El Economista - Franquicias y Emprendedores
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Durante todos los años que los administradores estuvieron cotizando a un régimen equivocado se pagaron religiosamente todas las cotizaciones. No se trata, por tanto, de un cotizante moroso, sino de uno que se ha equivocado.
¿Y qué hace la Tesorería en estos casos? Considera que se genera un crédito a su favor por el importe de las cotizaciones al régimen de asimilados impagadas y otro a favor de las sociedades por el importe de las cotizaciones al régimen general indebidamente pagadas. En el caso concreto del que parto, el crédito a favor de las sociedades es incluso mayor que el crédito a favor de la Tesorería.
Ingenuamente, uno podría pensar que la solución a este problema es muy fácil: se compensa el crédito de la empresa con el de la Tesorería y la Tesorería paga a la empresa la diferencia que hay a su favor. Error: la Tesorería te va a tratar como si fueras un moroso recalcitrante, te levanta un acta, te aplica el recargo correspondiente y te obliga a pagar un 120% o un 135% de las cotizaciones que no pagaste. Exactamente igual que si no hubieras pagado nada y hubieras defraudado deliberadamente a la Seguridad Social. Y el crédito generado a favor de la sociedad debe ser exigido por vía administrativa, presentando la correspondiente solicitud de ingresos indebidos. En ambos casos se aplicarán intereses.
Un simple error del empresario, que puede estar justificado, se convierte en un ilícito administrativo
¿Os acordáis de la presunción de inocencia? Pues en la relación con la administración, en muchos casos, no se respeta. “In dubio pro administratione (perdón por la patada al latín)” y no “pro reo”. Y un simple error –que puede estar incluso justificado por la complejidad de la normativa aplicable–se convierte en un ilícito administrativo, por tanto, sancionable.