Los retos industriales y energéticos de la nueva Comisión Europea 2024-2029
Por Matthew McLaughlan Merelo / Ana Olmedo / Ángel Saz-Carranza. La competitividad y el riesgo de fragmentación son los principales desafíos
La UE afrontó la tormenta perfecta durante la última legislatura: la pandemia; la invasión ilegal de Ucrania (junto a la disrupción de suministro de gas natural ruso); graves sequías en diferentes Estados miembros, y la reducción de la producción de las centrales nucleares francesas durante 2022. La Comisión Von der Leyen consiguió afrontar este desafío creando una Europa más cohesionada, a la par que avanzó sus objetivos climáticos a través de las medidas incluidas en el Fit for 55, los fondos Next Generation o la iniciativa RePowerEU. En 2023, la reducción de emisiones se situó en un 33% respecto a 1990, con avances significativos como el que supone que la energía eólica superase al gas natural como fuente energética por primera vez. Sin embargo, aún queda un gran esfuerzo para llegar al objetivo de reducción del 55% en 2030. Ante este horizonte, la próxima Comisión debe subsanar los problemas de fondo que arrastra el sector energético e industrial en Europa.
La próxima Comisión, cuyo mandato comprenderá de 2024 a 2029, heredará tres grandes retos. En primer lugar, la competitividad. En el último cuarto de 2023, la productividad en la UE descendió un 1,2%, mientras que en EE UU aumentó un 2,6% respecto al año anterior. Estos datos se suman al estancamiento de la productividad europea, la cual tan solo ha aumentado un 13% desde 2004 en comparación con la estadounidense, que experimentó un crecimiento de en torno a un 37% en el mismo periodo.
Según Eurostat, la producción industrial disminuyó un 5,7% en enero de 2024 respecto a un año antes. En España, la situación es más acusada: la actividad manufacturera se redujo en un 1,6%, en gran parte por la incertidumbre geopolítica, publicó el INE en marzo.
A ello cabe sumarle los efectos del cambio climático. La Agencia Europea de Medio Ambiente advirtió de que Europa se encuentra cada vez en un riesgo mayor de shocks financieros sistemáticos a causa de la crisis climática. Nuestro continente se calienta al doble de velocidad que el resto del mundo: un aumento global de 1,5 ºC por encima de la media preindustrial correspondería con un calentamiento de 3 ºC en Europa. Según la agencia, este calentamiento afectaría en gran medida a la economía del bloque, puesto que supondría una reducción en la recaudación de impuestos, a la par que un incremento del gasto estatal y del coste de los préstamos a causa de una peor valoración de la deuda. Esto solo contribuiría a aumentar la distancia productiva con EE UU y China, donde no se espera que los efectos del cambio climático sean tan severos.
En segundo lugar se encuentra el riesgo de fragmentación del Mercado Único. La Comisión saliente ha tratado de atajar estos problemas mediante regulaciones verticales, que imponen objetivos de producción industrial sin proporcionar nuevos fondos para alcanzarlos, desdibujando su rol como coordinadora de las capacidades industriales y energéticas del bloque.
En tercer lugar, estas políticas han provocado una fuerte fragmentación entre Estados miembros, que diseñan políticas industriales y energéticas dirigidas a su industria doméstica y a sus propios consumidores. El mayor ejemplo es la concentración de ayudas estatales a la industria: por su mayor capacidad económica, Alemania y Francia representan un 77% de ellas, y generan así una gran diferencia con el resto del Mercado Único.
Para hacer frente a estos retos, sería muy positivo que la nueva Comisión ahondara en los esfuerzos para integrar el mercado eléctrico europeo. La integración permitiría a la UE ganar en autonomía estratégica y resiliencia, ya que dejaría de depender de la importación de combustibles fósiles por parte de terceros Estados. Además, permitiría usar los recursos renovables del continente en su máximo potencial. En un supuesto en el que una fábrica en Holanda necesitase energía, podría obtener energía solar limpia a un menor precio desde España que si activase una central de ciclo combinado en su propio país. A su vez, esto ayudaría a mitigar dos de los problemas de fondo de la competitividad europea: los altos precios de la energía y la incapacidad de competir en subsidios con China y EE UU. Asimismo, la integración reduciría la necesidad de capacidad de almacenamiento en la UE en un 31%, y liberaría grandes cantidades de capital para otras inversiones más apremiantes como la actualización de las redes de alta tensión.
No obstante, no se espera que las energías renovables produzcan un gran impacto en términos de precio a escala industrial hasta 2030. Es por ello que la nueva Comisión debe tomar medidas para atajar estos problemas en el corto plazo. El nuevo Ejecutivo comunitario debe asumir el liderazgo y coordinar las políticas industriales de los Veintisiete. La creación de un solo terreno de juego industrial supondría un ambiente mucho más favorable para la inversión, la innovación y el desarrollo sostenible. Adicionalmente, la transición energética implica un reordenamiento de las capacidades industriales, puesto que irán ligadas a las capacidades renovables. Estados del sur de Europa, como España, pueden ser grandes beneficiados de este reordenamiento, pero, precisamente, la Comisión debe salvaguardar la equidad dentro de la Unión.
Por otra parte, se debe seguir utilizando el Pacto Verde como instrumento. Una de las herramientas menos utilizadas por la Comisión
saliente ha sido la contratación pública verde, lo que significa que la UE debería tener en cuenta criterios no solo de coste, sino también de impacto medioambiental y resiliencia en su utilización de fondos públicos. De igual manera, en la asignación de proyectos europeos, seguir dando prioridad a aquellos que incluyan colaboración entre distintos países también sería un gran avance.
La subida de la ultraderecha en las elecciones europeas pone en peligro los avances conseguidos y el ritmo de las reformas que Europa necesita acometer durante la siguiente legislatura. Las protestas agrícolas son solo el comienzo de la politización de la transición ecológica. Si finalmente se produce la consolidación de la ultraderecha, la politización se intensificará y repercutirá en otros sectores. Es necesario escuchar las reivindicaciones de estos grupos y ajustar las políticas para que la transición sea lo más inclusiva posible. Pero esto no puede llevarse a cabo a expensas del progreso climático. La solución a los problemas de la UE debe replicar esquemas previos que permitieron afrontar la tormenta perfecta, como la utilización del Pacto Verde Europeo.
La próxima Comisión tendrá que hacer uso de todos sus resortes para lograr hacer frente a los retos industriales y energéticos pendientes, y de este modo, alcanzar los objetivos de descarbonización. No obstante, no puede olvidar que el éxito de estos avances depende de que se traduzcan en mejoras sociales.
Sería muy positivo que Bruselas ahondara en la integración del mercado eléctrico del continente