Pena de tres años y medio de cárcel para la exalcaldesa por prevaricación y fraude
L La Audiencia Provincial cuestiona el destino dado por Luisa Ruiz a cerca de 240.000 euros procedentes de varias subvenciones que habría justificado en obras que no se ejecutaron
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a penas que suman tres años y seis meses de prisión a la exalcaldesa de Peñarroyapueblonuevo, Luisa Ruiz, al considerarla culpable de los delitos de prevaricación administrativa, falsedad documental y fraude de subvenciones. El tribunal también sentencia a la exregidora, fuera de la política desde las últimas elecciones municipales, a cinco años y medio de inhabilitación para el ejercicio de cargo público.
El caso se remonta a diciembre de 2007, cuando se firmó un convenio entre el Instituto de Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC) y el Ayuntamiento con la finalidad de redactar los proyecto de urbanización y modificación de los polígonos del Antolín III y Vega
El fallo suma cinco años y medio de inhabilitación para presentarse a las elecciones
Currillo. El proyecto total de la subvención concedida era de 755.583,35 euros, con fecha límite de ejecución el 31 de diciembre de 2009.
Según la sentencia, a la que ha tenido acceso El Día, el Ayuntamiento había encargado a la empresa pública Promociones Industriales Valle del Alto Guadiato (Pivag) la gestión de la redacción de la innovación-modificación para construir el nuevo polígono industrial en la zona de Vega Currillo mediante encomienda de gestión de fecha 26 de septiembre de 2007, y por otro lado la gestión de la transformación del suelo del Antolín III y la redacción del proyecto de urbanización del mismo mediante encomiendas de gestión de fecha 18 de octubre de 2005 y de fecha 6 de febrero de 2008.
Respecto a la urbanización del Antolín III, la acusada llevó a cabo “directamente y por su propia voluntad la contratación” de los trabajos “sin ajustarse a procedimiento alguno de contratación pública, exigencia que venía expresamente recogida en el convenio”. Pero, además, según la resolución, la adjudicataria “llevó a cabo unos proyectos que no estaban encuadrados en los polígonos industriales Antolín III ni Vega Currillo”, por lo que estas iniciativas no se encontraban realmente comprendidas en el objeto de la subvención.
En relación a estos trabajos, la adjudicataria presentó a Pivag dos minutas de honorarios por un total de 22.119 euros. No obstante lo anterior, Promociones Industriales facturó al Ayuntamiento por los mismos conceptos la cantidad total de 175.354, incluyendo en la misma 11.197,57 euros por unos “indeterminados e injustificados gastos generales introducidos arbitrariamente por la alcaldesa”, relatan los magistrados.
La resolución incide en que la diferencia entre la cifra facturada por la adjudicataria y lo inventariado por Promociones Industriales “no se correspondían a trabajos reales y no debieron ser facturados, todo ello con pleno conocimiento de la acusada”, presidenta de Privag y alcaldesa. Finalmente, y aunque estos trabajos se salían del convenio, Luisa Ruiz falseó la memoria para recibir la ayuda íntegra inicialmente comprometida.
En cuanto al polígono Vega Currillo, los trabajos se adjudicaron mediante concurso el 3 de agosto de 2009, si bien la Audiencia considera probado que la regidora amplió el encargo “directamente y por su propia voluntad”, “sin ajustarse para esta adjudicación adicional a procedimiento de contratación pública alguno”. Por dichas labores, el estudio emitió facturas por un total de 159.476 euros, pese a lo cual Luisa Ruiz –según los magistrados– habría solicitado que se emitiera una memoria de actuaciones para justificar que se habían alcanzado los 355.000 euros.
Como conclusión, los jueces cifran en 175.948,92 euros la cuantía defraudada por la regidora de una subvención total de 755.583,35 euros; se trata de la cantidad que la exalcaldesa deberá devolver ahora al Instituto de Reestructuración de la Minería
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras.
63.000 EUROS DE OTRAS OBRAS SIN JUSTIFICAR
Los hechos sentenciados no quedan ahí. El 28 de diciembre de 2007, se firmó un convenio de colaboración entre el IRMC, la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Peñarroyapueblonuevo para la ejecución del proyecto de dotación de servicios urbanísticos en el nuevo polígono industrial de Vega Currillo. El objeto era el abastecimiento de agua, la ejecución de una estación depuradora, suministro de telefonía y telecomunicaciones y de energía eléctrica por un importe total de 1.899.500 euros; la fecha límite para la ejecución era el 28 de diciembre de 2010, si bien la justificación de las actuaciones podía llevarse a cabo hasta cuatro meses después.
El Ayuntamiento, de nuevo, encomendó la gestión del proyecto a la empresa pública Promociones Industriales, que adjudicó las obras mediante procedimiento abierto el 30 de abril de 2009. El importe del contrato fue de 1.835.651,28 euros, que la compañía facturó con 13 certificaciones, con los objetivos planteados al 100%.
Según la resolución, dado que los costes de las obras no alcanzaban el total de la subvención, la alcaldesa, “movida por la finalidad de lograr el cobro de la totalidad, aprovechándose del control que ostentaba sobre Promociones Industriales, confeccionó una factura con fecha de 7 de diciembre de 2010 por la cantidad de 63.848,73 euros en concepto de estudios topográficos y geotécnicos y de gestión”. Según la sentencia, esta suma “no se correspondía a trabajos reales”, sino que tenía como “única finalidad” el cobro total de la ayuda. Así, se incluyeron en la factura 2.081,12 euros por unos “indeterminados e injustificados gastos generales” introducidos arbitrariamente por Ruiz. La Audiencia concluye que “no consta el destino” dado a la cuantía de 63.916,76 euros.
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Adamuz a tres personas, dos de ellos hermanos y la esposa de uno de ellos, que explotaban a ciudadanos extranjeros en fincas dedicadas al sector agrícola. La investigación policial se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de que dos personas se encargaban de formar cuadrillas para trabajar en el campo, conocidos como manijeros, para la recogida de la aceituna en fincas de la provincia de Córdoba y por la que se estaría cometiendo un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.
Tras comprobar los hechos, los agentes se personaron en dos fincas de la localidad de Adamuz y en otra de la localidad de Hornachuelos, con el fin de realizar inspecciones en materia de extranjería, pudiendo confirmar que en las mismas se encontraban ciudadanos extranjeros en situación irregular trabajando junto a los dos sujetos investigados.
Fruto de las investigaciones realizadas, se localizaron dos domicilios en Adamuz; en uno de ellos, los hermanos alojaban a los temporeros para posteriormente trasladarlos a distintas fincas para la recogida de la aceituna. Los trabajadores vivían en pésimas condiciones higiénico-sanitarias.
La organización tenía las funciones definidas. La esposa de uno de ellos se encargaba de negociar con los propietarios de las fincas y de la recogida del dinero en efectivo mientras que los hermanos gestionaban todo lo referente a los temporeros, alojamiento y traslados. Además, a los trabajadores que se encontraban en situación irregular los hacían pasar por regulares.