Gobierno y banca amplían el plan para hipotecados
Sellan una nueva versión del Código, aunque las entidades no lo ven necesario
Nadia Calviño se va en cuestión de semanas al Banco Europeo de Inversiones (BEI) con la ampliación del Código de Buenas Prácticas bajo el brazo. El sector financiero llegaba a la reunión con el Gobierno de ayer casi con la mesa y el menú puesto, sin demasiadas opciones. Hacía meses que sabían que el Ejecutivo quería prorrogar las ayudas y ampliar el perímetro de posibles beneficiados elevando el nivel de renta, y aunque no lo consideraban necesario, sabían también que negarse a ello no era una alternativa.
«No había otra opción», decían ayer algunas de las partes presentes en el encuentro. Pedro Sánchez se había comprometido a estos cambios en el acuerdo de investidura sellado con Yolanda Díaz y la propia Calviño ha tomado como empeño personal en la pasada legislatura sacar adelante algunas de las propuestas que se acaban de rubricar. La banca, con la sombra de la reputación siempre presente, es consciente de que en estos momentos no pueden bajarse de la foto, así que la reunión de ayer fue más un trámite necesario que otra cosa.
«No lo consideramos estrictamente necesario [en referencia a la ampliación] porque los datos macro apuntan en otra dirección», aseguró la directora general de la patronal AEB, María Abascal. «Es importante contar con certidumbre y seguridad jurídica. No sería comprensible estar revisando el código cada poco tiempo. Hay que darle tiempo para que funcione», añadió.
En el sector bancario consideran que la resistencia del mercado laboral, las previsiones económicas positivas para 2024 y la mejora de los salarios son factores que alejan el riesgo de un shock financiero derivado del ámbito hipotecario. Apuntan también que el número de solicitudes está siendo notablemente inferior en comparación con lo esperado. Según comunicó ayer Calviño, hasta ahora se han tramitado 55.000 solicitudes de adhesión al Código de Buenas Prácticas que entró en vigor a comienzos de año, una cifra muy alejada del millón de peticiones que se esperaban. Eso sí, ni la vicepresidenta ni los representantes de las entidades –las patronales AEB, CECA y UNACC– dieron ayer cifras de cuántas solicitudes han sido rechazadas en ese mismo periodo.
A su favor, los bancos también argumentan que, al margen del Código, las entidades ya están ofreciendo soluciones individualizadas y a medida para los casos de clientes en los que detectan las primeras señales de impagos o fatiga financieras para hacer frente a sus compromisos de crédito.
El nuevo acuerdo contempla elevar el umbral de renta para acceder a las medidas de alivio del Código de Buenas Prácticas para hipotecados en riesgo de vulnerabilidad hasta la renta media de los hogares (algo menos de 38.000 euros). Dichas medidas de alivio consisten en la congelación del tipo de interés durante 12 meses, es decir, la congelación de la cuota durante ese periodo; la extensión del plazo de amortización de hasta 7 años y, en el caso de hogares con rentas inferiores a 25.200 euros aproximadamente, se añade la posibilidad de dos años de carencia.
Además, se prorroga durante 2024 la suspensión de todas las comisiones por amortización anticipada de créditos hipotecarios de tipo variable y conversión a tipo fijo, ampliándose la gratuidad sobre las de las conversiones a tipo mixto, que era una de las reivindicaciones de asociaciones de usuarios como Asufin.
Sobre la mesa ayer, sin embargo, no estuvo el impuesto a la banca y la posibilidad de modificarlo como dijo hace unos días la propia Calviño.
La vicepresidenta primera avanzó el pasado viernes que además del impuesto extraordinario a las compañías eléctricas, el Gobierno también debería revisar el impuesto a la banca teniendo en cuenta que ya no se está en el mismo escenario de tipos de interés. Según detalló Calviño, era momento de ver si había que hacer «algún ajuste o no» y de revisar los parámetros en el escenario actual.
Sus palabras sirvieron un nuevo enfrentamiento verbal con la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, quien no dudó en recordar que la prórroga del tributo es uno de los puntos del pacto de legislatura entre Sumar y Pedro Sánchez. Así que Calviño, a días de salir del gabinete de Moncloa, le deja este nudo a su sucesor o sucesora. «No hay ninguna novedad. Mis palabras son las mismas desde el primer día [...] Las palabras que he usado en mis intervenciones públicas son las que se prevén en los textos legales y en los acuerdos de Gobierno», respondió la vicepresidenta ante las reiteradas preguntas de los periodistas.
Sobre la remuneración de los depósitos por parte de la entidades financieras, Calviño también moduló sus críticas respecto a la anterior reunión que mantuvo con el sector financiero. «Hemos constatado que se ha avanzado, pero hemos instado a la banca a cerrar el gap» que existe en la remuneración del ahorro que se da en España y Portugal en comparación con otros países europeos.
En cuanto a medidas que faciliten el acceso a servicios financieros a personas mayores, Calviño anunció la intención del Ejecutivo de adoptar un cambio legal para prohibir las comisiones por retirada de efectivo a las personas mayores de 65 años. «Quiero enfatizar que buena parte de las entidades ya han tomado voluntariamente esta medida, pero hay otras que no y creemos que es necesario que se garantice la obligatoriedad», avanzó.
En lo que va de año, las entidades han aprobado 55.000 peticiones
Extiende la gratuidad a los cambios de tipo variable a mixta