Puig dejó al 20% del sector público sin plan antifraude
La Intervención no halló mecanismos para prevenir y detectar conflictos de intereses
Una de cada cinco empresas del sector público instrumental de la Generalitat Valenciana no tuvo durante los gobiernos de Ximo Puig mecanismos para prevenir y detectar el fraude y la corrupción en los procesos de licitación y contratación. Así lo recoge la Intervención en el informe anual de 2022, el último año completo del Botànic al frente del Consell, al que ha tenido acceso EL MUNDO.
En su auditoría a las 53 entidades que forman parte del entramado de empresas y fundaciones públicas, 11 de ellas, lo que supone el 20%, no habían adoptado medidas adecuadas para «luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción ni para prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación». Esto supone un incumplimiento del artículo 64 de la Ley de Contratación del Sector Público, que obliga a establecer controles «con el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores».
La propia Intervención recomienda que se adopten «sistemas de integridad» que incorporen medidas de prevención y detección eficaces para la lucha contra el fraude, la corrupción y los choques de intereses. En este punto, advierte de la conveniencia de que «todos los participantes en el proceso de contratación y en todas sus fases», firmen compromisos de «ausencia de conflicto de interés».
Fuentes del Gobierno de Carlos Mazón aseguran que se trata de una nuestra más de la «barra libre» que dejaron Puig y sus socios de Compromís y Podemos para que el fraude, la corrupción y el favoritismo «camparan a sus anchas».
Este descontrol en el sector público se suma a las 9.000 contrataciones temporales que, entre 2021 y 2022, realizó el Botànic sin autorización presupuestaria y que, en el caso de 2022, supusieron un gasto no aprobado de 373,5 millones de euros.
A estos casos se suman los 1.800 puestos que pretendían cubrirse en la SGISE, la sociedad que gestiona las emergencias, a pocas semanas de las elecciones autonómicas de 2023 y que fue frenado por la Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Hacienda.