaba de asumir la presidencia de su think tank, la Fundación Josep Irla–; la exconsejera republicana Dolors Bassa y el secretario general de Junts y también exconsejero, Jordi Turull.
La adopción de la medida llega después de que la sala analizase los informes sobre cómo aplicar la ley de amnistía que presentaron Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox, que ejerció como acusación particular en el juicio del
Las defensas negaron lucro personal, y aseguraron que todos los fondos malversados se destinaron a cubrir los costes de la votación independentista que tuvo lugar el 1 de octubre de 2017, y también al plan de la Generalitat para internacionalizar la agenda rupturista.
El auto del Supremo cuenta con un voto particular de la magistrada Ana Ferrer, en el que reclama elevar una cuestión prejudicial a la justicia europea, lo que dejaría automáticamente la amnistía en suspenso a la espera de que el tribunal comunitario se posicionase.
Tanto el informe de la sala de lo penal como el voto particular de Ferrer hacen referencia a los casos que fueron juzgados y condenados, pero también hay otros en instrucción, que afectan a los líderes independentistas que huyeron al extranjero para evitar su procesamiento. Es el caso de Puigdemont, pero también del diputado en el Parlament