La Generalitat promete la jornada de 35 horas para sus funcionarios en 2026
Carlos Mazón y los sindicatos firman el pacto de legislatura que incluye un calendario para negociar la reducción horaria y aplicar la medida en dos años
La jornada de 35 horas será una realidad para los casi 190.000 funcionarios de la Generalitat en 2026. Ese es al menos uno de los compromisos recogidos en el macroacuerdo de legislatura firmado ayer por el president, Carlos Mazón, y los tres sindicatos presentes en la Mesa de Negociación de las Administraciones Públicas (UGT, CCOO y CSIF). El documento fija una serie de medidas para mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos, en su gran mayoría reivindicaciones históricas de los sindicatos, y calendariza cuándo deberán ser negociadas. El plan afectará a todos los funcionarios de la Generalitat (Función Pública, Sanidad, Educación y Justicia), si bien la gran mayoría de las medidas las discutirán en las mesas sectoriales de cada ámbito de la Administración autonómica.
Según el cronograma oficial, al que ha tenido acceso este diario, las negociaciones más inmediatas serán para eliminar las cláusulas restrictivas de reposición de efectivos, sobre la jubilación parcial y anticipada, para un acuerdo en materia de derechos sindicales y para «activar y dinamizar» las mesas de negociación. Todas deben ser debatidas y consensuadas durante este 2024.
En este mismo ejercicio también arrancarán las conversaciones sobre materias algo más complejas de consensuar a tenor del calendario, ya que se extenderán durante varios años. Es el caso de la jornada de 35 horas, probablemente uno de los puntos más sensibles del acuerdo.
Según el calendario, el melón se abrirá ya este curso y en 2026 debería estar cerrado. Los sindicatos incidieron en la importancia de los tiempos y prometieron estar «vigilantes» para que se «cumplan los plazos». «No es un cheque en blanco», advirtió UGT a Mazón.
La reducción horaria es una batalla sindical que viene de lejos. Tras los roces con la parte social, el Botànic dejó encarrilada la modificación en sanidad, pero el nuevo conseller, Marciano Gómez, frenó el plan tras asumir el cargo. Ahora deberán volver a negociar en cada rama de la Administración valenciana, si bien Mazón recalcó ayer que igualmente han fijado «políticas de evaluación» de las medidas a implementar, por lo que «no es solo una relación de exigir sino de corresponsabilidad», subrayó.
Ya para 2025, el calendario prevé abrir las negociaciones para la mayoría de iniciativas que afectan a temas de igualdad. Para ese ejercicio deberán pactar medidas contra la violencia de género, actualizando los protocolos de actuación contra el acoso sexual y ampliando la protección de las mujeres trabajadoras víctimas de la violencia machista, así como el establecimiento de cursos de formación.
El pacto prevé que el próximo año debatirán planes de igualdad, el «desarrollo» de la ley de función pública valenciana y los planes de teletrabajo, si bien las negociaciones serán bianuales, hasta 2026. Asimismo, el texto incluye el compromiso de mantener el fondo contra la brecha salarial entre 2025 y 2027, una iniciativa del Botànic a la que dan continuidad.
Medidas de evaluación
Mazón asumió e incluso celebró la exigencia sindical e incidió en que se trata de un compromiso conjunto con el fin de mejorar los servicios públicos que reciben los valencianos. «No es una relación solo de exigir sino de corresponsabilidad», dijo, devolviendo la pelota a las centrales sindicales. El president hacía referencia a que el documento marco incluya «políticas de evaluación» de las medidas a implementar, lo que ha considerado un «paso adelante» porque los sindicatos se someten igualmente «al examen de la ciudadanía». El texto no concreta mejoras sino el compromiso de sentarse a negociar. Las partes se comprometen a abordar los temas en los plazos pactados y podrán romper el acuerdo si hay incumplimientos recurrentes. Habrá seguimiento cada seis meses.