Los colegios concertados cobran a las familias 1.000 millones de euros al año
El 85% del alumnado paga cuotas ilegales y 425 centros cobran cantidades altas pese a recibir 1.250 millones de fondos públicos al año, según un informe de EsadeEcPol
El mayor informe realizado hasta la fecha sobre las cuotas que cobra la escuela concertada en España muestra el fracaso del sistema establecido hace 39 años, sustentado en teoría en que el Estado financiaría los centros educativos privados y estos, a cambio, no seleccionarían a su alumnado y mantendrían la gratuidad. Un estudio de EsadeEcPol basado en datos oficiales refleja que los colegios concertados cobran cuotas a más del 85% de sus estudiantes, 1,5 millones de niños, por un importe total de cerca de 1.000 millones de euros al año. Y que cerca de la mitad de los centros lo hacen pese a recibir una financiación suficiente por parte de las administraciones, con el objetivo de ofrecer servicios ajenos a los conciertos, como una forma para diferenciarse y cerrar el paso a estudiantes vulnerables, o para ganar dinero. La escuela concertada matricula al 29% del alumnado español; la pública, al 67%, y la privada (sin subvención), al 4%.
El informe identifica un grupo especialmente sangrante, formado por unos 425 colegios, en general de gran tamaño, bien financiados por la Administración, que cobran cuotas elevadas, superiores claramente al coste de los servicios no concertados que prestan, y absorben 1.250 millones de euros públicos al año en conciertos. El grupo representa entre el 15% y el 17%, según la etapa educativa, del total de centros concertados, pero su peso es mayor en Madrid (entre el 17% y el 21%) y sobre todo en Cataluña (entre el 25% y el 33%). Retirarles las subvenciones (que suman un 20% del gasto público en conciertos), concluyen los autores, permitiría paliar la infrafinanciación que sufre otra parte de la concertada (un 38% de los colegios), por un importe que asciende a 240 millones de euros.
La investigación, sintetizada en un informe publicado ayer, ha sido realizada por Lucas Gortazar y Ángel Martínez (de EsadeEcPol) y Xavier Bonal (de la Universidad Autónoma de Barcelona), y se basa en el análisis de los microdatos de dos estadísticas del INE: la Encuesta de Gastos de los Hogares en Educación y la Encuesta de Financiación y Gasto de la Educación Privada, que recogen datos de las familias y de los colegios, respectivamente. Su conclusión es que la escuela concertada ingresa una media de 750 euros al año por alumno en concepto de cuotas. Y que los cerca de 1.000 millones de euros que estas suman representan el 17% de los ingresos totales de los centros concertados (desde la etapa del segundo ciclo de infantil hasta el bachillerato).
Cataluña, Madrid y País Vasco concentran el 70% de las cuotas pagadas en España. En estos territorios la concertada tiene mayor peso, más del 90% de las familias pagan cuotas, y su importe resulta particularmente alto: 1.696 euros al año de media en Cataluña, 1.156 en la Comunidad de Madrid, y 959 en el País Vasco, frente a 597 en la Comunidad Valenciana y 453 en Andalucía.
La situación es diferente por etapas: se recaudan por el 95% del alumnado del segundo ciclo de infantil, el 88% del de primaria, y el 81% del de la ESO. Y también según el tamaño de los centros: 9 de cada 10 colegios grandes (los que tienen más de 500 alumnos en primaria o ESO) cobran cuotas, mientras que entre los medianos (de 100 a 500 niños) y pequeños (menos de 100) lo hacen torno al 60% o 70%. Los autores observan, además, que buena parte de los centros bien financiados por la Administración se sitúan entre los que cobran cuotas más altas. Y que las familias de clase alta de la concertada pagan cuotas mucho más elevadas que las de clase baja.
El informe considera cuotas los pagos realizados por las familias por la matrícula, las clases lectivas y las actividades complementarias realizadas dentro del horario escolar. Dichos conceptos suman 947 millones de euros al año. El estudio ofrece, en paralelo, otra definición más amplia de cuota, que asciende a 1.186 millones de euros al año, al incluir la diferencia entre los ingresos por alumno del comedor que obtienen los centros concertados y lo que pagan las familias de la red pública por dicho servicio en la misma comunidad autónoma (descontadas las becas). Los autores argumentan que con frecuencia los centros utilizan este servicio como una forma de “financiación encubierta de otras partidas”. Y que, como además la escuela concertada mantiene de forma mayoritaria la jornada partida, el comedor resulta un servicio difícil de evitar.
