Los cortes de calles de los seguidores de Morales asfixian al Gobierno de Arce
Bolivia acumula 11 días de protestas contra la inhabilitación del expresidente
Hace 11 días que la principal carretera de Bolivia, que comunica la capital administrativa, La Paz, con la próspera Santa Cruz de la Sierra, está interrumpida por campesinos seguidores del expresidente Evo Morales. También hay cortes, menos significativos, en otras vías del país. Las demandas están relacionadas con la inhabilitación del expresidente para la candidatura en 2025 por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), la institución contra la que los manifestantes se rebelan. La protesta ha causado escasez de combustibles, alza de precios y pérdidas económicas calculadas en 600 millones de dólares (555,8 millones de euros). Ha puesto contra las cuerdas al presidente Luis Arce, antes considerado “hermano Lucho” y hoy un “traidor” para el movimiento que conduce Morales. El Gobierno no ha querido reprimir los cortes de caminos, que considera “parte de la cultura” política. Confía en que se disolverán cuando se acerque el carnaval, muy importante para los bolivianos.
En los últimos días, los campesinos evistas han querido “radicalizar”, es decir, incrementar la cantidad de cortes para subir la presión sobre las autoridades. “Estamos cansados de la justicia boliviana, que solo hace trampas”, declaró a la televisión uno de los manifestantes. El camino que se veía junto a él estaba lleno de piedras puestas los días anteriores para impedir el tránsito de vehículos.
En otros lugares, acciones como esta, de bloquear las vías con rocas, son consideradas delitos, pero en Bolivia no. Por lo menos, hasta ahora. En medio del actual conflicto, el gremio empresarial presentó un proyecto de ley para sancionar con cárcel los cortes de ruta, que impiden el traslado de mercancías y causan graves pérdidas a los productores y comerciantes. Simultáneamente, el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, declaró que “los bloqueos de caminos son casi una parte de la cultura de Bolivia. El problema es por qué se bloquea. Si es contra una dictadura, por ejemplo, el pueblo tiene todo el derecho de bloquear, pero si se trata de un asunto personal, como la inhabilitación [de Evo Morales], está mal”.
Los manifestantes exigen la renuncia de todos los tribunales judiciales del país, comenzando por el TCP. Para el Gobierno, lo que en verdad buscan es un modo de anular la sentencia constitucional 1010/2023, aprobada en diciembre, que prohíbe que un presidente gobierne más de dos veces, sea de forma continua o discontinua. Esta cláusula sacó del juego electoral a Morales, quien ya ha ocupado tres veces el poder.
El pedido de renuncia general de los altos tribunales se basa en que los mandatos de sus miembros terminaron constitucionalmente el 31 de diciembre. Poco antes de esta fecha, el TCP aprobó la sentencia que inhabilita a Morales y sacó otros veredictos que benefician al Gobierno; por último, ordenó su propia prórroga y la de los demás tribunales hasta que el Parlamento consiga organizar las elecciones judiciales. Estas debían realizarse en 2023, pero la Asamblea Legislativa fue incapaz de convocarlas. Los evistas creen que la continuidad de los magistrados es ilegal.