Los vínculos del Kremlin con el 3% catalán
La injerencia rusa halló en la corrupción la puerta de entrada a Cataluña
La presencia de elementos cercanos al Kremlin en Cataluña, vinculados y a veces indistinguibles de grupos criminales, empieza a ser detectada por los servicios de inteligencia occidentales a mediados de los noventa y están vinculados principalmente a la corrupción política y el blanqueo de dinero.
Un informe del Partido Demócrata norteamericano, que presentó en el Congreso en 2017 ante el aumento de la injerencia rusa en las democracias occidentales, sitúa el desembarco en Cataluña de miembros destacados de la mafia de San Petersburgo –el clan Tambov–, a finales de los noventa, con Gennady Petrov como cerebro.
Petrov tenía contactos directos con el círculo de Putin y especialmente con el entonces ministro de Defensa, Anatoly Serdiukov, y con el diputado y líder del partido putinista, Vladislav Reznik. «La mafia rusa se ha mostrado muy activa en Cataluña desde hace años, construyendo una red de influencia y contactos con políticos y empresarios e intentando sacar partido de la rivalidad y tensiones entre las autoridades regionales y nacionales», apunta el informe norteamericano. Uno de los contactos políticos de la red de Petrov fue Xavier Crespo, un destacado diputado de CiU y alcalde de Lloret de Mar hasta 2015. Año en el que fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a nueve años y medio de inhabilitación por soborno y prevaricación, facilitando la concesión de obras a Petrov.
Esta relación tan estrecha entre intereses geoestratégicos y económicos de los círculos rusos con el nacionalismo catalán va en aumento a medida que el independentismo gana fuerza y se convierte en una amenaza para la estabilidad política de España y la UE. El informe del Partido Demócrata, citando fuentes de inteligencia, señala que Rusia vio en una Cataluña independiente «la base para penetrar en otras partes de Europa, donde sus actividades de negocio se han visto restringidas por las sanciones aplicadas por las autoridades de la UE y EEUU». Una descripción que encaja con el caso Voloh, en cuya instrucción el juez Jesús Aguirre sostiene que el Gobierno presidido por Carles Puigdemont intentó establecer vínculos de «influencia política y económica» con Rusia de cara a una hipotética Cataluña.
Con ese supuesto propósito, Puigdemont se reunió en su vivienda oficial con Nikolay Sadovnikov, un ex diplomático ruso y supuesto empresario que los servicios de inteligencia occidentales consideran agente del Kremlin. El encuentro se produjo pocos días antes de la declaración unilateral de independencia en el Parlament del 27 de octubre de 2017.
En el encuentro con Puigdemont y en otro celebrado con Elsa Artadi, dirigente de Junts, también participaron el ruso Sergey Motin, un supuesto militar, y Jordi Sardà Bonvehì, quien posteriormente estuvo implicado en una presunta estafa con petróleo ucraniano. Los emisarios rusos habrían ofrecido apoyo militar y financiero para llevar a cabo el proceso de sedición y, a cambio, Cataluña debería facilitar la entrada y uso de criptomonedas y otras cuestiones estratégicas.
Dentro del caso Voloh, el juez subraya, además, los vínculos del jefe de Gabinete de Puigdemont, Josep Lluís Alay, con Rusia. En 2019 Alay viajó Moscú para reunirse con diferentes miembros de los servicios secretos y del ejército, entre ellos, Eugeni Primakov, ex miembro del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma Estatal, diputado del partido de Putin y nieto del ex primer ministro ruso Yevgueni Primakov.