España se desvía de los compromisos con la UE
El día siguiente a que la Comisión Europea reclamase al Gobierno acelerar el cumplimiento de las reformas pendientes para recibir las nuevas entregas de fondos europeos, el Congreso de los Diputados aprobó la modificación del subsidio de desempleo, promovida por Yolanda Díaz, que contradice la línea marcada por Bruselas. El Plan de Recuperación presentado por nuestro país al Ejecutivo comunitario fijaba como uno de los hitos que se incentivará la búsqueda efectiva de empleo por parte de los desempleados acotando las causas permitidas para rechazar una oferta de trabajo y recortando la cuantía del subsidio. Estos principios guiaron la propuesta elaborada por el Ministerio de Economía bajo la batuta de la exvicepresidenta Nadia Calviño, que causó un enfrentamiento abierto con Díaz debido a la oposición de la líder de Sumar, quien terminó imponiendo también en este ámbito su criterio a la parte socialista de la coalición. La reforma fue revisada para incrementar el importe de la ayuda y dar un mayor margen a los desempleados para desatender un empleo. Sólo el voto en contra de Podemos, a raíz de la ruptura personal de Irene Montero con
Díaz, hizo fracasar la propuesta en el Congreso de los Diputados a comienzos de enero. Seis meses después, y tras conseguir el aval de los sindicatos orillando a la patronal, la propuesta reformulada por Trabajo en sentido contrario al acordado con la UE ha recibido luz verde parlamentaria, si bien al precio de tramitarla como proyecto de ley para que los grupos puedan incorporar enmiendas. Sería ilusorio confiar en que los aliados políticos de PSOE y Sumar, que les reclaman seguir elevando el gasto público pese a estar en máximos, vayan a proponer modificaciones para ajustarse al criterio marcado por las autoridades europeas. El problema es que llueve sobre mojado. Bruselas anunció la semana pasada que retendrá una parte del cuarto desembolso de los fondos de recuperación para España por la falta de avances en el plan para facilitar la digitalización de las pymes financiado con recursos comunitarios. Y ayer mismo recordó que está pendiente la prometida simplificación del sistema tributario, así como el ajuste del coste desbocado de las pensiones, además de reclamar más medidas para garantizar el ajuste del déficit público. Sin embargo, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, respondió anunciando la prórroga por seis meses más de la rebaja del IVA de los alimentos frescos, que tendrá un coste presupuestario de 1.000 millones de euros. Sin permiso de Bruselas, el enfrentamiento está servido.
El Congreso aprueba un subsidio de paro que se aleja de lo que pide la UE pese a los avisos de Bruselas