Los países de la UE usan menos del 30% de los fondos de recuperación
La ejecución de los fondos europeos de recuperación no ha cogido aún velocidad de crucero. Los Estados solo habían usado un tercio del dinero concedido y habían realizado menos del 30% de los avances hacia la consecución de sus hitos y objetivos a cierre de 2023, tres años después de que se pusiera en marcha el mastodóntico plan para sacar a flote la economía comunitaria tras el batacazo de la covid-19 y a mitad del recorrido para gastarlos. Es más: de ese dinero, tan solo la mitad de las transferencias procedentes de Bruselas había llegado entonces a sus destinatarios finales, según un informe que publicó ayer el Tribunal de Cuentas de la UE, en el que alerta de que esta lentitud pone en entredicho la capacidad de los socios comunitarios para llevar a cabo las reformas e inversiones comprometidas. España, que también acumula retrasos, no sale tan mal parada: ha conseguido un 29% de los hitos pactados con Bruselas comparado con una media del 19%, con 121 objetivos alcanzados sobre un total de 416 y un 46% de la financiación desembolsada (el promedio europeo es del 37%).
“Concluimos que la absorción de los fondos del MRR [el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia] avanza con algunos retrasos y que existen riesgos para la absorción y la finalización de las medidas en la segunda mitad de la aplicación”, indica el texto La absorción de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
El MMR es un transatlántico dotado con 724.000 millones de euros. De ese importe, 338.000 millones son subvenciones a fondo perdido y el resto son préstamos. Su desembolso está condicionado a la consecución de objetivos, pactados entre cada capital y Bruselas, vía reformas e inversiones, para que las economías nacionales sean más resilientes ante futuros shocks. Las solicitudes de pago se presentan según un calendario indicativo y la fecha límite es mediados de 2026.
Estos escollos se ven en que la
velocidad de absorción de los fondos ha disminuido con el tiempo. En las primeras fases, el desembolso fue rápido gracias a la prefinanciación de 56.500 millones que la Comisión decidió conceder, un anticipo de hasta del 13% de la asignación reconocida a cada país. Después, llegaron los retrasos.
El informe hace hincapié en que la mayoría de las demoras se deben a la escasez de suministros y el subidón de precios agravado por el conflicto en Ucrania y la infravaloración del tiempo para llevar a cabo las medidas planeadas.