Tanto la primera como la segunda definición de cuotas que propone el informe plantean ciertos problemas (contra la definición que computa la diferencia en el comedor se podría argumentar que en la red pública es la Administración la que fija el precio del menú, lo que condiciona a los proveedores, y que, en cambio, los colegios concertados tienen menos fuerza para contener los precios en la negociación). En todo caso, a lo largo de este artículo se utiliza la segunda definición de cuota (la que incluye la diferencia de precio del comedor). Las encuestas del INE utilizadas en el informe de Esade corresponden a los cursos 2019-2020 y 2020-2021, es decir, antes del aumento de precios que se produjo tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
Desequilibrio
La existencia de cuotas, afirman Gortazar, Martínez y Bonal, está detrás, en gran medida, del hecho de que el nivel socioeconómico del alumnado de la concertada sea más alto que el de la pública. Y de que la pública matricule, por ejemplo, a más del doble de los chavales inmigrantes de lo que le correspondería si su distribución fuera equilibrada.
Tomando como punto central del análisis el resultado económico de los centros, el informe los divide en cinco categorías: los colegios que no cobran cuotas y están adecuadamente financiados (representan el 17% de los centros de segundo ciclo de infantil, el 20% de los de primaria, y el 19% de los de la ESO); los que no cobran cuotas pese a estar infrafinanciados por la Administración (que suponen un 14,4%, un 12% y un 14,5%, respectivamente, de las etapas citadas); los que cobran cuotas para cubrir su situación de infrafinanciación (un 23% en las tres etapas analizadas); los que cobran cuotas para asumir gastos no incluidos en los conciertos, como psicólogos o directores sin funciones docentes (28%, 29% y 28%), y los que cobran cuotas para diferenciarse de la competencia o directamente para lucrarse (que suponen un 17,4%, un 15% y un 15%).
El porcentaje de alumnado que paga cuotas (el 95% en el segundo ciclo de infantil, el 88% en primaria y el 81% en la ESO) es mayor que el porcentaje de colegios que las cobran, en parte por el hecho de que los centros grandes las recaudan de forma más frecuente que los medianos y pequeños.
La legislación educativa prohíbe el cobro de cuotas. La actual ley de Educación, la Lomloe, subraya además que las actividades complementarias voluntarias “que tengan carácter estable no podrán formar parte del horario escolar del centro”, en un intento de evitar trampas, como las de hacerlas difíciles de eludir por las familias poniéndolas al principio de la jornada o a media mañana.
A menudo el comedor sirve como un modo de “financiación encubierta”
Las escuelas grandes recaudan de forma más frecuente que las medianas y pequeñas
Un juzgado valenciano ha dictaminado que 51 profesores asociados de la Universidad de Valencia (UV) deben de cobrar no solo las clases que imparten, sino que deben facturar por el tiempo que pasan preparando esas lecciones y asistiendo a reuniones, como ocurre con los docentes funcionarios (se calculan cuatro horas de preparación por cada hora lectiva). Además, señala que la UV debe pagarles 1.000 euros por “daños morales”, pues la jueza considera que “existe discriminación laboral en la retribución salarial de los demandantes por vulneración del derecho fundamental a la no discriminación e igualdad”. La Universidad previsiblemente recurrirá, pero se abre la vía a que 1.234 asociados de la UV reclamen sus derechos y las denuncias se repliquen en otras partes de España. Según datos oficiales, el año pasado había 26.700 enseñantes bajo esa figura en las 48 universidades públicas españolas.
