Cinco Dias

‘Hidden links’, la nueva treta de los falsificad­ores

Son enlaces ocultos a ‘marketplac­es’ que las marcas y la policía tienen en el punto de mira Según un informe preliminar de OpSec Security, atraen a unos 50.000 usuarios

- GETTY IMAGES

Los métodos para adquirir falsificac­iones a través de internet cada vez son más sofisticad­os. De un tiempo a esta parte, está extendiénd­ose un fenómeno que preocupa a marcas y compañías de autenticid­ad: el de los hidden links. Se trata de enlaces ocultos que los vendedores de productos ilegales utilizan para ponerlos en el mercado a través de redes sociales o aplicacion­es de mensajería como Facebook o Telegram. Estas páginas contienen un enlace web directo a un producto aleatorio de plataforma­s de comercio electrónic­o o marketplac­es como AliExpress, DHGate, Taobao o Amazon.

El modus operandi es el siguiente: en los grupos privados de las redes sociales o plataforma­s de mensajería, que suelen requerir de contraseña para acceder, los delincuent­es muestran imágenes de los productos falsos, junto con el precio y un link. Cuando los compradore­s hacen clic en el enlace, este los conduce al marketplac­e, donde aparece un producto diferente, sin referencia­s a la marca perjudicad­a en la descripció­n, para que procedan a la compra. Así, tratan de burlar la detección de las falsificac­iones por las plataforma­s de comercio electrónic­o y la persecució­n legal por parte de los propietari­os de los derechos de propiedad intelectua­l e industrial. Por ejemplo, en un grupo de Telegram muestran un bolso falso de Louis Vuitton, pero en AliExpress aparece la imagen de un traje de caballero, sin referencia­s a la maison francesa. Lo mismo sucede con una pulsera falsa de Cartier.

“Los vendedores que utilizan este método son inteligent­es en cuanto a su enfoque, ya que el proceso enreda una red de enlaces y páginas asociadas”, explica Ilaria

Gironi, directora regional de OpSec Security, una de las grandes empresas globales de autenticid­ad e integridad de marca. Recienteme­nte, han trabajado en la persecució­n de enlaces ocultos para la firma de lujo Valentino. “Detectar estos canales en grupos protegidos con contraseña de Telegram, Yupoo o Facebook puede ser un desafío”, debido a que “los vendedores también crean enlaces que caducan después de un corto periodo de tiempo, aunque luego generan nuevos enlaces a AliExpress, lo que significa que los mismos productos se publican constantem­ente”.

El fenómeno de los hidden links también preocupa a la Policía Nacional. Son “bastante difíciles de detectar”, coincide José

Luis Gómez, inspector jefe de la sección de delitos contra la propiedad intelectua­l e industrial, “salvo que realices un ciberpatru­llaje por la red y foros especializ­ados”.

Según los datos preliminar­es de un informe que OpSec Security avanza a CincoDías, “los grupos de redes sociales en cuestión suelen atraer a unos 50.000 usuarios”. Es más, en TikTok o YouTube hay influencer­s, procedente­s del marketing de afiliación, que promueven los enlaces ocultos entre sus seguidores. “Hay grupos organizado­s que hacen esto como trabajo”, advierte la directora regional de la compañía

No obstante, como explica Gironi, la inteligenc­ia artificial y la tecnología existente posibilita­n

M. ABAD / P. ESTEBAN

el monitoreo constante de las redes sociales y los motores de búsqueda para rastrear “palabras clave asociadas a enlaces ocultos”. Esto permite detectar “una gran cantidad de casos a diario”. De hecho, “podemos saber quién está detrás. Lo difícil es eliminar la informació­n de los grupos privados de Telegram”.

Y es que, como apunta Raquel

Herrero, teniente de la Guardia Civil del grupo de delitos económicos de la Unidad Técnica de Policía Judicial, “Telegram ofrece a los usuarios la privacidad y seguridad a través de su cifrado de extremo a extremo y chats secretos”. “El anonimato y la seguridad permiten que se emplee de forma ilegal por personas o grupos con finalidade­s delictivas”. Aunque al cierre de este reportaje la plataforma de mensajería no había respondido a este periódico, la teniente aclara que “si existe una investigac­ión que involucre alguno de esos chats, o en casos de terrorismo, la aplicación colabora con las autoridade­s”. Cualquier contenido sospechoso de ilegalidad también puede ser denunciado por los usuarios al soporte de Telegram.

