El martes empieza la negociación del salario mínimo
El Gobierno convocó ayer a la patronal y a los sindicatos para el próximo martes, 31 de enero, con el fin de discutir el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) para este año. Los empresarios mantienen la incógnita sobre si acudirán a la misma, tras anunciar que no se reunirán con el Gobierno hasta que no retire la enmienda que pactó con EHBildu en la Ley de Empleo. La enmienda establece, en el despido colectivo, el carácter preceptivo del informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre si se dan las circunstancias que justifican la decisión del empresario, y sobre si éste ha presentado la documentación necesaria a los representantes de los trabajadores. La patronal entiende que esta enmienda altera la reforma laboral pactada con el Gobierno y los sindicatos en diciembre de 2021.
En todo caso, el Gobierno tiene intención de negociar el SMI con la patronal y los sindicatos, con el fin de llegar a un acuerdo, aunque, de momento, las posiciones están muy alejadas. La importancia de la cita se explica porque las subidas de los últimos años han terminado porque esta renta afecte ya de forma directa a dos millones de trabajadores.
En este contexto, CEOE y Cepyme proponen una subida del 4%, si se cumplen las siguientes condiciones: primero, que el Gobierno autorice a las empresas a subir sus precios, igual que el SMI, cuando concurran a concursos públicos. Y, en segundo lugar, que el Ejecutivo subvencione esta renta a las empresas del campo. La propuesta de CEOE sería subir el salario mínimo, desde los 1.000 euros mensuales a los 1.040. En términos anuales, por catorce pagas, desde 14.000 a 14.560 euros.
En el otro extremo de la subida están CCOO y UGT, que piden un incremento del 10%, hasta los 1.100 euros mensuales. O 15.400 euros al año, por catorce pagas. Los sindicatos esgrimen la pérdida de poder adquisitivo que puede tener el salario mínimo interprofesional por la elevada inflación media que hubo en 2022: un 8,5%, lo mismo que sube el conjunto de las pensiones.
Precisamente, con el argumento de la elevada inflación y la pérdida de poder adquisitivo, la vicepresidenta Segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha optado por defender una subida del 8,2% en el salario mínimo interprofesional. Díaz escoge así la cifra más alta de la horquilla que le presentaron la comisión de expertos que nombró ella para resolver la negociación sobre esta renta. En el otro extremo, los expertos recomendaban un incremento del 4,6%.
La vicepresidenta defiende la subida del 8,2% con el mismo argumento que lo hacen los sindicatos en la suya: la importante subida de la inflación en 2022. Por lo tanto, su propuesta es incrementar el salario mínimo, desde los 1.000 a los 1.082 euros mensuales. Claro que esta por ver que acepte esta cifra la responsable económica del Gobierno, Nadia Calviño. La vicepresidenta Primera defiende una subida de la renta compatible con el mantenimiento y la creación de empleo. Calviño está más próxima a los empresarios, y el Gobierno también debe tener en cuenta dos cosas: en primer lugar que el salario mínimo repercute sobre aquellos de sus propios trabajadores, que tienen esa retribución. Y en segundo lugar, que también marca la subida de las bases mínimas de cotización de todos los asalariados y de los autónomos. Es decir, que aumentan doblemente los costes laborales de las empresas que trabajan con mucha mano de obra y con este tipo de salarios. Por ejemplo, las empresas auxiliares de servicios, de la limpieza y de mantenimiento, o del sector de la construcción.
La subida del salario mínimo afecta directamente a dos millones de trabajadores
Los sindicatos plantean una subida del 10%, hasta 1.100 euros y CEOE, del 4%, hasta 1.040