PP y PSOE pugnan por capitalizar la reforma de la ley penintenciaria
La norma convertirá a los funcionarios de prisiones en agentes de la autoridad, una antigua aspiración del colectivo
La batalla parlamentaria entre el PSOE y el PP llega, incluso, a aquellos temas en los que, sobre el papel, están de acuerdo. Ambos partidos han presentado, para su toma en consideración, sendas proposiciones de ley para modificar la ley general penitenciaria, de 1979, con un mismo objetivo: que los funcionarios de prisiones pasen a ser considerados agentes de la autoridad, una antigua aspiración del colectivo por la que se agravarían las penas para aquellos que atenten contra su integridad y daría a su testimonio presunción de veracidad. En abril, el Senado ya aprobó la propuesta del PP en este sentido con amplísima mayoría —con el voto favorable de los socialistas y solo tres votos en contra y 11 abstenciones— y hoy el Congreso debatirá y votará la del PSOE. Pese a que los textos de ambas son muy similares, el PP aún no ha hecho público cuál será el sentido de su voto ante la iniciativa del partido del Gobierno. La medida afectaría a cerca de 30.000 funcionarios de las tres administraciones con competencias penitenciarias: la central, Cataluña y País Vasco.
La pugna entre ambos partidos se produce con un suceso de fondo: el asesinato el pasado 13 de marzo de Nuria López, cocinera de la cárcel de Mas d’Enric (Tarragona), a manos de un interno que luego se suicidó y las posteriores protestas de los funcionarios de prisiones, que llegaron a bloquear el acceso a las principales prisiones catalanas. Solo ocho días después de aquel crimen, los populares presentaron en la Cámara alta su propuesta, en la que incidían en la necesidad de que los funcionarios tuvieran la condición de agentes de la autoridad con el argumento de que, según las estadísticas de Instituciones Penitenciarias, en 2023 se habían producido 508 las agresiones a estos —una cada 16 horas—, un incremento del 12% con respecto a 2022. El pleno del Senado aprobó su toma en consideración el 24 de abril.
La propuesta socialista es prácticamente igual a la que ya presentaron en la pasada legislatura junto a sus socios de Gobierno, Unidas Podemos, pero que acabó decayendo con el fin abrupto de la legislatura. Según confirman fuentes de EH Bildu, la formación de la izquierda abertzale votará en contra al considerar que el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad no resolverá la conflictividad en las cárceles. ERC no descarta votar en contra, aunque el sentido de su voto aún no está cerrado. El PNV, en el gobierno de la otra comunidad, el País Vasco, que tiene esta transferencia, se debate entre la abstención y el voto a favor.