El ‘mosso’ acusado de filtrar datos se defiende: “Mentimos para sacar información”
Asuntos Internos ofreció beneficios penitenciarios a la confidente que denunció al agente
La carrera del mosso d’esquadra S. C. se derrumbó el 20 de diciembre de 2021. Su exmujer (policía como él), redactó una “nota informativa” y la entregó a sus superiores. Allí se hacía eco de unas acusaciones vertidas por B., una antigua confidente de ambos cuando trabajaban juntos en la comisaría de Sant Adrià (Barcelona). La confidente reveló que S. C. pasaba información a delincuentes del barrio de La Mina a cambio de dinero. La División de Asuntos Internos (DAI) de la policía catalana se puso manos a la obra y un juez imputó al agente por revelación de secretos y cohecho. El sumario del caso plantea interrogantes sobre las motivaciones de los protagonistas y sobre los métodos de investigación de la DAI. El mosso ha pedido que se archive la causa y, mientras tanto, ha logrado que un juez anule la decisión de la Generalitat de suspenderle de empleo y sueldo.
El 19 de diciembre de 2021, S. y su expareja mantuvieron un agrio intercambio de correos electrónicos a propósito de la custodia del hijo en común. Al día siguiente, ella redactó y entregó la nota pese a que conocía los hechos desde hacía una semana y pese a que, como más tarde admitió en su declaración ante el juez, no dio credibilidad a las palabras de la confidente. “Mi exmarido era un gran policía. Me hablaron de un delito y, aunque lo puse en duda hasta la saciedad, tuve que ponerlo en conocimiento. No sé si B. [la confidente] quiso vengarse, pero si yo no hubiese informado estaría aquí quizá como encausada y no como testigo”, afirmó. El agente fue detenido tres meses después: a los cuatro días, la exmujer pidió poner fin al régimen de visitas con el menor.
La confidente contó a la exmujer que el policía (con el que tenía relación desde hacía más de 20 años) cobraba 150 euros por cada consulta que hacía en las bases de datos de Mossos sobre personas de su entorno, vinculadas a actividades delictivas en Sant Adrià. En su declaración como investigada (con derecho a mentir) ante el juez, se desdijo. Explicó que, tras hablar con la expareja por primera vez, se sintió “amenazada y acosada” por unos policías que la seguían al colegio de su nieto y a la puerta de su casa. Eran agentes de Asuntos Internos y querían ampliar la información. Sabían que uno de sus hijos es “un delincuente” (ella misma lo define así) que entra y sale de prisión. Y le prometieron ayuda si colaboraba.
“Me dijeron que, si les ayudaba, mi hijo podría tener beneficios, que podrían hacer que saliera de prisión. Pero también que podían perjudicarle”, contó. La exmujer, que estuvo presente en esa reunión, confirmó ante el juez que efectivamente los policías habían ofrecido a la confidente “beneficios penitenciarios”. Fuentes policiales niegan que ofreciesen sacar al hijo salir de la cárcel y aseguran que en este tipo de situaciones se pueden ofrecer beneficios “de tipo administrativo”, como podría ser un cambio del lugar de trabajo de un interno en prisión. En todo caso, señalan que la mujer no colaboró y fue detenida.
La nota informativa no fue la única vía por la que la DAI sospechó del agente. Unas semanas más tarde, tras un tiroteo en el barrio de Besòs de Barcelona enLa tre dos clanes, uno de ellos (los Alunda) paró a una patrulla y se quejó de que sus rivales en el tráfico de drogas contaban con el trato de favor de un mosso.
Asuntos Interno acusa a S. de “hacer valer su condición de agente” y su elevado “nivel de acceso a bases de datos” para hacer más de 400 consultas sobre siete individuos y pasar la información a cambio de dinero. El principal indicio son sus mensajes de WhatsApp: “Aquí no hay nada de nada”. “Dile al Molina no búsqueda, presentarse en el juzgado”. “Ok, miro las dos cosas. Todo limpio”. S. admite que hizo esas consultas (“¡y muchas más!”), pero que nunca facilitó información sensible ni puso en riesgo una investigación, menos a cambio de dinero. La defensa ha hecho una auditoría y concluye, por ejemplo, que el hijo de la confidente fue consultado por el conjunto de Mossos 30.000 veces en un año; S. fue responsable de 179 de esas consultas. La misma proporción se repite en las otras seis personas, lo que demuestra su “interés policial”.
“Mentimos, nos inventamos información o la damos tergiversada. Decimos lo que queremos porque ellos no pueden saber si es verdad o no. Nos tenemos que ganar la confianza de las fuentes; si no, no sacamos información”, declaró S. Diversos mandos de Mossos admitieron que es habitual ayudar o fingir que se ayuda a una fuente y admitieron que información facilitada por S. sirvió para esclarecer delitos; por ejemplo, el asesinato a sangre fría y en plena calle en Sant Adrià de Valentín Moreno, miembro de los Casuals.
Asuntos Internos sospecha que el agente pudo cobrar “miles de euros”, aunque no aporta indicios. Lo más relevante es una conversación de WhatsApp en el que S. dice a la confidente: “Que te haga bizum, es instante”. La DAI lo interpreta como un indicio de culpabilidad. La defensa, en cambio, lo considera una prueba de descargo, ya que el policía habla de una transferencia para ella. En el año bajo sospecha, el mosso recibió 295 euros en bizums, asegura que por causas justificadas, como regalos o el pago de una cena. Para la defensa es una “cantidad irrisoria”, por lo que es “absurdo” decir que cobraba 150 euros por información, ya que tampoco consta ninguna referencia a pagos en metálico.
Tras ser detenido, la Dirección General de Policía suspendió de empleo y sueldo a S., que trabaja ahora en el sector privado. Pronto podrá regresar, previsiblemente, a los Mossos. El juzgado contencioso-administrativo 12 de Barcelona le ha dado la razón y ha tumbado la decisión de Interior al considerar que la decisión es nula porque no está motivada. El expediente de la Generalitat “no alude a indicios ni hechos concretos”, por lo que la falta de motivación ha provocado indefensión al mosso, según la resolución.
La exesposa del policía denunció que pasaba información a cambio de dinero
La defensa recuerda que recibió en todo un año 295 euros a través de Bizum