La Junta pretende recaudar el 5% de lo comercializado para aliviar el elevado gasto en medicamentos en la comunidad. La patronal lo tilda de “impuestazo” Los farmacéuticos andaluces protestan contra el impuesto por vender genéricos
A partir de mañana, los farmacéuticos andaluces deberán detraer de sus ingresos por la venta de genéricos un 5% que irá a parar a las arcas del Servicio Andaluz de Salud (SAS), en cumplimiento de una adenda al convenio que fija las condiciones de la prestación farmacéutica por las oficinas andaluzas, firmada a principios de abril por el Colegio de Farmacéuticos de Andalucía (Cacof ) y la Junta. Para la Administración se trata de un mecanismo para promocionar la venta de medicamentos genéricos; para la Confederación de Empresarios de Oficinas de Farmacia de Andalucía (Ceofa), la patronal de farmacias, y muchos boticarios es un “impuestazo” para ayudar a paliar el gasto farmacéutico, disparado desde que el Gobierno de Juan Manuel Moreno eliminó la subasta de medicamentos, que tampoco gustaba al gremio.
“Es una medida injusta porque se aplica por igual a todas las farmacias, sin tener en cuenta la facturación o la idiosincrasia de cada una, porque no es lo mismo un establecimiento que está en una capital, que otro que está en una ciudad pequeña o en la
Andalucía rural”, sostiene Javier Martínez, farmacéutico de Viator (Almería). Aunque se excluye de la obligatoriedad de abonar el 5% a las farmacias de viabilidad económica comprometida (VEC), hay boticarios para los que ese porcentaje equivale al sueldo de un trabajador o a la cantidad que preveían destinar a inversiones para mejorar los servicios a sus clientes.
“Con los genéricos que vendo, he hecho mis números y tendré que dar al SAS entre 7.000 y 8.000 euros al año, que es lo que yo pretendía destinar a comprar un aparato para hacer controles de hipertensión, así que voy a tener que elegir entre mejorar la atención a mis clientes o pagar al SAS”, cuenta Carlos Fernández, farmacéutico de Almería. Juan Luis Pérez, boticario de Jaén, calcula que ese 5% le supondrá al año 14.000 euros. “Es el sueldo de un trabajador. Habrá farmacias que puedan, pero otras tendrán que prescindir de ese salario y eso implicará que el responsable si está dispensando medicamentos, no podrá tomar la tensión a otro cliente”, advierte. “Quien lo paga es el paciente andaluz al que se le discrimina respecto del resto de España, como pasó con la subasta”, corrobora Martínez.
Ceofa, que está estudiando medidas legales para tratar de dejar sin efecto esta adenda, ha calculado que la imposición de ese 5% puede suponer para las farmacias entre 8.000 y 10.000 euros menos de ingresos al año. “Creemos que la adenda vulnera el decreto de márgenes de beneficio de las farmacias, un límite que está en el 27,9% y que no puede tocarse sin aprobación del Consejo de Ministros”, explica su presidente, Leopoldo González. Unos cálculos que difieren de los realizados por el Cacof, que cifra entre 400 y 500 euros anuales la pérdida para una farmacia media. “Las que más se van a ver afectadas son las que más facturan”, sostiene su vicepresidente, Ernesto Cervilla.
Tras esta polémica subyace la gestión de la política farmacéutica andaluza. La factura de las recetas y el gasto farmacéutico ha subido en un 32,6% —Andalucía es la comunidad donde más crece— desde que el PP entró en el Gobierno de la Junta. “El problema es que el gasto farmacéutico está disparado y la población andaluza está muy envejecida y consume más medicamentos”, apunta González.
Es precisamente para tratar de contener ese gasto para lo que el SAS contactó con el Cacof, reconoce su vicepresidente. “En este tiempo la prestación farmacéutica ha crecido y para que el paciente pudiera seguir teniendo acceso a esos bienes, nos pidieron si podíamos contribuir a su sostenibilidad”, explica Cervilla. “Mientras estuvo vigente la subasta de medicamentos, la Junta percibía ingresos extraordinarios por parte de los laboratorios, pero en este tiempo ha dejado de percibirlos y el gasto se ha incrementado. Esta aportación no va a subsanar el problema, pero a todos nos interesa que el sistema vaya funcionando”, abunda. En sede parlamentaria, la consejera de Salud, Catalina García lo explicó de esta manera: “Hay que trabajar para hacer efectivo el SAS y ellos [por el sector farmacéutico] son preceptores de ingresos económicos del SAS y se implican con nosotros”.
Menos presupuesto
El presupuesto de 2024 para las oficinas farmacéuticas es de 2.277 millones de euros, 108 millones menos que en 2023. “La gestión de la sanidad funciona mal, y está bien que se incremente el gasto para pagar a los sanitarios, pero es que el gasto farmacéutico no hospitalario se ha reducido este año en 100 millones de euros y no pueden esperar que lo compensemos nosotros con el 5% sobre los genéricos”, advierte Pérez.
El SAS y el Cacof insisten en que no es obligatorio para el farmacéutico dispensar genéricos y en que, en el caso que prevé la adenda, cuando se prescribe un medicamento por principio activo —cuando el médico receta por la composición y no una medicina concreta— el profesional puede ofrecer un genérico o la marca. “A los farmacéuticos en general nos interesa tener genéricos porque nos provoca una disminución del número de estocaje de medicamentos sobre una misma molécula en nuestros almacenes y tenemos más margen para poder negociar con los laboratorios”, argumenta Cervilla.
“Negociar el margen con los laboratorios solo es posible para las grandes farmacias, depende del volumen, las pequeñas tenemos mucha menos capacidad para maniobrar”, señala Martínez. Un argumento que comparte Jaime Espolito, presidente de Serfar, la Sociedad de Farmacias Rurales, que también ha sido muy beligerante con la firma de la adenda. “Las farmacias rurales no tenemos posibilidad de gastar más en genéricos”, indica, y llama la atención sobre este tipo de boticas (unas 500 en los pueblos de menos de 5.000 habitantes, en Andalucía) que no llegan a ser VEC (las que están excluidas del pago del 5%), pero que tampoco generan beneficios: “Algunas no pueden casi ni pagar las guardias o poner la calefacción, porque no se la pueden costear”.
La tasa “equivale al sueldo de un empleado”, afirma un propietario Los locales con poca viabilidad económica están exentos de la medida