ASÍ PROTAGONIZÓ VILLAREJO SU GRAN ‘PELÍCULA DE ESPÍAS’
El excomisario, a punto de ir a juicio por BBVA, realizó múltiples labores ilegales
“Todos estos elementos unidos, más propios quizás de una película de espías -pero acaecidos en la realidadhan supuesto una violación de mi representado y sus familias, aparte de otras numerosas personas físicas”. Es el resumen que hace del caso Villarejo, el abogado de Luis del Rivero, expresidente de Sacyr, una de las primeras personas espiadas por la trama, por la que el expresidente del BBVA, Francisco González, y el excomisario, entre otros, podrían enfrentarse a penas de hasta 30 años de cárcel, según los escritos de acusación ya presentados.
El pasado mes de junio el magistrado Manuel García Castellón propuso llevar a juicio al BBVA y a su expresidente por la contratación de Villarejo para la realización de distintos encargos ilegales entre 2004 y 2016 ante los presuntos delitos de cohecho en grado de continuidad, además de revelación de secretos. Dos décadas después y concluida ya la instrucción, este domingo expiraba el periodo para que las acusaciones particulares presentaran sus respectivos escritos y los acusados pudieran recurrir ante la Sala de lo Penal, de quien depende ahora la decisión de abrir o no juicio oral.
Según los documentos que se empiezan a conocer, el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, pide 30 años y 6 meses de prisión para González; otros 30 años y 7 meses para Ángel Cano, exCEO del banco y 24 años y seis meses para Villarejo. El presidente de Sacyr, Luis Del Rivero, reclama la misma pena –de 11 años de prisión– para González, Cano y Villarejo y el exvicepresidente de la CNMV, Carlos Arenillas, solicita 10 años de cárcel tanto para González como para Cano. Todos ellos denuncian la violación de sus derechos y las ilegalidades cometidas por el banco y su expresidente. Pero ¿qué pasó en realidad para que el caso haya marcado un hito en el imaginario colectivo? La contratación de Villarejo por parte de González se investigó en la denominada pieza número 9 de la Operación Tandem, por el que ya acabó en prisión por los delitos de blanqueo y organización criminal. La operación se inició tras una denuncia anónima presentada por un exagente del CNI, que actuó por su cuenta tras recabar información de un cliente del comisario. Al tirar del hilo descubrió que Francisco Menéndez, representante de la petrolera estatal de Guinea Ecuatorial, había encargado a Villarejo un informe para un alto cargo del Gobierno de este país. A partir de ahí se descubrió toda la trama de espionaje y su contratación por grandes empresas y políticos, hasta que todo acabó presuntamente con el incendio de la Torre Windsor de 2019, en el que se destruyeron gran parte de los documentos. El caso de BBVA comenzó en 2004. Francisco González y el jefe de seguridad de la entidad azul, Julio Corrochano, también imputado, contrataron al excomisario para que ejercer servicios de espionaje en a clientes y rivales del BBVA.
La razón surgió cuando el presidente de Sacyr, Luis Del Rivero, insistió públicamente en su voluntad de adquirir una participación significativa de la entidad bancaria; una voluntad vista por González como una pretensión que podría tambalear los cimientos de su presidencia. Para abortar la operación no solo se espió a Del Rivero, sino también a Arenillas, con el objeto de presionar a la CNMV y al exjefe de la Oficina Económica de Moncloa, Miguel Sebastián, también personado en la causa. Desde entonces hubo contratos y acuerdos verbales de espionaje durante un total de quince años. El último de ellos estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2018, tan solo diez días después de que González abandonara el cargo y fuera sustituido por Carlos Torres, el actual presidente de la entidad, el 1 de enero de 2019.
El inicio del espionaje para frenar el asalto de la constructora tiene un antecedente. En septiembre de 2002 BBVA contrató al comisario de Policía Julio Corrochano. Dicha contratación, según apuntó ya la fiscalía y confirmó después el juez, contó con la aprobación expresa de González y permitió un enlace entre la entidad y los anteriores compañeros del policía, entre los que se encontraban los comisarios en activo José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño. Para el juez, resulta claro que González “no sólo conocía y autorizó las ilegales actividades para las que había sido contratada Cenyt (la empresa de Villarejo), sino que fue por su expresa orden por la que se procedió a su contratación”.
Al entonces primer ejecutivo del banco no le tembló el pulso cuando ordenó espiar a Del Rivero, pero tampoco cuando lo hizo sobre Luis Pineda, presidente de Ausbanc. En su caso, el daño fue mayor y tuvo su origen en una victoria en los tribunales de esta organización contra el BBVA por las denominadas clausulas suelo. A partir de entonces, González encomendó a Villarejo que provocara su detención, su encarcelamiento y el cierre de su compañía. Pineda estuvo en prisión provisional desde 2016 hasta 2019, cuando fue depositada la fianza que la Audiencia Nacional le había impuesto, cuyo importe ascendió hasta el medio millón de euros y que, posteriormente, rebajó a 200.000 euros. El calvario para el presidente de Ausbanc no quedó ahí. Antes de su salida de la cárcel, fue espiado por el excomisario ante la sospecha de que pudiera estar organizando junto a un grupo de búlgaros acusados de narcotráfico –que resultaron ser inocentes– el asesinato de González. El espionaje llegó entonces hasta el centro penitenciario de Estremera. Villarejo elaboró un dossier con datos policiales y personales sobre el búlgaro Milen Ivanov Petrov y sobre su mujer, que posteriormente usó González para que el BBVA le pagara un servicio de 16 escoltas, del que aún conserva una parte.
Villarejo prestaba al banco “asesoramiento continuado”, pero el propio BBVA podía solicitar trabajos de investigación “específicos” para decidir o no si prestar créditos a los clientes investigados. Así, Del Rivero y Pineda no fueron los únicos objetivos de González. En 2009, el expresidente ordenó, por ejemplo, espiar a dos empresarios inmobiliarios: Fernando Martín (Martinsa) y Luis Portillo (Colonial), que acumulaban deudas millonarias con la entidad azul dada la crisis del sector.
El ‘caso BBVA’ es una pieza separada de Tandem, iniciado tras la denuncia de un exagente del CNI