Diez días de plazo para el fiscal
L La consejera del Tribunal de Cuentas encargada del ‘procés’ fuerza a Martín-Granizo a pronunciarse antes de las elecciones catalanas y de la amnistía L Se investiga si hubo malversación en el 1-O y Diplocat
La consejera responsable del Tribunal de Cuentas del juicio por malversación en el 1-O y los gastos en el exterior, Elena Hernáez, ha reactivado el caso del procés, según fuentes del órgano fiscalizador consultadas por EL MUNDO. En concreto, ha dado un plazo de 10 días al fiscal del Tribunal de Cuentas y a la acusación popular, ejercida por Sociedad Civil Catalana, para que presenten sus conclusiones antes de dictar sentencia sobre la treintena de independentistas que presuntamente malversaron millones de euros en el referéndum ilegal del 1 de octubre y en la creación de embajadas y el Diplocat.
Esta iniciativa implica que el fiscal, Manuel Martín-Granizo, deberá pronunciarse antes de las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo y la posible entrada en vigor de la Ley de Amnistía.
El acuerdo del PSOE con los independentistas es que cuando entre en vigor la ley de amnistía ninguno de los independentistas tengan que devolver el dinero malversado por el 1-O y la promoción de la secesión en el exterior. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas continúa adelante al no estar aún vigente la nueva normativa de perdón. Una vez recibida la respuesta de Fiscalía y acusación popular, Hernáez, consejera a propuesta del PP, dará traslado a las defensas de los independentistas para que se pronuncien. Dispondrán de otros diez días hábiles.
Hernáez ha rechazado hasta ahora dar por concluido el caso, pese a la Ley de Amnistía, como han solicitado reiteradamente las defensas de los independentistas encausados. Fuentes del Tribunal señalan que la reactivación ha sido posible tras un auto del pasado marzo sobre
intereses de demora que zanjaba una petición de los letrados de los políticos independentistas.
El organismo fiscalizador del Estado intenta recuperar dinero público desviado a fines ilegales. El pasado noviembre, los abogados de los 35 líderes independentistas acusados de malversar hasta cinco millones de euros durante el procés presionaron a la consejera encargada del caso para que asumiera la amnistía, una vez alcanzados los acuerdos de investidura. Entre los acusados figuran el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont; su vicepresidente, Oriol Junqueras, o los antiguos consejeros Raül Romeva y Jordi Turull.
«Es batalla perdida», dijo el ex consejero de Presidencia de la Generalitat, Francesc Homs, tras la vista celebrada el 17 de noviembre en la sede del Tribunal de Cuentas. «Es un dislate. No tiene sustento», declaró, por su parte, el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye. Éste incluso dijo que los independentistas han tenido que gastar mucho dinero en este proceso del Tribunal de Cuentas y, sin llegar a decir que forma parte del llamado lawfare, avisó de que «un día habrá que mirarlo».
Junts y el PSOE acordaron que pueda haber «acciones de responsabilidad» si el aparato judicial actúa con fines intimidatorios contra el separatismo, que es en lo que consiste el presunto lawfare. Tanto Homs, como Boye y demás abogados de los 35 independentistas acusados pidieron a Hernáez que les ahorre seguir con el juicio «por economía procesal». La consejera, por su parte, se declaró «consciente de las circunstancias de toda índole» que rodean el caso, pero se resistió a suspender el juicio mientras la amnistía no esté en vigor.
El fiscal del Tribunal de Cuentas apoyó entonces a Hernáez. Admitió que es probable que, con la aprobación de la Ley de Amnistía, sea estéril proseguir lo que acabará con evitar que todos los encausados devuelvan el dinero público malversado. Pero respaldó que, mientras esté en tramitación la ley, se puede continuar el juicio.
El Ministerio Público reclama 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria a los 35 encausados tras rebajar las estimaciones iniciales del propio Tribunal de Cuentas, que había previsto una responsabilidad contable de unos 9,5 millones de euros.
Sociedad Civil Catalana, por su parte, reclama cinco millones de euros a 11 ex cargos del Govern incluidos en la lista del Ministerio Público. Los encausados ya han aportado una fianza de cara al juicio para evitar embargos.