Estados Unidos arrincona a los críticos con Israel
L Biden denuncia la violencia en los campus pero no condena las protestas L Al menos 2.000 personas han sido detenidas
EEUU estrecha a todos los niveles –municipal, estatal y nacional– el cerco contra los estudiantes propalestinos y antiisraelíes que en las últimas semanas han levantado campamentos, ocupado edificios y llevado a cabo protestas en más de 50 universidades de todo el país. En al menos 42 de ellas, situadas en 23 estados, la policía ha llevado a cabo arrestos de manifestantes, según estimaciones del diario The New York Times.
En total, la cifra de detenidos asciende a al menos 2.000 , aunque la práctica totalidad de ellos han sido ya puestos en libertad al ser acusados sólo de entrar ilegalmente en edificios, amenazas o actos vandálicos. Un pequeño porcentaje de ellos no son alumnos ni personal docente, sino activistas ajenos a las instituciones universitarias que se sumaron a los actos de protesta. También han sido arrestados algunos profesores. Las protestas, sin embargo, no tienen visos de disminuir, lo que constituye un serio problema para el Partido Demócrata, que es, al mismo tiempo, la formación a la que votan la mayor parte de los judíos estadounidenses, los jóvenes universitarios y la izquierda del país. Así, ese partido está atrapado en una especie de guerra civil –por fortuna, sin excesiva violencia– entre tres de sus grupos de votantes más importantes.
Así es cómo, después de haber sido criticado por su silencio, Joe Biden habló ayer, y dio una de cal y otra de arena en este caos que no deja de crecer. El presidente trató de instar a los manifestantes a que protesten pero sin alterar el orden público o la vida universitaria. «Hay derecho a protestar, pero no a crear caos», dijo en una breve comparecencia en la que añadió que «destruir la propiedad ajena, romper ventanas, entrar ilegalmente en los campus, obligar a suspender las clases y las ceremonias de graduación» no sólo no es parte del ejercicio de la libertad de expresión, sino que priva a otros estudiantes «del derecho a una educación, a un diploma académico».
La cuestión es si esas palabras tan mesuradas, basadas en la idea de que protestar contra Israel es lícito pero no alterar el orden público, van a tener algún efecto en una situación que en algunos campus recuerda a una olla a presión a punto de estallar y en un país en el que, por ejemplo, en 2017 la ciudad de Dickinson, en Texas, prohibió la entrega de ayudas públicas tras el huracán Harvey a todo aquel que no firmara un documento en el que se comprometía a no boicotear al Estado de Israel.
Donald Trump también entró en liza el miércoles al referirse a los manifestantes como «lunáticos» y, en una filigrana conspiratoria, insinuar que trabajan en secreto para Biden «con el objetivo de distraer la atención de la frontera Sur por la que sigue entrando millones de inmigrantes ilegales». Entretanto, la tensión ha subido con la entrada de los antidisturbios en el campus de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA, según sus siglas en inglés), donde dispararon balas de goma y desmantelaron un campamento montado en solidaridad con Gaza en el campus. En total, 131 estudiantes y un profesor fueron detenidos. La necesidad de que las fuerzas del orden acabaran con la protesta había sido defendida por el gobernador demócrata de California y casi seguro candidato a la Casa Blanca en 2028, Gavin Newsom.
El campamento de UCLA ejemplifica el grado de tensión en las universidades estadounidenses y el rechazo de todas las instancias de Gobierno –incluyendo los rectorados– a esas acciones. El día anterior, los manifestantes propalestinos habían sido atacados por un grupo proisraelí, lo que degeneró en una batalla campal en la que la policía tardó cuatro horas en intervenir. Los contramanifestantes se habían financiado a través de la web GoFundMe, que ha roto su política de no aceptar donaciones para cuestiones políticas en este caso y en la creación de un fondo de defensa legal para Donald Trump. Entre los donantes a ese fondo está el financiero Bill Ackman, que tiene una fortuna estimada en 3.900 millones de euros.
Entretanto, y en una medida que ha tenido menos repercusión pública pero puede tener gran trascendencia en el futuro, la Cámara de Representantes aprobó el miércoles por la noche (madrugada del jueves en España) por una amplia mayoría y con el apoyo de los dos partidos, el Demócrata y el Republicano, un proyecto de reforma de la Ley de Derechos Civiles –que es la principal legislación contra el racismo en EEUU– que expande la definición de antisemitismo hasta un punto que, según sus críticos, supone un recorte del derecho a la libertad de expresión. Según esa reforma, criticar a Israel podría ser considerado racismo.
La reforma, que aún debe ser ratificada por el Senado para entrar en vigor, codifica en la ley la definición de antisemitismo establecida por la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés), un grupo creado en 2013 por el ex primer ministro socialdemócrata sueco Göran Persson y con sede en Alemania. Dentro de los ejemplos que la propia IHRA cita como muestras de antisemitismo (una palabra aceptada de manera generalizada, pese a que el término semita no tiene validez científica y, en todo caso, se refiere a los antiguos habitantes de Oriente Próximo) hay casos impecables, pero también otros de una ambigüedad notable.
Entre los primeros están la negación o la disminución de la importancia del Holocausto nazi, los llamamientos a la violencia –incluida la muerte– de personas judías o acusar a los judíos como comunidad de las acciones del Estado de Israel. Entre los ambiguos se encuentra «afirmar que el Estado de Israel es una empresa racista», que es, precisamente, el eje del movimiento BDS (Boicot, Desinversión, Sanciones) con el que simpatizan los partícipes en las protestas, y que traza un paralelismo entre ese país y la Sudáfrica del apartheid, donde la población de raza blanca tenía un estatus legal muy superior a la de las demás razas.
También está ahí «afirmar que los judíos mataron a Jesús», lo que ha provocado que dos de los republicanos trumpistas más extremos, Marjorie Taylor Greene y Matt Gaetz, hayan votado en contra de la reforma. Un argumento más laico es el empleado por el representante demócrata –y judío– Jerry Nadler, que ha afirmado que «la Ley es demasiado amplia. Declaraciones públicas críticas acerca de Israel no constituyen discriminación ilegal». La ley podría completarse con otras que han sido planteadas, y que incluyen la posibilidad de que el Estado suspenda las ayudas públicas a las universidades que no combatan el antisemitismo ni protejan a los estudiantes hebreos. La propuesta también ha sido criticada por su ambigüedad a la hora de determinar en qué consiste esa protección.