La basura invade las calles de A Coruña
Montañas de residuos se amontonan desde hace un mes en un duro pulso entre la concesionaria y líderes sindicales investigados por varios delitos de corrupción
Montañas de basura invadiendo las aceras, hedores, contenedores en llamas, vecinos y comerciantes indignados, y un verano feliz para ratas, moscas y gaviotas. Ese es el panorama en las calles de A Coruña desde hace casi un mes. Los paros parciales convocados por los trabajadores de Prezero, la concesionaria que recoge los residuos, han convertido la ciudad en un gran vertedero. El pulso entre la empresa y la plantilla se produce en medio de una investigación por corrupción que mantiene bajo la lupa judicial a la cúpula del sindicato mayoritario y a la propia adjudicataria. Los desacuerdos que están llevando al límite el conflicto laboral tienen mucho que ver con los manejos presuntamente delictivos que han destapado los investigadores. El Ayuntamiento, que denuncia que los huelguistas han implantado un “régimen de miedo”, advierte de que si el problema no se resuelve hoy, mañana declarará la emergencia sanitaria y limpiará la ciudad contratando a otra compañía.
El Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña persigue desde hace más de dos años una presunta trama corrupta montada a dos bandas. De un lado, exdirectivos de la concesionaria de basuras cuando estaba en manos de Ferrovial (luego fue comprada por Prezero) y de la adjudicataria de la limpieza viaria (FCC Medio Ambiente). Del otro, los líderes del Sindicato de Traballadores da Limpeza (STL), central mayoritaria en estas compañías e impulsora de los paros que han dejado bajo mínimos la recogida de residuos. Según los pinchazos, testimonios y documentos del sumario, estos supuestos sindicalistas cobraban dinero por repartir empleos a dedo y, a cambio de ese poder, mantenían controlados a los operarios y actuaban contra los díscolos.
La jueza sostiene que el cabecilla del STL, Miguel Ángel Sánchez Fuentes, se ha enriquecido ilícitamente durante años usando la organización para ejercer un “control férreo” de la plantilla, “defender los intereses de los directivos” de estas multinacionales y cobrarles a estos los favores de diversas formas. Sánchez sigue al frente de la central pese a estar imputado junto a cuatro colaboradores (entre ellos su pareja y otros dos dirigentes del STL) por varios delitos, entre ellos blanqueo, estafa, tenencia ilícita de armas y corrupción entre particulares. Prezero y FCC Medio Ambiente también están siendo investigadas por corrupción.
El conflicto laboral que ha estallado este verano en A Coruña esconde una guerra soterrada por el control de la contratación del personal eventual, precisamente una de las cuestiones que está bajo la lupa de la jueza. Según varias fuentes cercanas a estos contactos, Sánchez quiere recuperar el poder que tenía antes de ser detenido en el reparto de estos empleos y seguir así nutriendo de trabajadores afines la plantilla de la empresa. Estas fuentes conocedoras de las negociaciones explican que Prezero se opone y pretende incluir una cláusula en los actuales pliegos de la concesión que le permita seleccionar al personal con criterios de “idoneidad” para así mantener la potestad de sus contrataciones y no dejarlas en manos del STL.
El sindicato que dirige Sánchez Fuentes también exige que se paralicen los 88 expedientes disciplinarios (tres a miembros del comité de empresa) y 16 sanciones que Prezero ha impulsado contra parte de sus trabajadores desde que empezaron los paros. Se han tramitado por diversos incumplimientos, desde ausencias no justificadas a accidentes de trabajo que se consideran fraudulentos. Varios castigos acumulados pueden suponer despidos para los acólitos del líder del STL. Las protestas comenzaron el 24 de junio con paros puntuales que, desde un principio, hicieron rebosar los contenedores de forma desproporcionada. Tras una serie de contactos en los que no ha habido acuerdo, el comité ha anunciado una huelga indefinida que arrancará el 28 de julio, justo a las puertas de las fiestas de la ciudad que se prolongan durante todo el mes de agosto.
Malestar vecinal
Con los desperdicios a las puertas de viviendas y locales comerciales, el malestar vecinal crece y la presión sobre el gobierno de Inés Rey (PSOE) es enorme. El Ayuntamiento apoya la negativa de Prezero a aceptar las exigencias del STL. “Lo que no vamos a pedir a la concesionaria es que adopte decisiones ilegales”, afirmó hace unos días el portavoz del ejecutivo socialista, José Manuel Lage. Tras una nueva noche de contenedores en llamas, la alcaldesa envió el pasado viernes un requerimiento a la concesionaria para que recoja la basura en 72 horas y, si no lo hace, declarará mañana la emergencia sanitaria. Esta medida permitirá al gobierno local contratar a una empresa que retirará la basura acumulada. PP y BNG, los dos partidos de la oposición, apoyan el paso dado por Rey, aunque los populares creen que llega tarde. Los nacionalistas argumentan que la del STL “no es una huelga al uso” porque lo que pretenden sus dirigentes imputados por “graves delitos” es “arrogarse las competencias de contratación y promoción interna del personal”.
La regidora socialista admite que la ciudad lleva 18 años sometida al “chantaje” del STL de Sánchez Fuentes por “pretensiones que nada tienen que ver con los derechos de los trabajadores”. “Durante años se cedió y no puede ser: cuando cedemos, a los tres meses estamos en la misma casilla de salida”, afirmó Rey este viernes sobre las diversas huelgas de basura que ha sufrido A Coruña en los últimos años. Denuncia que los huelguistas han desplegado “prácticas de carácter violento que ponen en riesgo a toda la ciudad”.
Según la alcaldesa, hay trabajadores de la concesionaria en desacuerdo con la protesta que viven sometidos a un “régimen de miedo”. “La que está chantajeando es la alcaldesa, bajo nuestro juicio y supuestamente”, defiende el comité de huelga, “porque quiere única y exclusivamente derribar a una central sindical y a unos trabajadores que son reivindicativos”.
El Ayuntamiento estudia declarar mañana la emergencia sanitaria
La alcaldesa admite que la ciudad lleva 18 años sometida al chantaje del sindicato