Las comunidades del PP aprueban el reparto y sólo Cataluña se descuelga
Las CCAA aceptan acoger 347 menores inmigrantes procedentes de Canarias y Ceuta
La mayoría de las comunidades acepta la acogida de 347 menores inmigrantes no acompañados procedentes de Canarias y de Ceuta como establecía el cupo acordado para este año. Todas las comunidades del PP han votado a favor y sólo Cataluña se descolgó con la abstención. Es una respuesta mínima para solventar el problema de saturación que viven las islas y la ciudada autónoma y el punto más fácil de resolución de lo que se debatía ayer en la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud en Santa Cruz de Tenerife. Lo que no tiene de momento mimbres para el acuerdo es la reforma de la Ley de Extranjería que pretende establecer un modelo obligatorio de distribución de los menores una vez que los territorios saturados alcancen el 150% de su capacidad de acogida.
Se trata de una cuestión que, tanto si se presenta como proposición de ley como si adquiere la forma de decreto, tendrá que ser aprobada en el Parlamento pero del primer debate que ayer se celebró en el marco de la Conferencia Sectorial se desprende que la propuesta tendrá todavía que ser estudiada con detalle por las autonomías y negociada intensamente entre los grupos parlamentarios.
En este contexto, la negociación tendrá un protagonista clave, el Partido Popular, único capaz de aportar los votos suficientes para que la reforma de la ley salga adelante, después de que Cataluña haya anticipado que sin el reconocimiento de su singularidad en materia migratoria no la aceptará. La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, avisó
de que el Gobierno central no contará con sus siete votos si la reforma de la ley no excluye a Cataluña. Y poco después, en la propia reunión de la Conferencia, el consejero de Derechos Sociales de la Generalitat, Carles Campuzano, trasladó el mismo mensaje en nombre del Govern.
«Si no hay una exclusión de Cataluña de esta ley, no podremos votarla porque se trata de algo que tensiona más nuestro país», afirmó la portavoz de Junts quien avisó además
que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, «no es el que marca las prioridades Cataluña» e insistió en que el Gobierno central debe negociar con la Generalitat la delegación integral de las competencias en materia de inmigración, tal y como se comprometió el pasado mes de enero a cambio de que Junts no tumbara los dos primeros decretos de la legislatura.
Sin contar con los votos de Junts y ERC –en total 14– se desmorona la
mayoría de la investidura y la aprobación de la reforma de la Ley de Extranjería queda en manos del PP.
Los consejeros de las once autonomías populares trasladaron ayer en la reunión una misma queja: la propuesta de modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería sólo había llegado a sus manos el día anterior por lo que no habían tenido tiempo para analizarla.
Será por tanto este un asunto que centrará las negociaciones entre socialistas y populares en los próximos días porque la intención del Gobierno es registrar la propuesta en el Congreso de manera inmediata con la previsión de que pueda estar aprobada en un máximo de dos o tres meses.
Además, muchas de ellas expresaron su «indignación» por las acusaciones que estos días ha lanzado la ministra de Infancia, Sira Rego, afirmando que algunos territorios no han cumplido con sus anteriores compromisos de acogida pero se han quedado con los fondos gubernamentales destinados a ello. La consejera gallega exigió a Rego rectificar porque la no llegada de los menores a Galicia se ha debido a la incapacidad de tramitación de sus salidas de Canarias.
Las autonomías del PP, como anunció Feijóo, sí aceptan la acogida de los 347 menores que quedó pendiente de aprobación el pasado 11 de junio. De acuerdo con este reparto, todavía basado en el sistema de la solidaridad voluntaria, Andalucía tendría que acoger a 30 niños; Aragón, 20; Asturias, 24; Baleares, 10; Cantabria, 29; Castilla y León, 21; CastillaLa Mancha, 20; Cataluña, 31; Valencia 23; Extremadura, 30; Galicia, 26; Madrid, 30; Murcia, 16; Navarra, 15; País Vasco, 18 y La Rioja, 4.