Un colegio público prioriza en la matrícula a los nacidos en la Comunidad Valenciana
La normativa de la Generalitat lleva a los centros a premiar que los dos padres trabajen o que el alumno vaya a la parroquia
La nueva normativa de admisión escolar de la Generalitat valenciana, gobernada por el PP, que permite a los centros educativos dar un punto extra a los aspirantes a acceder, ha generado una cascada de criterios discriminatorios tanto en centros públicos como concertados. Entre ellos: “Haber nacido en la Comunidad Valenciana”; que ambos progenitores trabajen; que los niños vayan regularmente a la parroquia, o que los padres fueran en su día a una escuela católica.
La confederación de familias Gonzalo Anaya, mayoritaria en la escuela pública en la Comunidad Valenciana, ha detectado criterios discriminatorios en más de 250 escuelas, analizando la información que la Generalitat publica en su web. Y ha presentado una queja ante el Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo valenciano) pidiendo que se retiren. La organización ha expresado su frustración por el hecho de que la Consejería de Educación no haya respondido a sus advertencias. Y la considera responsable de lo sucedido.
El centro que ha implantado el criterio de dar un punto extra a los niños “nacidos en la Comunidad Valenciana” es el colegio público Federico García Lorca de Alzira, en Valencia. Preguntada por EL PAÍS, una fuente de su equipo directivo ha justificado el criterio: “Ya tenemos mucho alumnado de fuera”. Y añade que con la medida pretenden fomentar la matricula del alumnado autóctono.
El colegio público San Jaime de Benijófar, en Alicante, ha incluido un punto por ser “nacido o nacida en la localidad”. Tanto en un caso como en el otro, la medida supone una discriminación no solo hacia el alumnado extranjero, sino al de otras zonas de España, y en el último caso hacia cualquiera que no haya nacido en el municipio.
El punto extra que se concede por el hecho de que ambos progenitores trabajen ha sido incluido por 34 colegios e institutos, prácticamente todos públicos. El punto vinculado a las creencias católicas ha sido incorporado por ocho centros, todos concertados. Con fórmulas como: “Alumnado participante en alguna actividad parroquial” o “que el padre, madre, tutor o tutora legal haya estudiado en algún colegio católico al menos durante una etapa escolar”.
La ley de educación, la Lomloe, establece que el acceso a los centros educativos financiados con fondos públicos, tanto públicos como concertados, debe realizarse en “condiciones de igualdad”. Y primando hechos objetivos, como que el alumnado que aspire a entrar tenga un hermano en el centro, que viva cerca de la escuela o que sus progenitores trabajen en las proximidades del centro. La Lomloe rechaza la discriminación “por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, opinión, discapacidad, edad, enfermedad, orientación sexual o identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
El decreto de la Generalitat valenciana menciona que no podrá haber discriminación. A raíz de la polémica, el consejero de Educación valenciano, José Antonio Rovira, ha afirmado que su departamento está analizando los criterios fijados por los centros. Un portavoz del Ministerio de Educación afirma que el lunes envió una carta planteando al Ejecutivo autonómico que considera que su decreto de admisión vulnera la normativa estatal, e instándole a revisarlo.
La Confederación Gonzalo Anaya denuncia otras formas de selección que infringen el principio de igualdad, como el hecho de que el estudiante sea hijo de un antiguo alumno del centro. O que haya ido a determinada escuela infantil privada, un criterio que han establecido casi un centenar de centros concertados y que la confederación de familias considera discriminatorio por motivos socioeconómicos, dado que la matrícula en dicha etapa puede alcanzar los 300 euros al mes.
La Lomloe establece que el acceso debe ser en “condiciones de igualdad”
En casi 100 casos se recompensa la procedencia de escuelas privadas