Quitar el veto del Senado al techo de gasto a través de la Ley de Paridad puede ser inconstitucional
Una letrada del Congreso avisa de que puede vulnerar el artículo 23 de la Carta Magna
Mezclar churras con merinas o aprovechar que el Pisuerga de la Ley de Paridad pasa por Valladolid para acabar con el poder de veto del Senado a los objetivos de estabilidad presupuestaria. Es lo que han hecho los socios del Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, que han aprovechado la tramitación de la futura norma sobre paridad, que regulará la presencia mínima de mujeres en los órganos de decisión de empresas y entidades, tanto públicas como privadas, para, vía enmiendas a través de esa ley, borrar de un plumazo el poder de veto del Senado al techo de gasto. Una práctica que, según la letrada de la Comisión de Igualdad del Congreso, plantea serias dudas de constitucionalidad. En su informe a la Mesa de la Comisión que preside la socialista Susana Ros, la letrada cuestiona dos enmiendas que firmaron el PSOE y Sumar para introducir en la Ley de Paridad dos cambios legales que nada tienen que ver con esa norma.
Una de esas enmiendas modifica la Ley de Estabilidad Presupuestaria para eliminar el veto al techo de gasto, mientras que la otra cambia la Ley de Gobierno para permitir que un ministro extranjero se siente en el Consejo de Ministros, como se pactó con Francia en un tratado bilateral.
Falta de coherencia
A juicio de la letrada del Congreso, esas enmiendas “no guardan coherencia con el objeto del proyecto”, ya que incluyen contenidos que “nada tienen que ver con la regulación de la representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, por lo que no existe mínima conexión de homogeneidad de estos apartados de la enmienda con el proyecto de ley orgánica”. En el caso concreto del techo de gasto, la letrada considera “evidente la falta de conexión material entre la enmienda y la iniciativa legislativa que se tramita”. En este sentido, la letrada cree que el movimiento de los socios de coalición podría vulnerar el artículo 23 de la Constitución, que reconoce el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. También reconoce el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.
La Mesa de la Comisión de Igualdad, donde PSOE y Sumar tienen mayoría, hizo oídos sordos al informe y a las advertencias de la letrada, dando luz verde a la tramitación de las enmiendas, que en el caso de la relativa al techo de gasto se incorporó a la ley de Paridad en la fase de ponencia, que se celebra a puerta cerrada.
El principal partido de la oposición, el PP, ha presentado un escrito de reconsideración a la Mesa del Congreso aludiendo a ese informe y reclamando la anulación de las dos enmiendas por “infracción del procedimiento legislativo”. Según los argumentos de los populares, la infracción se produciría porque las enmiendas son “incongruentes” con la Ley de Paridad, por lo que, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional y de los servicios jurídicos de la Cámara, deberían ser inadmitidas por “vulneración del derecho fundamental de participación garantizado por el artículo 23.2 de la Constitución Española de los diputados de este grupo parlamentario”.