Canarias pone coto al alquiler turístico: pisos de 10 años y permiso vecinal
El Gobierno de Coalición Canaria y el PP publica el anteproyecto de ley para regular el sector y desata las críticas de la patronal
El Gobierno de las Islas Canarias ha emprendido el camino para regular la actividad de alquiler vacacional en el archipiélago al publicar el Anteproyecto de Ley de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas que establece las bases para ordenar la explotación vacacional de los inmuebles. El Ejecutivo formado por la alianza entre Coalición Canaria y el
PP, liderado por Fernando Clavijo, fundamenta el texto en la «necesidad de contar con una regulación que contribuya al establecimiento de un modelo urbanístico, territorial y turístico sostenible» y lo expone a las alegaciones de personas y entidades interesadas.
El texto establece que los inmuebles destinados al alquiler vacacional deben tener una antigüedad mínima de 10 años, licencia de primera ocupación, una superficie mínima de 39 metros cuadrados útiles «si sólo se puede alojar una persona» (44 metros para dos personas y «para cada persona adicional deberá disponer como mínimo de 8 metros cuadrados útiles más de superficie») y dos baños completos si el número de plazas es superior a cuatro (tres baños en el caso de superar las ocho plazas).
Además, los vecinos tendrán que mostrar su consentimiento para la explotación de este tipo. «No se podrá autorizar ni realizar la actividad de explotación del uso turístico de hospedaje en viviendas sometidas al régimen de propiedad horizontal si lo impiden el título constitutivo o los estatutos de la comunidad de propietarios, en el sentido de que determinen la no posibilidad de uso para finalidades diferentes a las de vivienda como residencia habitual», establece el anteproyecto. En el caso de que no exista dicho impedimento, será necesario un acuerdo de la junta de propietarios en el que se acepte expresamente la posibilidad de comercialización turística de las viviendas.
Las casas además deben tener una toma de corriente homologada para recargar vehículos libres de emisiones o bien justificar la existencia de un punto de recarga de acceso público en un radio de 500 metros.
En cuanto a la habilitación del suelo, entre otros aspectos, el planteamiento del Ejecutivo canario recoge que la capacidad alojativa máxima para el uso de hospedaje del suelo calificado para un uso residencial será del 10% de los habitantes de cada núcleo de población según los datos del padrón municipal de habitantes y que no se admitirán concentraciones del uso de hospedaje en viviendas superiores al 10% de los habitantes de cada sección electoral, entre otras cosas. Dicho de otra forma, la norma establece, con carácter general y flexible, que el 90% de la edificabilidad residencial deberá destinarse a domicilio permanente, mientras que en las Islas Verdes se aplicará el 80%.
La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, explicó durante la presentación del anteproyecto que serán los ayuntamientos quienes establecerán los límites, en el ejercicio de sus competencias urbanísticas, e indicó que «no se trata de prohibir y sí de planificar y ordenar». El texto es la respuesta del Gobierno isleño al problema de acceso a la vivienda que va en aumento en la comunidad ante el incremento del turismo desde la pandemia y la escasez de oferta. Representantes de la Consejería de Turismo se reunieron ayer con representantes de patronales turísticas, sindicatos, ACEGI y Ascav, la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, para abordar el contenido de la ley.
Ascavhasidouna de las más críticas con el contenido al asegurar ayer en un comunicado recogido por Europa Press que la iniciativa es un «exterminio» de las viviendas turísticas porque sienta las bases de una «paulatina e inexorable» desaparición de esta modalidad, con un «refrito» de las directrices más limitativas de España y la UE.
«El objetivo lo ha dejado claro el Gobierno: prohibir las nuevas viviendas vacacionales en Canarias desde ya e ir eliminando las que ya están ejerciendo la actividad legalmente», señala. Según la asociación, el anteproyecto «es una auténtica moratoria» a las viviendas vacacionales pues a partir de la entrada en vigor de la norma «no se van a admitir más altas» salvo lo que autorice el planeamiento municipal.