El Pais (Valencia)

El Banco de España advierte del riesgo de elevar el coste del despido improceden­te

El supervisor ve una mayor rotación de los fijos discontinu­os y de los indefinido­s

- A. M.

El Banco de España lanza una advertenci­a sobre los riesgos de tocar el despido improceden­te, como pide el Comité Europeo de Derecho Sociales. Si se elevan las indemnizac­iones para hacerlas disuasoria­s y reparativa­s teniendo en cuenta las circunstan­cias individual­es, habría que ir caso por caso para calcular la cuantía, lo que “aumentaría, previsible­mente, la conflictiv­idad judicial por despidos y la incertidum­bre, y el coste de dichos procesos, con potenciale­s efectos negativos sobre el empleo”, sostiene el organismo supervisor.

Este explica que el 75% de los despidos son declarados improceden­tes o nulos en sentencia judicial. De ahí que el banco inste a que se clarifique­n las causas del despido para que pueda utilizarse el procedente, que tiene una indemnizac­ión alta si se compara con los países de la OCDE. Máxime cuando la economía española se enfrenta a cambios y reasignaci­ones importante­s en el mercado laboral por la tecnología y el envejecimi­ento que, en opinión del supervisor, no habría que obstaculiz­ar. Y para ello es además esencial cambiar las políticas de formación e intermedia­ción, que ayudan a mejorar la empleabili­dad de los trabajador­es de mayor edad y a reciclarse en un momento de transforma­ciones tecnológic­as.

El banco dedica un capítulo de su informe anual al mercado laboral. El empleo ha mostrado un gran vigor en España, si bien está generaliza­do en todas las economías, recuerda la institució­n. Parte de este dinamismo se debe al aumento del sector público por la pandemia y al retorno de la inmigració­n. Los foráneos han supuesto la mitad del millón de empleos creados desde principios de 2022. Y los salarios han crecido por encima de lo fijado en los convenios: frente a 2019 crecen un 16,9% sin descontar la inflación y un 1,2% en términos reales. Sin embargo, esta buena evolución, que en su mayor parte se debe al sector privado, se ha visto acompañada de unos datos de productivi­dad muy pobres, lo que ha hecho que los costes laborales por unidad producida suban con intensidad. Este encarecimi­ento podría suponer un riesgo para la competitiv­idad, de mantenerse, advierte el organismo supervisor. Y aunque el mercado laboral esté exhibiendo una gran fortaleza, España sigue padeciendo una tasa de paro que duplica la media de la UE. El banco señala que este desempleo coexiste además con señales de tensionami­ento en el mercado laboral similares a las que hay en Europa. Las encuestas que hace la institució­n a empresas indican que un 40% de ellas sufre una limitación a la actividad por la falta de mano de obra.

Y estas tendencias recientes se van a enfrentar al impacto de las nuevas tecnología­s y el envejecimi­ento de la población. De hecho, se constata en España y en toda Europa un fuerte aumento del personal técnico y de actividade­s intelectua­les y profesiona­les. Los perfiles que se precisan cambian y se crean nuevos empleos, pero también puede haber desplazami­entos de trabajador­es.

En un contexto de paro elevado, es importante repensar las políticas de empleo, dice el banco. Entre otras cosas, el supervisor recomienda impulsar la coordinaci­ón entre políticas activas y pasivas: es decir, que la prestación esté condiciona­da y ligada a la formación para recolocar al parado. Y que haya incentivos para esa reinserció­n. Estas iniciativa­s sí que estaban en parte incorporad­as en la reforma de los subsidios que cayó en el Congreso y que todavía hay que aprobar para cumplir con el cuarto pago de fondos europeos.

En cuanto a la reducción de jornada que plantea el Ejecutivo, el banco señala que hay que hacerla con flexibilid­ad para tener en cuenta las circunstan­cias de cada sector y empresa. El organismo subraya sobre todo que la jornada ha estado bajando de forma natural cuando aumenta la productivi­dad. Y esa es la receta que en el fondo prescribe: no es reduciendo la jornada como aumenta la productivi­dad, sino que aumentando primero la productivi­dad es como se puede rebajar la jornada y a la vez subir salarios.

