La superbonificación trae de cabeza a Italia.
Las ayudas para la rehabilitación de viviendas, aprobadas tras la covid, son un agujero para las cuentas públicas, pero nadie se atreve a quitarlas
Superbonus (superbonificación) se ha convertido en la palabra de moda en Italia en los últimos años. Está en boca de políticos y ciudadanos a diario y sobre ella se han vertido ríos de tinta. Hace referencia a un programa de incentivos fiscales para modernizar y mejorar el rendimiento energético de edificios e infraestructuras, que se introdujo durante la pandemia y aún se mantiene y que consiste en una serie de deducciones fiscales y reembolsos de hasta el 110% para cubrir los gastos de las obras en las viviendas. Es decir, el Estado devuelve más de lo que los propietarios gastan para acondicionar los inmuebles.
Se trata de una iniciativa muy polémica, criticada duramente por los sucesivos gobiernos, por economistas y por expertos del sector inmobiliario, y que ha afectado al mercado laboral y de la construcción, y ha aumentado el precio de la vivienda, de los materiales de obra y de los alquileres, entre otras cosas. Además de crear desajustes considerables en los presupuestos del Estado y de contribuir a incrementar el déficit y la deuda pública.
En octubre de 2020, en plena pandemia, el Gobierno del Movimiento 5 Estrellas, guiado por Giuseppe Conte, introdujo el superbonus como su medida insignia para emplear los fondos de recuperación europeos en la renovación del parque inmobiliario italiano, muy envejecido. El problema es que no se calculó con atención el impacto de la medida, que ha sido mucho mayor del esperado. En un principio, se estimaba que costaría 71.000 millones a las arcas públicas. Pero la cifra se ha acabado triplicando y, a pesar de que las bonificaciones se han ido restringiendo paulatinamente, hasta este año el Estado ha desembolsado cerca de 220.000 millones de euros.
Los dos ejecutivos sucesivos, el guiado por Mario Draghi, que llegó para gestionar el complicado periodo de la reconstrucción pospandemia, y el actual de Giorgia Meloni, han criticado con dureza el agujero que las superbonificaciones están dejando en las cuentas públicas y han propuesto modificaciones más o menos acertadas, pero ninguno se ha decidido a desmantelarlo y se han quedado enredados en un laberinto que parece no tener salida.
El viraje de Meloni es significativo, ya que cuando era la líder de la oposición, durante el mandato de Draghi, defendió con vehemencia los incentivos a la construcción e hizo campaña electoral para “proteger los derechos del superbonus”. Pero una vez en el poder se dio de bruces con la realidad y comprobó que la iniciativa es insostenible a largo plazo. La primera ministra ultraderechista, temiendo un elevado costo político, se ha limitado a introducir medidas, no demasiado drásticas, para reducir el enorme impacto de las superbonificaciones en la economía nacional.
Puerta abierta al fraude
El ministro de Economía de Draghi, Daniele Franco, llegó a calificar las bonificaciones como “la mayor estafa de la historia de la República”. Y fijó mecanismos para evitar los numerosos fraudes que favoreció la falta inicial de controles. Como una pescadilla que se muerde la cola, las herramientas de inspección más exhaustivas que se han ido introduciendo han incrementado notablemente el gasto público. La superbonificación, que también puede utilizarse para segundas y terceras viviendas o apartamentos vacacionales, ha tenido beneficios como el estímulo del mercado laboral o el ahorro energético a largo plazo, pero también ha favorecido graves desbarajustes en otros ámbitos, más allá de la pérdida de recaudación para el Estado a corto plazo.
Centenares de empresas de construcción han brotado al calor del superbonus, con la consiguiente creación de puestos de trabajo. Sin embargo, lo que en principio parecía un elemento positivo, se reveló como un fiasco, porque se trata de pequeñas empresas, sin mayor solidez, que se han fraguado solo para acceder a las bonificaciones y que se extinguirán con ellas.
De algún modo, el superbonus se ha convertido en un microcosmos que refleja los clásicos problemas de los que adolece Italia, como la burocracia excesiva y poco eficiente o los fraudes y abusos del sistema recurrentes.