El Constitucional anula la malversación para cuatro excargos por los ERE
Rebaja la condena al exresponsable de Empleo de la Junta y ordena dictar otro fallo contra Fernández como responsable de parte del desvío de los fondos
Siguiendo con el orden del día previsto para esta semana, el pleno del Tribunal Constitucional estimó ayer parcialmente los recursos de cuatro excargos de la Junta de Andalucía condenados por el caso de los ERE (tres aún en prisión), confirmando la anulación de los delitos de malversación para todos los que no tenían responsabilidad en la Consejería de Empleo. Para el que fuera titular de este departamento, Antonio Fernández García, la decisión del órgano de garantías le supondrá una rebaja de la pena inicial de 7 años y 11 meses y 1 día de prisión que le fue impuesta en su día.
Las sentencias ordenan retrotraer las actuaciones a la Audiencia Provincial de Sevilla para que dicte un nuevo fallo ajustado a cada uno de los casos. Además de la decisión sobre Fernández, el tribunal dio a conocer el resultado de sus deliberaciones en relación con los exconsejeros Jesús María Rodríguez Román, Francisco Vallejo Serrano y Carmen Martínez Aguayo (esta última en libertad desde el 10 de junio). Todas las resoluciones suponen un fuerte correctivo a las sentencias dictadas sobre este asunto tanto por la audiencia sevillana como por el Tribunal Supremo y supondrán la excarcelación inmediata de todos estos altos cargos que aún estaban en prisión.
Excarcelación inmediata
Las tres últimas resoluciones apenas difieren de lo fallado el martes con respecto al exdirector general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar, aunque en este caso se anularon los delitos de prevaricación y malversación por los que fue condenado en su día y su excarcelación fue inmediata.
El caso de Fernández es distinto al del exresposable de IDEA porque como consejero no solo participó en la elaboración y aprobación de los Presupuestos, sino que se le condenó por determinadas desviaciones en la partida 3.1L que ordenó destinar a asuntos dispares, como fueron los Juegos del Mediterráneo celebrados en Almería.
Todas las decisiones adoptadas avalan las ponencias presentadas por la vicepresidenta del órgano, Inmaculada Montalbán, con el voto de los otros seis magistrados del sector progresista, mientras que los cuatro conservadores anunciaron su voto particular discrepante.
Se acoge la tesis que mantuvieron desde el primer momento las defensas de los condenados, esto es, que ni quienes elaboraron el presupuesto posteriormente avalado por el Parlamento andaluz prevaricaron ni tampoco pudieron cometer malversación los altos cargos de Hacienda. La línea se coloca de la Consejería de Empleo, desde donde se ejecutaron los fondos, hacia abajo.
Vulneración
De este modo, el Constitucional apunta que la sentencia inicial de la Audiencia y la posterior dictada por el Supremo supuso vulnerar derechos fundamentales al condenar por malversación lo que no fue más que la aplicación, ejecución y gestión del sistema previsto en las leyes de presupuestos del 2003 al 2009. Esta decisión despeja el horizonte penal del expresidente Griñán, cuyo recurso se estudiará junto al de su predecesor Chaves en el pleno del Constitucional previsto para el próximo 16 de julio.
Convenios
Volviendo al exresponsable de Empleo, Fernández García, en su calidad de viceconsejero, consejero de Empleo de la Junta de Andalucía y presidente del IFA, participó en la elaboración y tramitación de los anteproyectos de ley de presupuestos para los años 2002 a 2009, así como en la tramitación y aprobación de distintas modificaciones presupuestarias y tomó parte en las decisiones sobre la concesión de las ayudas y los convenios a través de los que se instrumentaron.
El Supremo le condenó al considerar que actúo a sabiendas de la ilegalidad de los hechos, si bien ahora el Constitucional razona que se vulneraron sus derechos porque se le aplicó de modo «imprevisible» el delito de malversación, algo prohibido por el derecho a la legalidad penal. Según el Constitucional, participar en la tramitación de los anteproyectos de ley de presupuestos y su aprobación no puede considerarse malversación.