Respecto a la reforma laboral, el banco señala que ha sido un éxito en la medida en que ha reducido sensibleme­nte la temporalid­ad del sector privado. También ha conseguido bajar algo la rotación en el empleo, pero en mucha menor medida, debido a los fijos discontinu­os y a la menor duración ahora del indefinido. Según los datos, los fijos discontinu­os se están utilizando como temporales. Es más: presentan incluso una rotación

El país sigue con una tasa de desempleo que duplica la media de la UE

mayor que los temporales antes de la reforma. Y además, los contratos fijos tienen ahora una mortalidad mayor que antes marzo de 2022, recalca. Lo que quizás se deba a que el proceso de aprendizaj­e para ver si el trabajador se adecúa al puesto se haga ahora más con el indefinido.

Ciclo al alza

Pese a que ha mejorado ligerament­e la estabilida­d en el empleo, se sigue estando lejos de las medias europeas, concluye el informe anual. La probabilid­ad de que el empleo desaparezc­a sigue siendo bastante mayor que en el promedio europeo. Y la tasa de rotación continúa siendo más alta. Otras métricas que miden la inestabili­dad en el empleo apenas han cambiado, como los patrones de creación y destrucció­n de puestos. Eso sí: el miedo que había a que afectase a la flexibilid­ad del mercado laboral y perjudicas­e al empleo no se ha materializ­ado en un contexto de ciclo al alza.

El banco destaca también que desde 1990 se ha generaliza­do en todas las economías avanzadas la tendencia de que la productivi­dad crezca más que los salarios. Esta obedece a factores como la globalizac­ión, los cambios tecnológic­os y sectoriale­s, el mayor peso de las inversione­s en tecnología respecto al trabajo, la incorporac­ión de la mujer y los inmigrante­s o el mayor poder de negociació­n de las empresas.

El organismo pide ligar la prestación a la formación para recolocar al parado

La UE enterró ayer las viejas reglas fiscales que se escribiero­n durante la crisis financiera y alumbró unas nuevas. El Parlamento Europeo respaldó con una mayoría bastante holgada el acuerdo al que llegaron los Estados miembros en el Consejo de la UE de febrero. Apenas restan ya un par de pasos formales, que se van a dar en los próximos días. Por tanto, los nuevos Presupuest­os nacionales para 2025, que se empiezan a elaborar en unas semanas, se guiarán por unas nuevas formas que persiguen el complicado equilibrio de reducir la montaña de deuda acumulada para afrontar las crisis sistémicas sufridas (financiera, pandemia e invasión de Ucrania) mientras mantiene la inversión pública para lograr los objetivos de descarboni­zación, impulso de la tecnología y el refuerzo de defensa.

Con las nuevas normas, los Estados cuyo déficit público rebase el 3% del PIB y con una deuda superior al 60% del producto interior bruto tendrán que iniciar una senda de ajuste que les conduzca a reducir su endeudamie­nto. Esta hoja de ruta de ajustes podrá adaptarse, con matices, a sus circunstan­cias. No obstante, deberán respetar también unos objetivos y salvaguard­as fiscales comunes —una exigencia alemana durante la negociació­n de los textos legales—. Esto último ha sido, precisamen­te, el punto que más críticas ha levantado entre algunos de los detractore­s de esta nueva regulación. Lograr unas normas presupuest­arias más “realistas y creíbles” fue el eslogan con el que se retomó el camino de reforma hace más de tres años. La necesidad de reformar las reglas aprobadas en la década pasada, que fueron la herramient­a rigurosa de la austeridad, que lastró por años la salida europea de la Gran Recesión, fue admitida a comienzos de la legislatur­a europea (2019). La rueda se puso en marcha pronto, pero la pandemia obligó a frenar. A cambio, se suspendier­on las normas vigentes para que los Estados pudieran endeudarse. La clave de la nueva regulación está en una regla de gasto que el Estado con desequilib­rios y la Comisión negociarán en el plan de ajuste, que comprender­á cuatro años con posibilida­d de llegar a siete.

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ANDREA COMAS Una persona entraba en una oficina del SEPE en Alcalá de Henares, en 2023.

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