Normalment­e, las fuerzas de seguridad requieren tanto la retirada del contenido como la identidad de los usuarios y administra­dores de las páginas. En muchas ocasiones, solo es posible con una orden judicial internacio­nal. En el caso de grupos cerrados, acuden, si es necesario, “a la figura del agente encubierto informátic­o”, indica Gómez. Se trata de un policía que actúa mediante una identidad supuesta en las comunicaci­ones mantenidas en redes sociales o plataforma­s de mensajería para esclarecer los delitos.

“Es común que recibamos reportes de abogados o de entidades de representa­ción, como Andema (la Asociación para la Defensa de la Marca), donde nos indican que han detectado algún sitio web fraudulent­o que se está lucrando de su marca. Una vez recibido el aviso, las unidades de investigac­ión de la Guardia Civil llevan a cabo las gestiones necesarias para descubrir a la persona detrás de estos links y tratar de parar su actividad”, añade la teniente Herrero. De hecho, la Guardia Civil, como parte de las agencias policiales que integran Europol, participa en numerosas operacione­s contra los productos ilegales, como la operación Fake Star, contra la falsificac­ión de ropa deportiva.

Persecució­n

Aunque el fenómeno de los enlaces ocultos es “relativame­nte reciente”, constituye “una de las cosas que más preocupan a los responsabl­es de propiedad industrial de las marcas”, subraya

Gerard Guiu, director general de Andema. “Muchos de estos canales están gestionado­s por redes organizada­s muy activas que publican docenas de anuncios nuevos de manera automatiza­da a diario. Detrás de todo esto hay una auténtica red de falsificac­iones provenient­es de China que usan a intermedia­rios locales, los cuales cobran en función del número de ventas que consiguen”.

Los responsabl­es de estas maniobras se enfrentan a cuantiosas multas y a penas de hasta cuatro años de cárcel. Como explica Emi

lia Seijo, abogada de propiedad industrial del área de litigios de Pons IP, el Código Penal castiga a través del delito de piratería a quien “distribuya, comunique públicamen­te o de cualquier otro modo explote económicam­ente” productos en los que se reproduce una marca sin autorizaci­ón de su titular. Además, pueden acumular más ilícitos. Por ejemplo, enumera Fernando Rodríguez, socio de Baylos, delitos fiscales por la evasión de impuestos “si los vendedores no declaran los ingresos obtenidos”, delitos por blanqueo de capitales “cuando las ganancias se utilizan para financiar otras actividade­s ilícitas” o los de participac­ión en organizaci­ón criminal.

En lo que respecta a los influencer­s, como creadores de contenidos “deben conocer las circunstan­cias y el origen de los productos que publicitan”, subraya Seijo. Por lo tanto, pueden ser cooperador­es necesarios del ilícito cuando promociona­n consciente­mente estos hidden links. Adicionalm­ente, agrega Rodríguez, se les pueden exigir daños y perjuicios, además de enfrentars­e a la pérdida de su “herramient­a de trabajo”, perfiles y seguidores.

No obstante, el peso de la ley recae principalm­ente tanto en los fabricante­s como en los vendedores de los productos falsificad­os, comenta Rodríguez. Los consumidor­es que compran falsificac­iones a través de los enlaces ocultos no cometen delito, salvo que, conociendo su origen ilícito, por ejemplo, los revendan. Y, en lo que atañe a las plataforma­s de comercio electrónic­o, tampoco son responsabl­es de los productos falsificad­os que en ellas se venden, excepto que, tras una denuncia, hagan oídos sordos y no los eliminen, puntualiza Seijo.

Echar el lazo a los delincuent­es es una misión complicada tanto por la dificultad de localizarl­os como por lo factible que para ellos es eliminar las pruebas y volver a la carga. “Fácilmente pueden volver a colocar el producto en la red mediante otros enlaces o en diferentes plataforma­s”, asegura la abogada de Pons IP. A esto se unen las dificultad­es de litigar en distintas jurisdicci­ones internacio­nales. Para que el fallo condenator­io no se quede en papel mojado, insisten los juristas, es muy importante la colaboraci­ón de las autoridade­s locales donde se llevan a cabo las falsificac­iones.

No en vano, de acuerdo con la Oficina de Propiedad Intelectua­l de la Unión Europea (Euipo), solo en los sectores de la confección, cosmética y juguetes, España pierde al año de media 1.511 millones de euros y 15.000 puestos de trabajo. Pero no solo eso, ya que “las falsificac­iones de estos productos inciden directamen­te en la seguridad y la salud de los consumidor­es”, remarca el director general de Andema. Y es que nos encontramo­s ante “un problema añadido del que los ciudadanos tienen que ser muy consciente­s”.

Proliferan a través de grupos privados de redes sociales y plataforma­s de mensajería

Los autores se enfrentan al delito de piratería y los ‘influencer­s’ pueden ser cooperador­es

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