Bruselas todavía debe dar su visto bueno a la prórroga de España
Se trata de la primera vez que los países de la UE deben presentar sus planes fiscales estructurales a la Comisión Europea, pero esto no significa manga ancha. Bruselas deberá evaluar, país por país, los motivos por los que los Gobiernos argumentan estos retrasos y darle su visto bueno, también en el caso de España.
El Ejecutivo comunitario se encuentra actualmente evaluando la información recibida de todos los Estados miembros que solicitaron un aplazamiento y confirmará en un plazo corto de tiempo si está de acuerdo o no con la prórroga que solicita el Gobierno de Sánchez. No obstante, todo apunta a que la petición saldrá adelante. Fuentes de la Comisión Europea aseguraban que habría cierta flexibilidad en los primeros pasos del proceso.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, argumentaba ayer que el aplazamiento en la presentación del plan fiscal estructural hasta el 15 de octubre se enmarca en “lo previsto en la normativa”. Sin embargo, fuentes comunitarias recuerdan a El Economista que las “normas prevén la presentación de los planes antes del 20 de septiembre”. Si bien estas mismas fuentes conceden que “las normas también prevén que podamos discutir y acordar con los Estados miembros una prórroga por un periodo de tiempo razonable”, este proceso requiere “estudiar todos los factores que justifiquen esta petición” caso por caso.
Los países de la UE que comparten el euro como moneda deben presentar sus proyectos de planes presupuestarios a Bruselas. El Ejecutivo comunitario evalúa los planes para garantizar que la política económica de los países que comparten el euro esté coordinada y que todos respeten las normas de gobernanza económica de la UE. Los proyectos de planes presupuestarios se evalúan como conformes, globalmente conformes o con riesgo de incumplimiento. Como añadido, el nuevo marco de gobernanza económica requiere que todos los Estados miembro de la UE deban elaborar sus planes fiscales a medio plazo, en los que se fijarán sus objetivos fiscales, así como las iniciativas de inversión y reforma.