Cataluña pide al Gobierno el control de fondos de la Unión Europea
El Gobierno catalán acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de gestionar con «poca eficacia» los fondos europeos Next Generation dirigidos al sector industrial. En concreto, la consejera de Economía y Hacienda, Natàlia Mas, denunció ayer que el 72% de las convocatorias estatales han quedado desiertas. Por ello, la responsable económica del Gabinete de Pere Aragonès propuso un Perte (Proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica) de 8.100 millones de euros gestionado por las comunidades autónomas que, para Cataluña, supondría 1.820 millones, el equivalente al peso del sector de la industria regional en España (22,5%).
Según las estimaciones de la Generalitat, un total de 2.539 sobre 3.504 millones no han sido asignados debido a «un mal diseño» para el reparto de las subvenciones, que se realiza de forma «homogénea y no adaptada a cada territorio».
Para crear el Perte territorial, el Govern plantea recoger esos fondos no adjudicados y añadirles el nuevo tramo de ayudas comunitarias que llegarán a España, la denominada adenda. La gestión de los fondos europeos formó parte de las negociaciones del PSOE tanto con Esquerra Republicana como con Junts para la investidura de Sánchez.
En su comparecencia, la consellera Mas quiso dar la voz de alarma sobre «la gravedad» del alto porcentaje de fondos que se quedan sin asignar en el sector industrial. El Ejecutivo catalán señaló que, de las convocatorias estatales relacionadas con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MMR), que suman 13.866 millones, han quedado desiertas el 31% (4.240 millones), un porcentaje muy inferior al industrial.
Hace una semana, el Gobierno de Euskadi y la patronal Confebask ya reclamaron la gestión directa de 1.047 millones de subvenciones del MMR. En la propuesta vasca de Perte regionales, el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, recordó que el plazo de ejecución de este sistema de ayudas finaliza en 2026 y, en consecuencia, «existe un serio riesgo de que no sean ejecutados, lo que obligaría a devolver a Europa los fondos no empleados».
El Ejecutivo presidido por Iñigo Urkullu propone destinar a las comunidades el 65% de los fondos de los Perte estatales aún no distribuidos (11.790 millones de euros), de manera que desde el País Vasco se gestione el 8,88% (el peso de su industria en España).