Las presas españolas de Maduro
Cuatro mujeres están detenidas por motivos políticos; la última desapareció el viernes
Rocío San Miguel está en paradero desconocido desde el viernes
Las mazmorras venezolanas encierran a 261 presos políticos
«¿Dónde está Rocío San Miguel?», se preguntaba ayer la sociedad civil venezolana en medio del carnaval tras conocerse la desaparición forzada de la activista de derechos humanos. La presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional permanece en paradero desconocido desde que agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) la capturasen el viernes pasado junto a su hija en el aeropuerto internacional de Maiquetía, cuando se disponía a salir de viaje.
«Rocío San Miguel sigue desaparecida, no sabemos su paradero. Hemos visitado varios sitios de reclusión y ninguno da una respuesta definitiva. Hemos presentado un recurso de habeas corpus», informó ayer el abogado defensor Juan González
Tuagarico desde el acceso al siniestro Helicoide, la sede de la policía política del chavismo, después de visitar sin éxito otros presidios y comisarías.
Con la detención ilegal de San Miguel, destacada personalidad de la sociedad civil que cuenta con doble nacionalidad, son cuatro las presas políticas españolas que permanecen en las mazmorras de Nicolás Maduro. Se trata de María Auxiliadora Delgado Tabosky, encarcelada desde hace cinco años de forma injusta por ser hermana de un oficial militar al que se acusa de conspiración; Ángela Expósito, condenada por el atentado de los drones contra Maduro de 2018, y Karen Hernández, acusada de formar parte de la operación Gedeón, el fracasado desembarco de militares rebeldes de 2020.
«Lo que ha dicho el fiscal no soluciona absolutamente nada porque no aclara qué órgano policial la detuvo, ni a la orden de qué tribunal está ni tampoco qué fiscal dirige la investigación», advirtió González, quien añadió que también han perdido el contacto con Miranda San Miguel, hija de la activista, que fue la primera en advertir de la acción de los agentes revolucionarios. También han desaparecido el ex marido de San Miguel y padre de Miranda, además de dos hermanos y otro familiar.
Naciones Unidas ha denunciado en reiteradas ocasiones el patrón que sigue la revolución en contra de las familiares de los presos, especialmente los militares, que son hostigados, perseguidos e incluso encarcelados, como en el caso de la española Delgado.
La única información oficial conocida la suministró el domingo el fiscal de Maduro, Tarek William Saab, quien a través de sus redes sociales aseguró que San Miguel está presuntamente vinculada a la «trama conspirativa e intento de magnicidio denominado Brazalete Blanco», una de las cinco supuestas conspiraciones contra Maduro denunciadas por la revolución como justificación para emprender la última embestida contra opositores, sindicalistas y ONG.
Además de San Miguel, tres jefes regionales (Juan Freites, Luis Camacaro y Guillermo López) de su campaña electoral y de su partido, Vente Venezuela, y el líder de los maestros, Víctor Venegas, están detenidos desde hace 20 días acusados de participar en las mismas conspiraciones.
El chavismo también acusó a la activista de derechos humanos Tamara Suju y a la periodista especializada en temas militares Sebastiana Barráez de participar en los mismos complots, que también ha supuesto la purga de 30 uniformados. Las dos mujeres están en el exilio.
«¿Qué ha dicho Nicolás Maduro de las conspiraciones? Cuatro conspiraciones dice haber abortado el Gobierno de Venezuela en 2023 y una
en enero de 2024. La Constitución garantiza el debido proceso, por lo que se deberían conocer los datos de detenidos, el lugar de reclusión, los jueces a cargo del proceso…», criticó la propia San Miguel en enero, de forma casi premonitoria porque parecidas
circunstancias se repiten hoy contra ella misma.
Se da la circunstancia de que San Miguel cuenta con medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que hace 10 días instó al Gobierno venezolano a que cumpliera la sentencia del caso Lista Tascón. San Miguel, Thais Peña y Magaly Chang fueron despedidas hace dos décadas del Consejo Nacional de Fronteras en aplicación de la famosa lista, a cuyos miles de integrantes se persiguió por haber firmado a favor del proceso revocatorio contra Hugo Chávez.
En la actualidad, las mazmorras de Nicolás Maduro albergan a 261 presos políticos, según el Foro Penal. Entre ellos destacan 18 mujeres, tres de ellas españolas.
«Seguimos en la lucha a la espera de una ayuda humanitaria a través de lo negociado en el Acuerdo de Barbados. Siempre tendremos esperanza, pero sabemos lo difícil que ha sido», subrayó para EL MUNDO Osman Delgado, padre de María Auxiliadora, cuyo caso es de una crueldad extrema. Ella y su marido, militar de origen italiano, sufrieron una falsa liberación: tras 170 días con decreto de libertad por fin les excarcelaron y les mandaron en un taxi a su hogar, pero las temidas Fuerzas Especiales de Maduro (FAES) les volvieron a detener para presentarles ante otro juez. El año pasado fueron condenados a 30 años de prisión por financiación del terrorismo.
María Auxiliadora, a quien se le descubrió un nódulo en el seno hace año y medio, lleva cinco meses a la espera de que se le autorice una visita médica pese al dolor que sufre. Desde hace ocho meses no ha recibido visitas porque sólo se permite que sean familiares directos, todos ellos fuera del país. Amnistía Internacional reclamó en enero una acción urgente a favor de la pareja por su reclusión «injusta». Según la familia, el cónsul español sólo ha podido visitarla en dos ocasiones pese a los cinco años transcurridos.
Sobre la docente Expósito también recae una condena de 24 años de prisión. Su principal pecado fue gestionar la fundación Fundanimal, que rescataba a animales que se quedaban sin dueño por las represalias políticas. Entre ellos, el perro de Óscar Pérez, el policía rebelde ejecutado por tropas chavistas junto a su grupo conformado por cinco hombres y una mujer, en enero de 2018. En su caso también se han denunciado torturas y malos tratos.
A Karen Hernández se la involucró en la fallida operación Gedeón, realizada por un grupo de militares rebeldes que intentaron desembarcar en Venezuela desde Colombia. Está acusada de traición a la patria, rebelión y otra serie de delitos.