Los fondos europeos para el automóvil no cuidan a las pymes
Las pymes españolas del automóvil, claves en el tejido industrial nacional, temen quedar fuera de las ayudas del próximo Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC III). Dicho programa de ayudas a la industria, que será el que menos fondos tenga de los que se hayan lanzado hasta entonces, contará con una subida importante de la inversión mínima exigida a los proyectos subvencionables, lo que probablemente deje fuera a muchas pequeñas empresas. Estas, a su vez, vienen de ver cómo, en los primeros dos Perte, la mayor parte del dinero fue para grandes multinacionales que no cuentan con centros de decisión en España. Es el caso del grupo Volkswagen o de Stellantis, auténticos gigantes del sector.
Este factor adicional de inquietud aflora cuando buena parte de las compañías aún están a la espera de la resolución del segundo Perte VEC, que ha retrasado notablemente la concesión de ayudas de la línea de cadena de valor, que es donde se presentan la mayor parte de las pymes. La otra línea, la de baterías, suele ir en su mayoría a grandes grupos. Fue el caso, por ejemplo, de la ya mencionada Volkswagen o de la china Envision. El tercer Perte, que contará con 500 millones en todas sus líneas, parece ya asignado de antemano a fabricantes como Stellantis, que apunta a quedarse con unos 150 millones para su gigafactoría maña; InoBat, que levantará una planta de baterías en Valladolid, o Chery, que acaba de oficializar su aterrizaje en Barcelona para revivir la antigua fábrica de Nissan. Este panorama parece dejar muy poco espacio para las pymes nacionales, que también necesitan de estas ayudas.
Una de principales bondades del Fondo Europeo de Recuperación, lanzado para paliar el impacto de la covid y que contaba en su diseño con 140.000 millones para modernizar la economía española, era servir de efecto arrastre para las pequeñas y medianas empresas, ya fuera en solitario o dentro de proyectos de mayor alcance. Por mucho que sea imprescindible tener sensibilidad frente a las demandas de las grandes empresas del sector, a menudo pendientes de estas inyecciones de fondos para ubicar o no sus proyectos en España –y en consecuencia, el empleo–, el cuidado del tejido industrial local debe ser una prioridad de quienes tienen la responsabilidad de asignar las ayudas. Si la crítica inicial al plan, aún vigente, es el retraso en la ejecución real y la entrega de los fondos, mala noticia sería que también hubiera fallas en la visión y los objetivos de las adjudicaciones. Merece la pena reflexionar, lejos de planteamientos cortoplacistas.