El TC rechaza el recurso de un padre que no quiso vacunar a su hija de covid
La madre alegó que el progenitor era negacionista y entraron en una batalla legal El Constitucional apela al «interés superior» de la menor, de ocho años de edad
El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido desestimar el recurso de un padre en Castellón que no quiso vacunar a su hija de ocho años frente al covid e inició una batalla legal contra la madre de la menor, que estaba a favor de la vacuna. El alto tribunal considera que las resoluciones judiciales previas, que dieron la razón a la progenitora, no vulneraron ningún precepto, pues pretendían proteger la salud de la niña y tuvieron en cuenta la recomendación de las autoridades sanitarias, según la sentencia, que recogió ayer el BOE.
La madre acudió a los tribunales solicitando su intervención en el caso al no llegar a ningún acuerdo con el padre de la niña sobre la administración de la vacuna. Según el relato de la mujer al juzgado de Primera Instancia de Castellón, al que se dirigió inicialmente, el padre «pertenecía al colectivo negacionista de las vacunas y se oponía a la inmunización, consumiendo en su lugar clorito de sodio y activador de ácido clorhídrico, por considerarlo bueno para combatir el virus del covid-19».
Frente a la postura del padre, ella había consultado con varios
pediatras y todos ellos aconsejaban la vacunación de la menor, lo mismo que decía la Asociación Española de Pediatría.
DECIDIR // El juzgado de Primera Instancia nº 7 de Castellón dictó un auto el 16 de mayo de 2022 que atribuía a la madre la facultad de decidir. Alegaba que la menor se encontraba en la franja de entre cinco y 11 años para la cual estaba en marcha en la Comunitat una campaña de vacunación contra el covid que no era obligatoria.
Por tanto, ambos, de común acuerdo, podían negarse a la inoculación, si bien se estaba administrando con carácter general a la población infantil de ese rango de edad. Ante el desacuerdo de ambos, la decisión de atribuir la facultad de decidir a uno de ellos debía hacerse en atención al inte
rés superior de la menor, ponderado por el resto de circunstancias e intereses en juego. La atribuyó a la madre porque frente a los riesgos alegados por el padre, las autoridades sanitarias habían considerado preferente la vacunación a este grupo de población que la opción de no vacunarla. Además, el padre no había acreditado ninguna contraindicación de la menor por enfermedad, alergia o dolencia para que quedara fuera y la pediatra aconsejó la vacuna siguiendo la recomendación de la Asociación Española de Pediatría.
También razones sociales aconsejaban la inmunización al permitir a la menor el pasaporte covid y con ello el acceso a determinados medios de transporte. Además, ya estaba plenamente implementada y no habían trascendido casos de gravedad de efec
tos adversos o secundarios.
El padre presentó recurso de apelación ante la Audiencia de Castellón, que el 14 de febrero de 2023 dictó auto desestimatorio. El auto alegó la «ausencia de contraindicación médica que desaconsejara la vacunación, concluyendo que la inoculación era beneficiosa para la niña, compartiendo los argumentos del auto recurrido basados en el interés superior de la menor».
AL CONSTITUCIONAL Finalmente, el caso llegó al TC, que en julio del pasado 2023 acordó admitirlo a trámite por apreciar una especial trascendencia constitucional, al existir falta de doctrina al respecto y plantear una cuestión jurídica «de relevante y general repercusión social o económica».
El recurrente alegó que se habían vulnerado el derecho a la integridad física y moral por ser un fármaco experimental cuya inoculación debe ser siempre voluntaria, pudiendo negarse el individuo y para ello es necesario que haya sido informado previamente de forma clara, adecuada y comprensible. Argumenta que en la campaña de vacunación contra el covid se había prescindido del consentimiento informado.
También consideró vulnerado el derecho a la igualdad ante la ley, porque en el auto de apelación se hace referencia a que se permite la vacunación para que la menor pueda obtener el pasaporte covid, lo que ahonda en la discriminación entre vacunados y no vacunados. También se alega vulneración al derecho a la salud.
EL AUTO El alto tribunal concluye que la menor, «de 8 años al tiempo de iniciarse el procedimiento, carecía de la capacidad emocional e intelectual necesarias para comprender el alcance la intervención», pero «los padres contaban con la información adecuada para prestar el consentimiento desde un momento anterior incluso a la iniciación del procedimiento de jurisdicción voluntaria, por lo que no cabe apreciar la ausencia de consentimiento informado».
Además, insiste en que la motivación de las resoluciones judiciales tuvo como «fundamento la protección del interés de la menor en relación con la protección de su salud, teniendo en cuenta la recomendación de las autoridades sanitarias, que se mostraban a favor de la vacunación de menores haciendo una ponderación de riesgos y beneficios de la vacuna, que el órgano judicial no estima desvirtuadas por los informes aportados por el recurrente».