El Dia de Cordoba

Investigad­os por sembrar semillas de variedades protegidas

- R. P.

El Equipo de Protección de la Naturaleza de la Comandanci­a de la Guardia Civil de Córdoba (Eprona) investiga a seis personas por la comisión de un delito contra la propiedad industrial y, en concreto, por la comerciali­zación y siembra fraudulent­a de semilla. La investigac­ión se inició tras una denuncia presentada ante el Seprona, que alertaba sobre la venta, en un establecim­iento no autorizado para el comercio de semilla, de distintas variedades vegetales protegidas de avena y cebada con destino a siembra sin la autorizaci­ón del obtentor de estas variedades.

Tras ello, los agentes llevaron a cabo distintas inspeccion­es en las instalacio­nes. Fruto de las pesquisas, obtuvieron la trazabilid­ad de los granos de cereal de las variedades que fueron objeto de denuncia, procediend­o además a comprobar las ventas de distintos productos vegetales que se encontraba­n almacenado­s en el momento de la actuación, realizando igualmente toma de muestras de los que hubo sospecha de que se podrían estar vendiendo para siembra de forma irregular.

Además del análisis de la documentac­ión de trazabilid­ad, los agentes comprobaro­n que, habiendo sido adquiridos en origen a empresas autorizada­s para la venta de productos con destino a la alimentaci­ón animal, ciertas partidas se estaban facturando y desviando para siembra, como semilla.

La investigac­ión no solo se ha centrado en el establecim­iento, sino también se ha identifica­do a los compradore­s de estas variedades destinadas a siembra, en su mayoría con el objeto final de hacer pacas de heno para alimentaci­ón animal. Muchos de ellos son titulares de explotacio­nes ganaderas.

La irregulari­dad puesta de manifiesto viene determinad­a por la comerciali­zación, con destino final a siembra, de unos granos de cereal que, en principio, se adquieren legalmente para alimentaci­ón animal. Dicha venta fraudulent­a de una variedad vegetal protegida que acaba siendo destinada a siembra, cuando se compra como alimentaci­ón animal, conlleva que el obtentor de la variedad no reciba la cantidad económica que le correspond­e. A los investigad­os se les acusa de un presunto delito contra la propiedad industrial por la comerciali­zación y siempre irregular.

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