El Supremo se prepara para llevar al Constitucional la ley de amnistía
La Sala Segunda y el juez Llarena descartaron aplicar la medida de gracia a la malversación, pero abrieron el trámite para acudir al tribunal de garantías
La Sala Segunda del Tribunal Supremo y el juez Pablo Llarena no solo descartaron aplicar la amnistía al delito de malversación por el que, respectivamente, se condenó y se procesó en rebeldía al expresidente de ERC Oriol Junqueras y al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, sino que también dieron el primer paso para elevar al Tribunal Constitucional la ley de que establece la medida de gracia, al conceder un plazo de 10 días a las partes para informar sobre el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad.
Fuentes del alto tribunal señalan a El Periódico que el Tribunal Constitucional es el único que puede pronunciarse sobre la constitucionalidad de una ley, por lo que para resolver la duda que alberga, «al menos, la mitad de España» no hay otra fórmula que plantear una cuestión de inconstitucionalidad. Incluso se preguntan cómo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) puede estar aplicando la amnistía sin elevar a la vez dudas sobre la constitucionalidad del texto al único órgano que puede hacer el control constitucional, según el sistema judicial español.
El Supremo no tiene más margen para pronunciarse sobre la ley de amnistía que el de determinar si es aplicable o no a los casos bajo su competencia: la sentencia que dictó en 2019 por el procés, en la que se condenó por malversación a Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, y los procesados en rebeldía por este delito: Puigdemont, Lluís Puig y Toni Comín.
También está procesada en rebeldía por el 1-O la secretaria general de ERC, Marta Rovira, pero ella solo lo está por desobediencia y el Supremo ha considerado que su caso sí está incluido sin género de dudas en la ley de amnistía, como declaró el juez Pablo Llarena en su auto del pasado día 1 y en uno posterior, en el que acordó dejar sin efecto la orden de detención nacional que aún pesaba contra ella. Las del resto de procesados en rebeldía se mantienen, porque al no aplicárseles la amnistía su situación procesal no se modifica,.
Decidida la aplicación o no de la ley a los casos concretos bajo su competencia, tanto la Sala Segunda como el instructor del procés dieron paso a la segunda fase: concedieron un plazo de 10 días a las partes para que pronuncien sobre la necesidad de acudir al TC para que ejerza el control de constitucionalidad que solo él puede hacer en la parte que en la que la aplican, porque en la que no carece de sentido hacerlo.
Presión sobre el TC
Tras la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la amnistía a la malversación en el procés, el papel que aún debe desempeñar el TC frente a los recursos anunciados contra la ley centra ahora el foco del principal partido de la oposición. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, señalaba este martes las «dificultades» que tiene para aceptar la imparcialidad de este órgano, lo que supone señalar directamente a dos de sus magistrados. Se refería, sin citarles, al exministro de Justicia Juan Carlos Campo y a la catedrática de Derecho Constitucional y durante un tiempo asesora en Moncloa Laura Díez. Ambos forman parte del bloque de siete magistrados progresistas que previsiblemente avalarán la sujeción de la ley a la Constitución.
En el caso del primero, se cuenta con un precedente. El pasado mes de noviembre, Campo anunció que se abstenía frente al recurso de un particular que buscó amparo ante el órgano una vez se inició la tramitación parlamentaria de la norma. La razón se encontraba en el contenido de los informes que el propio exministro redactó en su día sobre los indultos del procés, donde afirmaba de forma categórica que la concesión de una amnistía sería «inconstitucional» de forma categórica. Sin embargo, este movimiento no supone que deba apartarse de los futuros recursos, según fuentes del órgano, que señalan que esta abstención fue presentada de forma prematura en relación con un recurso de amparo que ni siquiera fue admitido a trámite. Con respecto a Díaz, pese a su pasado en Moncloa las razones para una abstención o para que prospere una recusación contra ella son más difusas, ya que no formó parte ni asesoró al Gobierno sobre este asunto en ningún momento. Otra incógnita es la del nuevo magistrado José María Macías, aún vocal del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial. El pasado 21 de marzo, el pleno del órgano de gobierno de los jueces aprobó un informe muy crítico contra la ley (aún en proyecto) y entre los votos que apoyaron esa propuesta se encontraba Macías.