Cinco jueces del TC podrían incurrir en incompatibilidad para los ERE
Adoptaron resoluciones vinculadas con la causa o tuvieron relación con los condenados
Conde-Pumpido sí vio razones para inhibirse en el Supremo
Montalbán intervino en 22 sentencias de la causa en el TSJA
El régimen de incompatibilidad es el mismo para el TC y el Supremo
El TC resolverá la semana próxima los recursos de Chaves y Griñán
SEVILLA Cinco de los siete magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que han votado a favor de las rebajas de condenas en el caso de los ERE habrían podido incurrir en causa de incompatibilidad por sus vínculos con los altos cargos condenados por el Supremo o por haber participado de alguna manera en diligencias, sentencias judiciales o resoluciones relacionadas con la causa.
Se trata de Inmaculada Montalbán, ponente de todas las resoluciones que dan respuesta a los doce recursos presentados por los altos cargos condenados en la pieza principal de los ERE; Cándido Conde-Pumpido, presidente del TC; el ex ministro Juan Carlos Campo; y las magistradas María Luisa Balaguer y María Luisa Segoviano.
Todos ellos podrían estar afectados por alguna de las causas de incompatibilidad que define el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y que son aplicables a los miembros del TC, dado que el artículo 80 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) establece que le es de aplicación con carácter supletorio la LOPJ en materia de recusación y abstención.
Entre esas causas cabe destacar la número 9, que atañe a los magistrados que tengan una relación de «amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes»; la número 11, que afecta a quienes hayan «participado en la instrucción de la causa penal o hayan resuelto el pleito o causa en anterior instancia»; la número 13, que considera razón de incompatibilidad «haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa en otro relacionado con el mismo»; y la número 16, «por haber ocupado cargo público o administrativo con ocasión del cual haya podido tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad».
Pues bien, Cándido Conde-Pumpido podría haber incurrido en la causa número 13 de incompatibilidad ya que ocupaba el cargo de fiscal general del Estado al inicio de la instrucción de los ERE. De hecho, él mismo se abstuvo de participar en el proceso cuando era magistrado del Tribunal Supremo (TS) por este motivo. El caso ERE llegó al Supremo en 2014 una vez que la instrucción de la juez Mercedes Alaya apuntó a ex altos cargos de la Junta que en ese momento tenían escaño en las Cortes y, por tanto, estaban aforados, como era el caso de Manuel Chaves, José Antonio Griñán, José Antonio Viera y Gaspar Zarrías.
En el escrito presentado el 8 de septiembre de 2014 al presidente de la Sala Segunda del TS, el propio magistrado invoca esa causa número 13 y considera que su papel en el pasado como fiscal general del Estado «aconseja la abstención en esta fase jurisdiccional para garantizar la más absoluta imparcialidad del tribunal». Sin embargo, y aunque el régimen de incompatibilidades es el mismo, Conde-Pumpido no se ha abstenido en el debate y votación de las resoluciones del Constitucional sobre los ERE. La próxima semana el TC debatirá y resolverá los recursos presentados por los ex presidentes Chaves y Griñán.
En el caso de Inmaculada Montalbán,
como presidenta de la sección tercera de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) fue ponente o participó en al menos 22 sentencias entre 2018 y 2021 relacionadas con las ayudas sociolaborales pagadas con el fondo de reptiles. Montalbán ha sido galardonada reiteradamente por los gobiernos socialistas de la Junta. Se le reconoció dos veces con el Premio Meridina (en 2000 y 2010) y se le concedió la Medalla de Andalucía en 2012, siendo presidente Griñán. Además, la Delegación del Gobierno en Andalucía le otorgó en 2022 el Premio Menina.
Juan Carlos Campo fue ministro de Justicia en el Gobierno de Pedro Sánchez. Pero antes ocupó varios cargos dependientes de los condenados por los ERE. Así, fue director general de Relaciones con la Administración de Justicia en el gobierno de Manuel Chaves (entre 1997 y 2001) y secretario de Estado de Justicia, al tiempo que Gaspar Zarrías lo fue de Cooperación Territorial, desde 2009 a 2011, en el gobierno de Zapatero. Posteriormente, ocupó el cargo de secretario general de Relaciones con el Parlamento de Andalucía entre 2014 y 2015. Como cargo público emitió valoraciones sobre el caso en varias ocasiones. Así, por ejemplo, en 2016, durante unas declaraciones realizadas como candidato en la lista socialista por Cádiz, Campo habló de que en el caso ERE «no hubo menoscabo de fondos públicos». Posteriormente, en una entrevista en la Ser como portavoz de Justicia del PSOE, en 2016, mostró su «perplejidad» por el procesamiento de Chaves y Griñán.
La magistrada María Luisa Balaguer fue consejera del Consejo Consultivo de Andalucía entre los años 2012 y 2014, siendo ponente en al menos 28 dictámenes relacionados con los ERE. Por ejemplo, se abordaron las revisiones de oficio de las subvenciones ilegales o la inclusión de intrusos (personas que no tenían derecho a las prejubilaciones recibidas) en las pólizas pagadas con fondos públicos.
Por último, la magistrada María Luisa Segoviano intervino como magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en un auto (ATS 3311/2018) relacionado con el ERE de la empresa Nexprom SA; así como en la sentencia (STS 3692/2021) por la ayuda concedida a la compañía SOS Cuétara, ambos con financiación del de la Junta.