Diputación asumirá carreteras locales para aliviar las arcas de ayuntamientos
Barrachina acuerda con Martínez Mus reasignar su titularidad para costear su mantenimiento
La Diputación de Castellón asumirá la titularidad de carreteras que hasta ahora pertenecen a los ayuntamientos con tal de costear directamente su mantenimiento y aliviar las arcas municipales ante el gran desembolso, de hasta 11.000 euros por kilómetro, que supone para entidades locales con presupuestos limitados.
Así lo anunció ayer la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, tras mantener una reunión con el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, y acordar que la Generalitat dará el visto bueno a la recalificación de la titularidad de los viales.
«Los alcaldes nos habían comunicado el sufrimiento por la propiedad de esas vías que ellos no tienen capacidad de mantener», apuntó Barrachina, ejemplificando que algunos «gastan hasta 35.000 euros en carreteras pese a tener presupuestos muy bajos, lo que resta posibilidad de hacer cosas para el municipio». La medida, como especificó la máxima dirigente provincial, está dirigida a las poblaciones con menos de 5.000 habitantes, siendo los consistorios los que decidirán finalmente si realizan este traspaso.
Hacia los 800 kilómetros
En la actualidad, la Diputación mantiene 724 kilómetros de carreteras, aunque se baraja que con esta recatalogación se puedan incorporar alrededor de 50 kilómetros más e, incluso, alcanzar los 800 kilómetros en el futuro. «Supondrá un esfuerzo económico porque tendremos que ampliar el presupuesto del año que viene para la mejora de carreteras, pero creemos necesario aliviar las cuentas de los municipios», defendió Barrachina. La dotación de la institución para este fin asciende ahora a 8 millones de euros.
«Tenemos que conseguir optimizar recursos para que los vecinos tengan los mejores servicios posibles», declaró el conseller, quien planteó la necesidad de «hacer un esfuerzo» en esta línea al tratarse principalmente de «carreteras de interior que necesitan estar en las mejores condiciones».
Martínez Mus se refirió además a la contribución de medidas como esta a la lucha contra la despoblación, que es «una obsesión y un trabajo continuo del gobierno del presidente Carlos Mazón».
La Generalitat y la Diputación también abordaron el futuro convenio de colaboración en este ámbito, enfrascándose actualmente en un mapa de necesidades, cara a trabajar en iniciativas en municipios como Cortes de Arenoso, la Pobla de Benifassà, Tírig o Sant Rafael. El acuerdo estará dotado de 100.000 euros en 2025 para la redacción de los proyectos.
Asimismo, ambos dirigentes repasaron medidas que afectan al medio ambiente y la depuración de aguas, como el convenio actual, con la inversión de 11 millones de euros en 15 depuradoras.