Avances posibles en el Estado autonómico
Por Santiago Lago Peñas. España es un país cada vez más descentralizado, pero toca avanzar hacia un modelo con autonomía plena y trasparente
El Foro Económico de Galicia presentó la semana pasada un documento sobre la reforma del sistema de financiación autonómica contemplado en perspectiva histórica e internacional. En lo que sigue, se sintetizan las seis ideas fundamentales: La primera es que España ha experimentado una notable transformación institucional, económica y social en menos de medio siglo, en el que ha pasado de ser un país muy centralizado a situarse entre los más descentralizados del mundo. Si bien los avances en este sentido son evidentes, coexisten desafíos territoriales e institucionales que demandan una amplia agenda de reformas pendientes. Toca avanzar hacia una autonomía plena y transparente, mediante la promoción de un modelo federal que preserve los poderes autonómico y estatal, que evite tanto retroceder al centralismo como la imposición de una suerte de Estado confederal.
Una segunda idea es que el concierto vasco y el convenio económico navarro representan una anomalía sin parangón en el panorama internacional. A diferencia de otros países con estructuras federales, ningún otro Gobierno central ha renunciado a su control fiscal en una parte del territorio, como ocurre en España.
La eventual extensión de este modelo a otras comunidades autónomas implicaría una redistribución de los flujos fiscales que acabarían por configurar un sistema totalmente diferente del actual, con ciudadanos de distinta categoría y que posiblemente amenazaría la viabilidad futura del país. Por ello es esencial prevenir y evitar que los tratamientos asimétricos sean la semilla de futuros problemas y generen sentimientos y realidades de agravio, de forma que cualquier solución de reforma que se adopte debe ser aceptada desde el ámbito de cada comunidad, pero también desde el conjunto del sistema.
Los desafíos que afronta el sistema autonómico abarcan una serie de aspectos críticos, entre los que se encuentran: la escasez global de recursos disponibles para las comunidades autónomas, las disparidades arbitrarias en la financiación per cápita del sistema, la limitada capacidad tributaria, la falta de incentivos para su uso efectivo, la excesiva complejidad y dificultad para que la ciudadanía comprenda el sistema y asigne correctamente las responsabilidades políticas, y los problemas de estabilidad fiscal en el escalón autonómico.
Todo ello se enmarca en un débil andamiaje institucional que precisa de una reforma estructural para dar consistencia a la realidad territorial del país. Mejorar la descentralización financiera implica fortalecer las instituciones de gobernanza propias de las comunidades autónomas y fomentar una mayor adopción de la “cultura federal” que avance hacia un federalismo cooperativo que promueva la cogobernanza efectiva y solidaria.
En cuarto lugar, la equidad y la nivelación interterritorial se destacan como las áreas más complejas del sistema de financiación. En este contexto, el consenso político a la hora de decidir si la nivelación debe aplicarse de manera plena o parcial constituye un punto crucial cara a las negociaciones de reforma del sistema. En coherencia con esta elección, se debe avanzar en relación con el statu quo y el criterio de ordinalidad. Conscientes de que, más allá de las dificultades técnicas, la nivelación implica un reparto, que genera ganadores y perdedores, resulta decisivo identificar y resolver los tres problemas siguientes: el sistema de cupo y, en menor medida, el régimen especial canario deben adaptarse a las nuevas reglas de redistribución; la arbitrariedad resultante en el presente de la aplicación del sistema común ha de ser corregida; y la metodología de cálculo de los habitantes ajustados precisa adaptarse para garantizar una distribución más equitativa de los recursos. En este sentido, la propuesta del Ministerio de Hacienda sobre población ajustada va en la dirección correcta, aunque puede mejorarse, por ejemplo, corrigiendo la redundancia de algunas variables.
Quinto, el elemento de cierre del sistema pasa por la recuperación del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) estable en el tiempo, con el objetivo de promover la convergencia económica y el reequilibrio territorial, sin perder de vista la eficiencia y la rentabilidad social de las inversiones públicas.
Por último, en lo que respecta a los mecanismos extraordinarios de liquidez que se han aplicado en la última década, es necesario tomar dos medidas: reducir las posibilidades de acceso hasta su final desactivación, y facilitar la metabolización del endeudamiento acumulado, asegurando un trato justo y equitativo para aquellas comunidades autónomas que no hayan utilizado los mecanismos o lo hayan hecho en menor medida que las otras.
A partir de ahí, es perentorio definir el reparto vertical y horizontal de los objetivos de déficit al albur de la entrada en vigor de las nuevas reglas fiscales europeas, e implementar mecanismos de ajuste más ágiles para adecuar las cuentas autonómicas a la realidad, evitando las distorsiones en la programación financiera autonómica.
Hay que asegurar un trato justo para las comunidades que hayan usado menos los mecanismos extraordinarios de liquidez