Joan García Perales da clase en un instituto y Estadística en la Facultad de Psicología de la UV. Le “enriquece” mucho su labor con los adolescentes y no quiere dar el paso completo a la universidad, pero sí que se le pague “lo que es justo”, no “cinco euros la hora”. Dedica dos tardes a la docencia universitaria y tiempo a investigar sin remuneración, porque su contrato anual —que se prolonga cada año desde 2013— le impide participar en proyectos plurianuales. Ganaba 400 netos y ha pasado a 600 gracias a un complemento de destino que entró en vigor en enero en las universidades valencianas para los asociados. “Dedicamos muchísimo más de 180 horas a la universidad. Tienes que actualizar los materiales, aplicaciones digitales, programas... Los conocimientos no valen para siempre”, argumenta García Perales. “Luego tienes que preparar los exámenes, atender a los alumnos, corregir exámenes y trabajos, organizar prácticas... Y eso no se contempla en las horas de docencia, aunque los estatutos de la UV recogen que cada hora de docencia equivale a cuatro de preparación. De ahí la discriminación”.
“En estos momentos la Universidad de Valencia está estudiando
La institución no les remunera por preparar las clases o corregir exámenes
El campus afirma que “se ajusta a lo dispuesto en el marco normativo actual”
la sentencia. En cuanto a las retribuciones que hace efectivas a su profesorado, la UV se ajusta a lo dispuesto en el marco normativo actual, como el conjunto de las universidades públicas”, señala un portavoz de la institución. Mientras el litigio no llegue al Supremo, no se unifica doctrina y se crea una jurisprudencia que debe de tomarse como referencia en otros campus. En ese caso podrían beneficiarse los miles de profesores asociados de otras universidades.
Isabel de la Cruz, presidenta de la Plataforma Estatal de Profesorado Asociado, portavoz de los asociados de la Universidad de Valencia y una de las demandantes, comparte su “alegría”, aunque consciente de que “es el primer paso” y vendrán más. “Lo importante es que se ha demostrado que existe una discriminación laboral y salarial actual y a futuro, porque cotizan entre un 30% y un 33% por nosotros”. La plataforma llegó a viajar a Bruselas, pero en la Comisión les explicaron que primero tendrían que agotar la vía judicial española.
La ley dice que las universidades valencianas pueden contratar desde 2002 a “profesores asociados entre especialistas de reconocida competencia que acrediten estar ejerciendo, fuera del ámbito universitario, una actividad remunerada laboral, profesional o en la administración pública”. La norma dice también que las funciones del asociado serán “exclusivamente docentes” y que tendrán contratos de entre 6 y 12 horas a la semana, de las cuales la mitad se dedicarán a “tutorías y asistencia al alumno”. Todos los profesores —con independencia de su categoría— deben seguir la guía docente (objetivo, metodología...) de la asignatura y la rectora de la UV Mavi Mestre reconoció en el juicio —según recoge la sentencia— que, “con carácter general, la coordinación de asignaturas corresponde al profesorado a tiempo completo, pero también lo puede realizar el profesor asociado, no hay norma que lo impida”.
Salario bruto
Tras analizar las tablas salariales, la jueza concluye que quienes tienen la máxima contratación —180 horas lectivas por curso— perciben un salario bruto de 803 euros (de ellos 293 son un complemento de destino) por las horas de docencia y las tutorías. Pero no se les “retribuye por preparación, evaluación de materiales y evaluación continua del alumnado”. Eso equivale a que un profesor funcionario a tiempo parcial cobraría 1.056 euros (de ellos 495 son complemento de destino). La jueza cree que es “discriminatoria y no justificada la falta de aplicación en la retribución de los profesores asociados del factor multiplicador de cuatro horas de preparación, elaboración de materiales y evaluación continua del alumnado por cada hora de clase o lectiva registrada”.
En el juicio profesores titulares reconocieron que los asociados “hacen tareas de gestión, asisten a actos, reuniones del departamento, reunión con otros profesores cuando comparten la asignatura para la evaluación, realizan encuestas de docencia, y sin que sean retribuidos por estas actividades”, se explica en el fallo.
Los profesores asociados representan un 25,4% de los docentes de las universidades públicas. El porcentaje de contratos no fijos roza el 50% junto a otras figuras (sustitutos, colaboradores, asociados en hospitales...) y España debe rebajar hasta el 8% la temporalidad en el empleo público si quiere cumplir su compromiso con Bruselas. Por eso, la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario contempla que los asociados se conviertan en indefinidos a tiempo parcial —que otorga a los trabajadores derechos de antigüedad o de optar a complementos salariales como premio a su labor docente—, pero ha dado de plazo a las universidades hasta el curso 2027-2028 para que esos puestos salgan a concurso, no este 2024 como estaba previsto.