Nos acabaremos haciendo daño
No esperen en este artículo un juicio paralelo. Otros muchos, la enorme mayoría, ya se van a encargar de poner a caer de un burro a Begoña Gómez o a defenderla a capa y espada. En todo caso, siempre que salga una noticia judicial con relevancia política en los días previos a unas elecciones, no piensen en si intentan manipular su voto. Intenten simplemente que este tipo de noticias no altere lo que ya pensaban hacer el próximo domingo, porque entonces sí van a ser voluntariamente víctimas de una manipulación.
La sucesión de los hechos es conocida. Una denuncia presentada por una asociación sesgadísima políticamente, confeccionada con recortes de periódico que parecía un collage de primaria. Un juez de instrucción que la admite porque le parece relevante pese a ser eso, recortes de periódico y ningún dato objetivo, por mucho que uno la mirara del derecho y del revés. El juez declara “investigada” a Begoña Gómez sin citarla a declarar y decreta secreto de la instrucción. La Fiscalía recurre la actuación judicial, una unidad policial relevante hace un informe en el mismo sentido exculpatorio que la Fiscalía, y ahora la Audiencia Provincial de Madrid, en un plazo relativamente breve, enmienda la plana a la actuación del juez instructor de un modo muy amplio, afirmando la desproporción de la decisión de declarar secreta la instrucción y confirmando el parecer de la Fiscalía, en general, en torno a la ausencia de elementos objetivos para iniciar una investigación que no sea prospectiva, de esas de tirar la red al mar a ver que sale. Sin embargo, la Audiencia considera que sí hay un caso de posible delito —no se concreta cuál— por unas cartas que habría redactado Gómez recomendando a una empresa en un concurso público, cartas, por cierto, que no parece que la investigada tuviera la intención de ocultar y cuyo contenido está por ver. Y hete aquí que el juez recibe el auto de la Audiencia, desliza comentarios irónicos absolutamente impropios sobre la actuación de la Fiscalía y hasta sobre el abogado de Gómez, y la cita a declarar el 5 de julio.
Por cierto, en ese auto, de manera un tanto incomprensible, no se decretan más actuaciones de investigación que ese interrogatorio y se alude a otros interrogatorios testificales ya acordados. Como si los interrogatorios, más allá de las ancestrales creencias de la gente, muy difundidas por el cine, sirvieran para algo... Ningún juez del mundo, como ningún ser humano, posee poderes paranormales para mirar y es
cuchar a una persona y saber si miente. De ahí que sea más propio practicar otras diligencias de investigación antes de citar a una persona a declarar, como investigada nada menos.
Esta sería más o menos la historia. Y lo preocupante en la misma es la desconfianza purulenta que se desprende de los escritos y declaraciones de unos y otros. Si hacemos caso a lo que se está oyendo aquí y allá, la Fiscalía sería un mero juguete del Gobierno y la Audiencia Provincial de Madrid un tribunal que emite resoluciones con relevancia política en el momento más inoportuno, justo antes de unas elecciones, cosa que también hace el juez de instrucción, que sería un mero instrumento de la derecha, mediática, política y judicial, al que alguien habrá llamado para que se meta con el presidente del Gobierno, por vía de su esposa, justo ahora que tenemos que votar el próximo domingo. Por supuesto, no hago mías, en absoluto, ninguna de las anteriores afirmaciones.
Pero muchas de ellas están formuladas por quien hace solo cuatro días que se ponía como una hidra por hablar de lawfare, cosa que, por supuesto, no existía en España, faltaría más. Prefiero no pronunciarme al respecto, pero va a haber que acabar concluyendo que si realmente no existiera, no oiríamos a unos y otros decir lo que dicen, dependiendo, obviamente, de a quién desearían proteger o destruir políticamente. Entre unos y otros, el ciudadano medio va a acabar, si no lo ha hecho ya, por no confiar en nadie. Y no confiar en la Justicia, sea la Fiscalía o sea un tribunal, es particularmente grave. Pero claro, tampoco ayuda que algunos jueces y fiscales se manifiesten por una razón política, o que algunos, aún más osados, se pongan a vociferar en las redes sociales al respecto con una orientación política manifiesta. Y que la intención es política es evidente. Ayer se acusaba al presidente del Gobierno por promover una ley de amnistía para que los que querían romper España le llevaran a La Moncloa. Y hoy, ayer más bien, parece que hay quien está dispuesto a que esos sediciosos, rebeldes, terroristas, quién sabe ya, le apoyen en una moción de censura.
Sería recomendable, a unos y a otros, algo de calma, y que se den cuenta de que las instituciones hay que respetarlas. Que no se está en ellas para ostentar el poder, sino para cuidarlas y servir a los ciudadanos, y que por ello es muy importante que esté quien esté en ellas, el ciudadano perciba su papel esencial como garantes de nuestra democracia. Sin embargo, parece que hay demasiadas personas a las que nada de eso importa, y que solo quieren copar totalitariamente el poder, utilizándolo a su conveniencia personal. Es una dinámica muy peligrosa que ya se ha visto antes en la historia, y que ha conducido siempre a situaciones drásticas e insoportables en las que la mayoría de una generación de cargos públicos, unos y otros, acabaron pereciendo enredados en el goyesco duelo a garrotazos, tan nuestro. Nos vamos a acabar haciendo daño.