Proteger a los menores en la Red
El anteproyecto de ley presentado por el Gobierno supone, con sus dificultades, un buen punto de partida para regular una cuestión decisiva
EL CONSEJO de Ministros aprobó el martes el anteproyecto de ley orgánica para la protección digital de los menores, el paso más importante que se da en España para garantizar sus derechos y evitar los potenciales daños asociados a un mundo virtual que ocupa buena parte de sus vidas. La edad media a la que un menor accede a su primer móvil se sitúa en los 11 años, un 95% de los adolescentes tiene acceso a internet y un 98,5% actúa en las redes. Desde 2010, además, se ha duplicado el tiempo que pasan conectados, por lo que minimizar los riesgos que supone para ellos el empleo de las tecnologías es crucial.
El anteproyecto, en el que han colaborado cuatro ministerios de los dos socios del Ejecutivo, tiene un amplio camino por delante en el que podrá ser perfeccionado y negociado con todos los implicados. Acierta al ser más garantista que prohibicionista, pero, sobre todo, llena un vacío en un terreno en el que la legislación siempre va por detrás de la tecnología y de los intereses de empresas que están entre las más poderosas del planeta.
Dos de las cuestiones que medirán la eficacia de la ley son, al tiempo, las que más dificultades plantean. El texto obliga a los fabricantes de dispositivos con conexión a internet a incluir por defecto herramientas de control parental. El Ejecutivo tendrá pues que negociar —también a nivel comunitario— con firmas que no siempre tienen su sede en España ni en la UE. Otro tanto ocurre con el establecimiento de sistemas de comprobación de la edad para evitar que los menores puedan acceder a contenidos pornográficos o violentos. La Agencia de Protección de Datos comenzó en diciembre a desarrollar una herramienta de verificación que, en principio, iba a estar lista este verano, pero su implantación se vincula ahora al desarrollo del reglamento europeo sobre identidad digital porque es fundamental que esa verificación no colisione con el derecho a la privacidad. El hecho de que ningún país haya sido capaz por el momento de crear un sistema verdaderamente efectivo no hace más que subrayar la urgencia de su desarrollo.
La norma prevé también las controvertidas limitaciones del uso de móviles en los colegios, algo que en la práctica todas las comunidades ya han regulado siguiendo la propuesta del Consejo Escolar del Estado. En el ámbito sanitario, se incluye entre las revisiones pediátricas obligatorias un chequeo más para detectar adicciones o situaciones de riesgo, loable propósito siempre que vaya acompañado de la ampliación de recursos en un país con notables carencias en la atención psiquiátrica infantil y juvenil. Sanidad y educación son competencias autonómicas, por lo que Gobierno y comunidades tendrán que pactar su aplicación y evitar que sea un motivo de enfrentamiento entre administraciones.
Medidas como elevar de 14 a 16 años la edad mínima para registrarse en redes sociales o los cambios en el Código Penal para establecer órdenes de alejamiento virtual, agravar las condenas por utilizar identidades falsas o penar las falsificaciones (deepfakes) de contenido sexual o vejatorio deben ser celebradas. Nadie duda de la importancia de garantizar la seguridad de los menores en el mundo digital. Está en manos de todos los implicados conseguir que así sea, también legalmente.
El texto tiene un amplio camino por delante en el que podrá ser negociado con todos los implicados